Artículo publicado en PÚBLICO por Vicenç Navarro, 1 de septiembre de 2011.
Este artículo muestra información empírica que cuestiona las tesis de los proponentes de la medida de equilibrar el presupuesto del Estado (hasta un nivel máximo de déficit público del 0,4% del PIB) que aducen que tal medida es necesaria para salvar el estado del bienestar. El artículo muestra como es imposible en España alcanzar este déficit sin que se recorten muy sustancialmente las transferencias y servicios públicos de su estado del bienestar.
Los portavoces de los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, justificaron en las Cortes españolas la constitucionalidad de la medida que aprobaron, que fuerza al Estado a tener un equilibrio presupuestario, con el argumento de que se “requería tal medida a fin de salvar el Estado del bienestar”. Según ellos, una medida que obligará a realizar recortes sustanciales del gasto público (del cual el gasto público social es el mayor componente) para eliminar el déficit del Estado es necesaria para salvar al escasamente financiado Estado del bienestar. Puesto que España es el país de la UE-15 (el grupo de países más ricos de la UE) que tiene el gasto público social por habitante más bajo, es difícil de entender cómo mayores recortes de tal gasto –que el equilibrio presupuestario exige– van a corregir el enorme déficit de gasto público social de España.
Una respuesta a esta contradicción podría ser la aportada por dirigentes conservadores de persuasión neoliberal, como dirigentes del Partido Popular, que han subrayado que el descenso del gasto público (incluyendo el social) estimulará la economía y con ello aumentará el crecimiento económico y, por lo tanto, los ingresos al Estado, incluyendo el gasto público social. Pero como bien han señalado Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Dean Baker y toda una larga lista de economistas que poseen mayores conocimientos económicos que tales dirigentes políticos, las políticas de recortes de gasto público (incluyendo gasto público social) en este momento de recesión son contraproducentes, pues reducen todavía más la demanda de bienes y servicios, que está estancada como resultado de que la población está enormemente endeudada y, por lo tanto, tiene escasa capacidad de compra y consumo. Grecia, Irlanda y Portugal están mostrando que la reducción del gasto público les está abocando a una continua recesión. De ahí que el argumento de que recortando en momentos de recesión el gasto público se facilitará la recuperación económica es poco creíble. En realidad, la propia experiencia española demuestra el error de tal supuesto. Los recortes de gasto público están contribuyendo al estancamiento de la economía española.
Igualmente sorprendente es la argumentación, bastante extendida entre dirigentes del PSOE, que señala que los cambios supuestamente introducidos por su candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, salvan tal reforma porque garantizan la supervivencia e incluso refuerzan el Estado del bienestar. Así, Felipe González señaló recientemente (30-08-11) que, aun cuando la propuesta inicial del Partido Popular –que era exigir un déficit cero en los presupuestos venideros– era un “disparate”, saludó, sin embargo, la propuesta final aprobada, gracias a la intervención del candidato Rubalcaba, que permitirá un déficit de un 0,4% del PIB. Tal porcentaje es, a todas luces, excesivamente bajo. En realidad, en los últimos 20 años, tal como ha subrayado David Lizoain, ni la zona euro, ni la OCDE en su conjunto tuvieron un déficit estructural inferior al 0,4% ni un sólo año. Alemania lo consiguió sólo un año, EEUU, tres años, Reino Unido, cuatro, y España, también cuatro, a costa, por cierto, de tener el gasto público por habitante más bajo de la UE-15.
Se podría argumentar que los países escandinavos de tradición socialdemócrata, y muy en particular Suecia, han sido países con gran número de años con superávit en sus presupuestos nacionales. Ahora bien, su carga impositiva es mucho mayor que en España y los ingresos al Estado representan un porcentaje mucho mayor del PIB que España. Las cifras hablan por sí mismas. En España, tales ingresos representan sólo un 32% del PIB, mientras que en Suecia son un 52%. En realidad, si España tuviera la política fiscal de Suecia, su Estado ingresaría 200.000 millones de euros más, cantidad suficiente para eliminar el déficit del Estado y corregir el enorme déficit de gasto público social de España.
Es poco probable, sin embargo, que las fuerzas que están pactando el déficit del 0,4% favorezcan un incremento sustancial de los impuestos y de su progresividad (los ricos en España tributan sólo el 20% de lo que tributan los ricos en Suecia). En realidad, durante estos últimos 15 años, ambos partidos han estado reduciendo los impuestos, debilitando su progresividad.
El tipo efectivo del IRPF que abonan las rentas más altas se ha reducido en 18 puntos, la gran empresa tributa un 10% menos por sus beneficios y la banca se ha beneficiado de la enorme tolerancia, cuando no complicidad, de las autoridades públicas hacia el fraude fiscal.
De todo lo dicho es difícil concluir que las medidas propuestas salvarán el Estado del bienestar. En realidad, lo que estamos viendo ahora es la repetición de lo que ocurrió en el periodo 1993-2008. La reducción del déficit público, requerido por el criterio de Maastricht, se consiguió a costa, no de aumentar los impuestos (que en realidad bajaron, sobre todo en las rentas superiores, reduciéndose un 37% para las rentas de más de 300.000 euros, pero sólo un 1,7% para la mayoría de la población que tributa al Estado), sino de disminuir el gasto público y sobre todo el gasto público social. Durante aquel periodo, la diferencia de gasto público social por habitante entre España y el promedio de la UE-15 aumentó considerablemente, de forma que en 2007, al inicio de la crisis, tal déficit de gasto público social de España con el promedio de la UE-15 era mayor que en el año 1993, cuando se iniciaron las políticas de austeridad. En España, los déficits públicos siempre se han reducido a costa de su Estado del bienestar. Creerse que ahora va a ser diferente es ignorar el temor del Estado español (tanto central, como autonómico) a enfrentarse con aquellos colectivos de mayores ingresos (que obtienen sus ingresos de las rentas del capital) y que no aportan al Estado lo que aportan sus homólogos en la UE-15. Así de claro.