Publicado en la revista digital SISTEMA, 5 de febrero de 2010
Este artículo cuestiona el determinismo demográfico que argumenta que la transición demográfica hace inviable el sistema público de pensiones. El artículo señala que tal argumento ignora los cambios que han ocurrido y continuaran ocurriendo en la fuerza laboral, en la masa salarial, en la productividad laboral, y en la creación de riqueza que permitirán un aumento considerable de los ingresos al estado. El artículo señala que la viabilidad de las pensiones no es un tema demográfico, o económico sino político.
En el debate que se ha generado en España, a partir de las propuestas hechas por el gobierno español para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas, se están utilizando argumentos (por parte de aquellos que cuestionan la viabilidad del sistemas actual de reparto) que deben ser cuestionados, pues responden más a criterios ideológicos que científicos. Tales argumentos, por cierto, se reproducen no sólo en círculos liberales sino también en algunos forums de centroizquierda y, en ocasiones, de izquierda.
Uno de ellos es que la transición demográfica, con un número creciente de ancianos por una parte, y un número decreciente de gente joven por otra, hace inviable el sistema de pensiones. Tal argumento ignora, sin embargo, que en los sistemas de reparto el dato más importante para analizar su viabilidad no es ancianos versus jóvenes, sino beneficiarios (es decir, pensionistas) versus cotizantes a la Seguridad Social. Esta observación se les escapa a aquellos que constantemente atribuyen a la transición demográfica la “crisis” de las pensiones. En un país, como el nuestro, donde el paro ha sido históricamente muy elevado (actualmente un 18.94% de la población activa) y donde el porcentaje de la mujer incorporada al mercado de trabajo es todavía bajo (54%), sorprende que se diga que el problema radica (o radicará) en la escasez de personas que pueden trabajar. Si a las personas en paro, así como a las que trabajan a tiempo parcial y que desearían trabajar a tiempo completo, sumamos las mujeres que estarían en el mercado de trabajo en caso que su participación en tal mercado fuera semejante a la de las mujeres suecas (un 87%), tendríamos cerca de 10 millones de trabajadores (y cotizantes a la seguridad social) más. No hay, ni ahora ni en el futuro, un déficit de personas en España que puedan trabajar. Y que deberían trabajar, pues es lo que desean.
Otro argumento que utilizan los que recurren al argumento demográfico, para apoyar sus tesis de insostenibilidad de las pensiones, es que el número de trabajadores cotizantes por pensionistas está disminuyendo y ello creará un problema. El informe del Gobierno sobre las pensiones utiliza este argumento para apoyar su recomendación de que se retrase la edad de jubilación, de 65 a 67 años. Los trabajadores cotizantes –dice el informe- no podrán sostener a los pensionistas cuyo número casi se doblará en treinta años. Tal informe introduce sus recomendaciones con un cuadro en el que se muestra como el número de pensionistas aumentará de 8 millones en 2010, a 15 millones en 2040, concluyéndose que tenemos un problema grave pues el número decreciente de cotizantes por pensionista hace inviable la continuación de esta situación, a no ser que se reduzcan considerablemente los beneficios. Este argumento se ha convertido en un dogma. Y como dogma se reproduce a base de fe (e ideología) en lugar de evidencia empírica.
Como describí en mi artículo en PÚBLICO (“Una vez más, las pensiones”, 04.02.10) este argumento es semejante al que hicieron los alarmistas malthusianos al ver el descenso de la población que trabajaba en agricultura. Decían tales autores que el descenso de la población que trabajaba en el campo conduciría a un descenso de la producción de alimentos y al hambre de la población. Pues bien, el porcentaje de la población en España que trabajaba en la agricultura ha pasado de ser un 30% en 1970, a un 4% en 2008 y no hay escasez de alimentos. En realidad el crecimiento de la productividad en agricultura ha sido tal que un trabajador en el campo hace el mismo trabajo que antes hacían veinte trabajadores.
Las tesis que indican que la reducción del número de trabajadores hace peligrar la viabilidad del sistema de pensiones ignoran el enorme crecimiento de la productividad y por lo tanto de los salarios y de sus contribuciones, bien sean como impuestos, bien sean como cotizaciones sociales. Permítanme que repita lo que escribí en otro texto “Las pensiones son viables”, Julio-Agosto 2009, a raíz del documento escrito por el Banco de España y la Comisión Europea (ambos de clara orientación liberal) que alertaban que en el año 2060, España se gastaría el 15.1% del PIB en pensiones un porcentaje –decía el informe- alarmante. Cito de nuevo mi respuesta: “Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español en 2060 será 2,23 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces. Por cierto, ya hace cincuenta años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, había voces liberales que decían que en cincuenta años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país. Pues bien, estamos cincuenta años más tarde, y el país tiene más recursos para los no pensionistas que existían entonces, aún cuando el porcentaje del PIB dedicado a pensiones se ha doblado (En estos datos, por cierto, se ha incluido ya el impacto de la inflación).”
Cuando el informe del gobierno español indica que la población pensionista casi se doblará en treinta años, se está ignorando que en treinta años el PIB de España será varias veces superior (mucho más del doble) del existente ahora.
