Article publicat per Vicenç Navarro a la revista digital SISTEMA, 22 de juny de 2012
Aquest article assenyala que el rescat financer no resoldrà el problema bancari d’Espanya, que es basa en la no resolució de la crisi immobiliària conseqüència de l’especulació de la banca. L’article afegeix que tal rescat afectarà negativament al deute públic i incrementarà la intervenció per part de la troica (Comissió Europea, Banc Central Europeu i Fons Monetari Internacional) en les decisions fiscals i macroeconòmiques espanyoles.
La ayuda de los 100.000 millones de euros al sistema bancario español, realizada a través del Estado español, está encaminada a ayudar a los Bancos (sin que se resuelva el problema financiero que tiene España) a costa del Estado español (tanto central, como autonómico). Hasta hoy, y a pesar del elevado déficit público, el Estado español no tenía un problema de imposible solución. En contra de la opinión neoliberal que atribuía erróneamente la crisis a un excesivo gasto público, los datos mostraban claramente que ni el déficit ni la deuda pública tuvieron nada que ver con la crisis financiera. En realidad, cuando la crisis comenzó en 2007, el Estado español tenía superávit y la deuda pública era de las más bajas de la Eurozona. La explosión de la burbuja inmobiliaria –la causa real de la crisis económica y financiera- determinó un parón del crecimiento económico y un rápido ascenso del desempleo, lo cual (resultado de la excesiva dependencia de los ingresos al Estado español del gravamen de las rentas del trabajo) originó el crecimiento tan rápido del déficit público. A mayor desempleo, menos ingresos al Estado. No fue el déficit público, pues, el que creó la recesión, sino al revés, fue la recesión la que creó el elevado déficit público. Pero, a pesar de ello, y aunque la deuda pública aumentó, ésta era todavía menor que la existente en el promedio de los países de la Eurozona. Ahora bien, esta “supuesta” ayuda de 100.000 millones de euros incrementa la deuda pública nada menos que un 10% del PIB, poniéndola ya por encima de lo tolerable. Es el Estado el que deberá esta deuda, y es el Estado el que tendrá que pagar los intereses (un 3%) a los acreedores públicos, incrementando también el déficit público del Estado español. De ahí que tal “ayuda” ha empeorado la situación y los mercados financieros lo saben y piden intereses más y más altos para comprar bonos del Estado.
¿POR QUÉ ESTA AYUDA?
Esta carga innecesaria y perjudicial al Estado (y que explica el incremento de la prima de riesgo que la deuda pública española ha tenido desde que se anunció tal ayuda) es única y exclusivamente para ayudar a los acreedores de la Banca privada. El problema en España no es la deuda pública, sino la deuda privada, y son los Bancos los que, primordialmente a través de su comportamiento irresponsable y especulativo, crearon el enorme problema de la deuda privada y ahora son los beneficiarios de estas “ayudas” pagadas por el erario público, siendo los mismos que crearon el mayor problema financiero conocido en los últimos cuarenta años.
El ciudadano normal y corriente, que no ha tenido ninguna responsabilidad en la creación de la burbuja inmobiliaria, es el que tendrá que pagar el pato y la deuda. Es una situación profundamente injusta, pues es ahora el Estado el que garantizará que la deuda de tales Bancos se pague a sus acreedores. Es difícil diseñar un sistema más injusto. Lo justo hubiera sido que fueran los Bancos los que pagaran por sus errores y absorbieran las pérdidas. O al menos que se pactara entre el acreedor y el deudor la absorción de las pérdidas. En cambio, a partir de ahora, es el acreedor –nacional o extranjero- el que sale siempre ganando, y nunca perdiendo. Y si no se le puede pagar privadamente, que sea el ciudadano medio el que le pague a través del Estado. Esto es lo que se llama rescate al sistema financiero. Y como que parte de esta deuda privada la tiene la Banca extranjera (y de una manera muy marcada la Banca alemana) tal rescate financiero es, como ha ocurrido en Grecia, Portugal e Irlanda, un rescate a la Banca alemana (y en menor medida a la francesa). Y, de nuevo, si la Banca no paga la deuda privada que tiene, la pagará el Estado español. Es la socialización de las pérdidas, haciendo al Estado responsable de la deuda bancaria.
EL PROBLEMA FINANCIERO Y DE PRODUCCIÓN DE CRÉDITO NO SE RESOLVERÁ
Es también claro que la falta de crédito tampoco se resolverá, y ello se debe a que las causas del llamado problema bancario ni siquiera se tocarán. El problema de la Banca se basa en que el desplome de la burbuja inmobiliaria –la raíz del problema bancario- no se está resolviendo. La Banca es la primera propietaria de viviendas vacías (hay 3 millones de ellas según el Ministerio de Fomento). Y el hecho de que estén vacías es porque la población no puede comprarlas o alquilarlas. Y ello se debe a que los precios continúan siendo artificialmente elevados. Se calcula que los precios de la vivienda están casi un 40% por encima del precio al que deberían estar (según la capacidad adquisitiva de la población), y ello como resultado del excesivo poder monopolístico de la Banca que no quiere bajarlos. Sólo han bajado el precio un 15% en los últimos dos años.
Y no lo bajarán hasta que el Estado les obligue a ello. En Dinamarca, una casa no puede estar vacía más de 6 semanas. Aquí están años. Cuando se hizo la propuesta en el Parlament de Catalunya de no permitir o favorecer pisos vacíos, la gran mayoría del Parlamento se opuso, con lo cual dificultaron la resolución del tema inmobiliario, que está detrás del problema bancario. Y ahí está el origen del problema bancario. Los Bancos tienen demasiado poder. Los Bancos deberían bajar el precio de las viviendas absorbiendo las pérdidas, y cuando no pudieran, deberían dejarlos colapsar (el sector bancario es demasiado grande en España) o nacionalizarlos (no para privatizarlos más tarde), a fin de garantizar el crédito. La solución es fácil de ver desde el punto de vista técnico. La dificultad es la resistencia de los gobiernos para resolverlo.
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Veure article en PDF