Publicado en la revista digital SISTEMA, 12 de marzo de 2010

Este artículo analiza en detalle las tesis expuestas por el Manifiesto firmado por 100 economistas a favor de las reformas liberales de las pensiones públicas de jubilación, manifiesto publicado por la Fundación Fedea, próxima a la banca. El artículo muestra los errores metodológicos sobre los cuales se apoyan aquellas tesis.

FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) es una fundación próxima a la Banca en cuyo patronato están representantes de: Banco Sabadell, Caja Madrid, Banco Español de Crédito, Banco Santander, Corporación Financiera Alba, Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria, Banco de España, Bolsa de Madrid y Banco de Andalucía. Tal fundación ha publicado periódicamente informes que han cuestionado la viabilidad del sistema público de pensiones, enfatizando la necesidad de hacer cambios que en realidad significarían una reducción de las pensiones públicas en España.
Este último informe está firmado por cien economistas de los cuales la gran mayoría no son expertos en temas de Seguridad Social. En este artículo se analiza críticamente cada una de las posturas enunciadas en tal informe, mostrando los errores que aparecen en sus páginas.

Introducción

El informe se presenta como neutro y objetivo, basado en lo que se define como los estudios sobre la Seguridad Social disponible en España, lo cual no es cierto. En sus apéndices y referencias hay una clara selección de autores, excluyendo investigadores (de gran prestigio nacional e internacional) e informes (de gran credibilidad) que han cuestionado cada una de sus tesis. Los trabajos de Camila Arza, una de las expertas en temas de Seguridad Social más conocidas en España, y Adolfo Jiménez, ex Secretario General de la Seguridad Social (1986-1996), y una de las autoridades más respetadas en estos temas, no son citados y sus estudios que  cuestionan sus conclusiones son sistemáticamente excluidos de su informe. Lo mismo ocurre en cuanto a autores internacionales, como Joseph Stiglitz, Dean Baker y otros que tampoco son citados y cuyos estudios son también excluidos en el informe. La selección ideológica en la evidencia que presentan es un indicador del carácter ideológico del informe.

Los errores del informe

La inviabilidad del sistema de pensiones se presenta en el manifiesto de los cien economistas como resultado de la evolución demográfica. Señalan por ejemplo que “pasaremos de las más de 4 personas en edad de trabajar por pensionista actuales a 1,75 personas en edad de trabajar por pensionista en el 2049”, sin explicar porqué esto es –según ellos- un problema. Parecen no percibir que, resultado del crecimiento de la productividad, 1.75 personas  pueden producir dentro de 40 años lo mismo que ahora producen 4 personas. En realidad hace 40 años lo que hace ahora una persona requería, en aquel entonces, de siete personas. En esta misma línea indican que “La Comisión Europea estimaba en octubre de 2009 que el gasto en pensiones en España subirá hasta el 15,1% del PIB en 2060, lo que supone un incremento del 80% respecto de la cifra de 2007 (8.4%)”, presentando este dato como muestra que este elevado porcentaje es inasumible por la economía española. De nuevo, ignoran el impacto del crecimiento de la productividad. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,23 veces mayor en 2060 que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces. Por cierto, ya hace cincuenta años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, había voces liberales que decían que en cincuenta años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país. Pues bien, estamos cincuenta años más tarde, y el país tiene más recursos para los no pensionistas que existían entonces, aún cuando el porcentaje del PIB dedicado a pensiones se ha doblado.