LONGEVIDAD DE LOS INDIVIDUOS Y ESPERANZA PROMEDIO DE VIDA DE UNA POBLACIÓN SON DOS CONCEPTOS DISTINTOS
Otro argumento que se utiliza por parte de los deterministas demográficos es que la esperanza de vida está aumentando cuatro años cada veinticinco, con lo cual la extensión del periodo de las pensiones hará insostenible el sistema. Tal afirmación es consecuencia de un desconocimiento de lo que es y cómo se calcula la esperanza de vida. El hecho de que la esperanza de vida promedio de la población española haya aumentado de 76 años a 80 en el periodo 1980-2005 no quiere decir (como erróneamente se asume) que un español promedio viva cuatro años más (ver explicación detallada en “Las Pensiones son viables” VIEJO TOPO, julio-agosto 2009), quiere decir que sumando los años de vida de todos los ciudadanos y residentes y dividiéndolo por el número de ciudadanos y residentes, el promedio de vida es cuatro años más en 2005 que en 1980. Pero ello se debe a que la mortalidad infantil y la mortalidad de los grupos etarios más jóvenes, ha bajado mucho. Tal aumento promedio de años de vida no significa que, como asumen aquellos autores, los ancianos vivan cuatro años más. Ni que decir tiene que los ancianos viven más (2.6 años) que hace veinticinco años, pero no las cantidades que se utilizan.
El punto de mayor relevancia es que la longevidad (años de vida que cada persona tendrá) depende de la clase social del individuo. España es uno de los países de la UE-15 con mayores desigualdades. Existe un gradiente de longevidad entre nuestros ciudadanos dependiendo de su clase social. Una persona en el cinco por ciento de renta superior vive en España diez años más que un trabajador no cualificado con más de cinco años en paro (el promedio de la UE-15 es siete años). Es profundamente injusto que las clases populares (clases trabajadoras y clases medias), que viven menos años, tengan que trabajar dos años más para sostener las pensiones de las clases más pudientes que les sobrevivirán muchos años. Esto es lo que en realidad se está proponiendo cuando se pide el retraso obligatorio de la jubilación.
REFORMAS NECESARIAS
Que las pensiones basadas en un sistema de reparto sea viable, no quiere decir que no debieran hacerse reformas, algunas de las cuales aparecen en el informe del gobierno, el cual tiene también propuestas que son aconsejables. Una de ellas es facilitar el retraso voluntario de la jubilación. La situación actual es excesivamente traumática para aquellos sectores de la población que gozan mientras trabajan (este grupo es una minoría), y que pasan de un 100% de actividad laboral a 0%, en cuestión de horas, a partir del día D, hora H en que se jubilan. Es un paso traumático e innecesario. Sectores amplios de la población anciana pueden ofrecer gran rendimiento y su exclusión del mercado de trabajo es, además de una enorme ineficiencia económica, una carga a la Seguridad Social, pues pasan de ser cotizantes a beneficiarios en un momento en que pueden (y desean) continuar siendo cotizantes. En EE.UU., la jubilación es un derecho, no una obligación. Por ley, como Catedrático Universitario, por ejemplo, nadie me puede jubilar de la Universidad, siempre y cuando produzca al nivel de expectativas que la Universidad exige a su profesorado.
La jubilación debe ser, a partir de 65 años, voluntaria, garantizando un retiro digno. Y ahí está el segundo tema. Las pensiones en España tienen que mejorarse, no sólo las no-contributivas sino también las contributivas. El hecho de que representen un porcentaje elevado del salario en el momento de la jubilación no significa que las pensiones sean satisfactorias, pues el salario real promedio es muy bajo.
El tercer tipo de intervención es el aumento de las cotizaciones sociales, evitando las exclusiones que están ocurriendo en colectivos que ven reducidas sus contribuciones por encima de cierto nivel de salarios. También debieran eliminarse aquellas funciones que se han atribuido a la Seguridad Social que no le corresponden, tal como facilitar la reducción de las plantillas en las empresas, una situación que ha alcanzado unas dimensiones, a todas luces, exageradas.
El cuarto tipo de intervenciones son aquellas encaminadas a facilitar la producción de buen empleo, facilitando la educación y formación de los jóvenes (empezando ya con los infantes), para garantizar una mayor calidad de conocimientos, mayores capacidades resolutivas de la población y, por lo tanto, mayor productividad, mejores salarios y mayores cotizaciones sociales e impuestos. Ello requiere un mayor intervencionismo público en la educación, en la formación laboral y en la producción de empleo.
El quinto tipo de intervenciones incluye el desarrollo del cuarto pilar del bienestar que debiera incluir, como ya señalé en su día (“El cuarto pilar del bienestar”. PÚBLICO, 15.10.09), el derecho universal a las escuelas de infancia, además de los servicios domiciliarios a las personas con dependencias que ayuden a facilitar la integración de las mujeres al mercado de trabajo (cambiando a su vez los valores del varón para corresponsabilizarse en las tareas familiares).
El sexto tipo de intervenciones es el facilitar el mantenimiento del trabajador en edad de prejubilación en sus puestos de trabajo, ofreciendo ayudas públicas en formación y reciclaje profesional y mantenimiento de sus puestos de trabajo.
El séptimo es la reforma fiscal, haciéndola más progresista y eliminando el fraude fiscal, aumentando los recursos públicos que debieran absorber los costes de la jubilación de algunos colectivos, como los hoy beneficiarios de pensiones no contributivas. En este aspecto, las cotizaciones sociales debieran complementarse con fondos públicos, pues no hay nada escrito en ninguna Biblia económica que diga que las pensiones deban pagarse con cotizaciones sociales basadas en los mercados laborales. En otros países, como Dinamarca, la mayoría de fondos son públicos, procedentes de los impuestos generales.
Con estas reformas señaladas en este artículo, las pensiones están más que garantizadas en España.
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