Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 15 de octubre de 2010

Este artículo critica las tesis del documento preparado por FEDEA sobre las pensiones, el cual indica que la transición demográfica hace la sostenibilidad de las pensiones públicas impossible. El artículo cuestiona esta tesis añadiendo además una crítica al Fondo Monetario Internacional por la incoherencia de sus políticas sobre pensiones.

Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) está financiada primordialmente por las Bancas, por las Cajas y por las Compañías de Seguro. Entre sus mayores patrocinadores están el Banco Sabadell, el Banco Popular, Caja Madrid, BANESTO, el Banco Santander, BBVA, La Caixa, y un largo etcétera. Es, en otras palabras, lo que en la terminología anglosajona se llama el Think Tank del capital financiero, el grupo fáctico más poderoso de España. Su influencia en diseñar, reproducir y promover la sabiduría convencional económica del país es enorme. Durante años, su empeño ha sido hacer creer a la población española que el sistema público de pensiones en España no es viable, a no ser que se recorten de una manera sustancial las pensiones públicas. Año tras año han ido publicando informes alertando de que tal sistema se colapsará en fecha próxima, fecha que se ha ido retrasando constantemente al no realizarse el colapso en la fecha predicha. El objetivo de este alarmismo era y es asustar a la población para que vaya corriendo al Banco, a las Cajas y a las Compañías de Seguros para comprarse un plan de pensiones privado. El enorme problema que tienen es que la crisis financiera ha afectado muy negativamente tales fondos de pensiones privadas, reduciéndose su valor de una manera espectacular. Mientras, la Seguridad Social que según sus previsiones tenía que haber colapsado ya en 1995, después en 2000, y más tarde en 2010, hoy continúa en superávit.
Pero el capital financiero (responsable, por cierto, de la crisis financiera actual) no desiste. Y acaba de publicar un informe en el que por enésima vez se afirma que el sistema público está en quiebra, no es sostenible, y deben hacerse cambios, que todos ellos pasan por una reducción de las pensiones para la mayoría de pensionistas. El documento (Fedea propuestas, 07.10.10) está apoyado por los mismos cien economistas que publicaron otro informe reciente indicando que era necesario despedir más fácilmente a los trabajadores a fin de reducir el desempleo. Y como era fácilmente predecible, la puesta en marcha de una ley inspirada, en parte, en este principio, ha determinado, no un descenso, sino un aumento del desempleo. Ahora, y siguiendo la misma lógica, los mismos economistas indican que para tener mejores pensiones públicas en el futuro, éstas tienen que reducirse ahora.
El argumento es idéntico al que han utilizado en los mismos informes anteriores (para ver una crítica a los argumentos utilizados en éstos y otros informes que cuestionan la viabilidad de las pensiones, ver Navarro V., Torres J. Y Garzón Espinosa A., ¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos, las respuestas que siempre nos ocultan” Attac 2010). Así, el argumento de que el sistema no es viable se basa en la siguiente afirmación: ahora hay 4 personas en edad activa por pensionista, y dentro de cuarenta años habrá sólo 1,75 por pensionista. De esta predicción concluyen que los pensionistas del futuro no podrán recibir las pensiones, porque no habrá suficientes trabajadores para sostenerlas. Esta afirmación, sin embargo, se basa en unos supuestos erróneos. Uno de ellos es que el punto clave para definir si las pensiones serán o no sostenibles no es el número de personas con edad de trabajar (como hacen los 100 economistas), sino del número de trabajadores cotizantes a la Seguridad Social, y el tamaño de tal cotización. Este último dependerá del salario (resultado, en parte, de la productividad del trabajador) y del tamaño de la cotización (que depende, a su vez, de decisiones políticas) tanto del trabajador como del empresario. Veamos el primer factor analizando el impacto de la productividad en la creación de riqueza, y por lo tanto, en las cotizaciones sociales, un punto ignorado en el informe.