Otros errores

Otro error que se realiza en el informe es que toma como válidas las cifras que provee la OCDE sobre la tasa de reemplazo de las pensiones, indicando que las pensiones representan el 88% de los salarios, definiéndola como una de las más altas de los países miembros de esta organización. Como Camila Arza (“El sistema español de pensiones en el contexto europeo: estructura institucional, reformas e impactos sociales”.La Situación Social en España, volumen III. Ed. Biblioteca Nueva. 2009) y muchos otros expertos han indicado tal cifra está deliberadamente hinchada y no se corresponde con la realidad. En realidad esta cifra se basa en una vida laboral ininterrumpida de 40 años, cuando la vida real laboral promedio en España es de 35 años. Por otra parte el cálculo de la pensión no se hace sobre los salarios sino sobre la base de cotización salarial, una cifra menor que el salario. El nivel de cotización del salario es una cifra distinta a la del salario. Esta distancia entre salario real y base de cotización se ha ido reduciendo con lo cual las pensiones han ido mejorando, pero distan todavía mucho de ser equiparables a la UE-15. No es pues el 88% de los salarios sino de la base de cotización, que es una cifra mucho menor. Por otra parte, las pensiones se incrementan según el índice de inflación, a fin de no disminuir la capacidad adquisitiva de los pensionistas, pero no a base del promedio del incremento salarial como ocurre en otros países.  Como los salarios crecen más rápidamente que la inflación, resulta que los pensionistas ven deteriorado su nivel de vida en relación con la población activa, hecho que el informe ignora o desconoce.
Por otra parte el informe también ignora el hecho de que los salarios en España son muy bajos, lo cual por cierto, no se debe, en general, a la baja productividad (ver el artículo mío “Los salarios en España”.Público, 04.03.10), sino a la correlación de fuerzas dentro del mercado de trabajo español. Esta situación explica que las pensiones sean también muy bajas. Lo define muy bien Camila Arza en su citado capítulo del cual cito directamente: “Al basarse en niveles salariales relativamente menores que gran parte de los países europeos, el sistema de pensiones español genera beneficios más bajos: las tasas de reemplazo reflejan la capacidad de sustitución del salario que tiene el sistema, pero no su capacidad comparativa de compra. Esto explica la divergencia entre la generosidad del sistema en términos de la tasa de reemplazo teóricas y el nivel comparativamente bajo de gasto per cápita en paridades de poder de compra, como se observó más arriba. Altas tasas de reemplazo en un país con salarios más bajos produce pensiones más bajas.”
En realidad, el porcentaje de gasto en pensiones de jubilación en España sobre el PIB es de los más bajos de la UE-15 (España 8.4%, UE-15 10.2% del PIB) y ello a pesar de que la población anciana como porcentaje de la población total es superior en España que en la UE-15. Deberíamos gastarnos, pues, más y no menos. En cambio el gasto público en pensiones de jubilación por anciano es más bajo que el promedio de la UE-15 y mucho más bajo que algunos países de la UE-15, tales como Italia 13.531 upc, Suecia 13.190 upc, Dinamarca 12.846 upc, (unidades de poder de compra, upc, es decir, euros estandarizados). El gasto público en pensiones por anciano en España significa sólo el 65% del salario medio, que en España es uno de los más bajos (en la UE-15 es el 68%).
Entre las causas que explican este bajo gasto público en pensiones de jubilación está la reducida pensión de los pensionistas así como el porcentaje elevado de ancianos que no reciben ninguna pensión pública de la Seguridad Social (el 20% de la población anciana en España comparada con sólo el 9% de la población anciana en la UE-15). Estos datos explican la gran pobreza entre los ancianos en España, de nuevo citando a Camila Arza: “En ausencia de ingresos laborales o de capital de alguna importancia, el riesgo de pobreza tiende a aumentar cuando los beneficios del sistema de pensiones son demasiado bajos o la cobertura es limitada. En España, la expansión de los beneficios sociales y el crecimiento económico durante el período de la reconstrucción democrática supuso una reducción del riesgo de pobreza en la vejez. Entre 1980 y 1995, los beneficios aumentaron y el riesgo de pobreza relativa entre los mayores de 60 años se redujo (Boldrin y Jiménez-Martín, 2006). Esta mejora en las condiciones de vida de los jubilados durante las décadas pasadas ha acortado notablemente la brecha con el resto de los países de Europa. A partir de 1995, sin embargo, los beneficios relativos al salario comienzan a caer y el riesgo de pobreza vuelve a aumentar. Un estudio basado en datos del Luxembourg Income Study ha revelado que entre 1995 y 2000 la pobreza relativa en la vejez aumentó 5,9 puntos porcentuales (Munzi y Smeeding, 2006). En 2000 España era uno de los países europeos con la pobreza relativa más alta para la población mayor, que alcanzó el 23,3% (tabla 12). Esto es probablemente el resultado de la falta de ajuste de las pensiones a la evolución del salario en un contexto de crecimiento económico.” Todos estos datos son ignorados en el informe FEDEA.

Otras observaciones

En realidad, la evidencia existente más creíble que la presentada en este informe muestra que el sistema público de pensiones no tiene un problema de viabilidad. Ni que decir tiene que algunos cambios deberían hacerse, sobre todo, para mejorar la equidad dentro del sistema. Pero no es cierto que haya un problema de sostenibilidad en la Seguridad Social de España. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo y el incremento de la productividad, aumentará el nivel de riqueza del país de una manera sustancial proveyendo suficientes recursos para los pensionistas y no pensionistas, como hemos indicado en este informe. Es más, la popularidad de las pensiones públicas (en todos los grupos etarios de la población) explica que la sociedad siempre encontrará recursos para financiar las pensiones públicas, bien a través de las cotizaciones sociales, bien a través de los impuestos generales. Es sorprendente leer en el informe de FEDEA que se excluye como posible intervención para mejorar las pensiones el aumento de las cotizaciones sociales o los impuestos generales, posibilidades que se excluyen porque “tal aumento tendría efectos muy negativos sobre el empleo y la inversión”. Países con elevada carga fiscal, sin embargo, tienen tasas de desempleo muy bajas. Los países escandinavos, de tradición socialdemócrata, son un ejemplo de ello. Este argumento es insostenible a la luz de la enorme evidencia que muestra que no hay relación entre lo primero y lo segundo. Es una declaración meramente ideológica que carece de credibilidad científica.

Por último, el informe recomienda que se cree una Comisión para hacer propuestas para resolver la supuesta inviabilidad de las pensiones, fuera del alcance del Pacto de Toledo, que diluiría la participación de los representantes de la población española en el proceso de reflexión y decisión del mayor programa público que afecta a la mayoría de la población. Ni que decir tiene que otras medidas que son más importantes para mantener la sostenibilidad de la Seguridad Social, como son la redistribución de la renta y el incremento de la masa salarial como porcentaje del PIB, son totalmente ignoradas en el informe. Tal como ha escrito Christian Weller en “The future of public pensions on the OECD”, publicado en el Cambrigde Journal of Economics, (2004), una de las causas que ha creado un problema económico en la Seguridad Social es precisamente la polarización de las rentas en los países de la OCDE, con disminución de las rentas del trabajo a costa del incremento de las rentas de capital. Puesto que la mayoría de los fondos a la Seguridad Social proceden de las rentas del trabajo, la disminución de este tipo de rentas ha afectado a los ingresos a la Seguridad Social. De ahí que medidas redistributivas incrementando las rentas del trabajo juegan un papel clave para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones. Pero estas medidas quedan totalmente fuera del marco liberal que siempre favorece las rentas de capital sobre las rentas del trabajo. Me permito sugerir al lector que lea la sección Pensiones en mi web (www.vnavarro.org).

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