Hace cuarenta años, el porcentaje de la población trabajando en agricultura en España era el 30%. Hoy es sólo el 3%. Este 3% produce más que el 30% de hace cuarenta años. En realidad, el estado da subsidios a los agricultores para que no produzcan más. Fíjense lo absurdo que hubiera sido que hace cuarenta años los “cien economistas de entonces” hubieran alarmado a la población, utilizando el argumento de que la disminución del número de trabajadores en el campo durante los siguientes cuarenta años conduciría a una disminución en la producción de alimentos para nutrir a la población, con lo cual, la población dentro de cuarenta años padecería hambre. Los alarmistas “cien economistas” que hubieran hecho esta predicción entonces harían el ridículo, pues no habrían tenido en cuenta que, consecuencia del aumento de la productividad, un trabajador agrícola produciría en cuarenta años lo que producían diez hace cuarenta años. Sustituyan la palabra alimento por la de pensiones, y podrán ver lo absurdo que es lo que están diciendo los “cien economistas” para alarmar a la ciudadanía sobre que no se podrán pagar las pensiones dentro de cuarenta años. Dentro de cuarenta años, la productividad será tal que se necesitarán menos trabajadores por pensionista que los que se necesitan ahora.
Por otra parte, el sistema de financiación de las pensiones contributivas es regresivo, pues a partir de un cierto nivel de renta, no se cotiza a la Seguridad Social. Se llega a una situación en que el Sr. Botín, cuya renta es más de 500 veces la de un trabajador cualificado, paga lo mismo a la Seguridad Social que el último. Si se corrigiera tal sistema, tal como se ha propuesto en EEUU (donde Bill Gates paga sólo 6.520 dólares a la Seguridad Social) los ingresos a la Seguridad Social se incrementarían en un tercio. Y nunca olvidemos que no hay nada escrito en las biblias económicas que indique que las pensiones deban pagarse a base de contribuciones basadas en el mercado de trabajo. Podrían pagarse a base de gravar el capital financiero (que financia el informe) haciendo que las rentas de tal capital se graven al mismo nivel que las rentas del trabajo. Con ello, las pensiones podrían mejorarse, pues el problema que tienen es que son demasiado bajas.
Una última observación. A nivel internacional, el Fondo Monetario Internacional ha sido y continúa siendo el grupo de presión más importante para convencer al gobierno Zapatero de que reduzca las pensiones públicas españolas. Debiera conocerse que el FMI está pidiendo al gobierno español que haga lo contrario que el FMI hace con sus propios funcionarios, cuyo nivel de pensiones alcanza unos niveles extraordinariamente exuberantes. Tales funcionarios pueden retirarse a los 25 años de trabajo cobrando el total de sus salarios, que alcanzan cifras equivalentes a 160.000 euros. El pensionista español necesita trabajar cuarenta años para alcanzar la cifra máxima de la pensión, que nunca representa el 100% del salario, sino el 80% de su base de cotización. La cantidad máxima que puede recibir es de 22.000 euros. El funcionario del FMI recibe 160.000 euros (de fondos públicos) y más. El gobierno Zapatero debería decirle al FMI que no tiene autoridad moral para predicar austeridad y todavía menos para recomendar reducir, aún más, unas pensiones, como las españolas, que son claramente insuficientes (resultado en parte de que los salarios son muy bajos). Las élites dirigentes del mundo, sumergidas en la opulencia, están exigiendo austeridad a todos los demás y lo justifican diciendo que es por su propio bien. ¿Por qué no comienzan la austeridad ellos mismos? En realidad, la sonada incompetencia del FMI, que no predijo la crisis, que no la previó, y cuyas políticas dificultan la recuperación, no justifica ni su existencia ni sus privilegios. Por cierto, lo mismo debiera decirse de las élites bancarias en España (incluyendo Fedea), que están pidiendo una reducción de las pensiones, mientras que sus salarios y pensiones son exuberantes. ¿Hasta cuándo se permitirá esta situación en que tales élites que además de tener privilegios exuberantes son enormemente incompetentes en sus funciones públicas, estén dictando lo que debe ocurrir en España y en el mundo?

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