Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 14 de junio de 2012
Este artículo señala que el rescate financiero impuesto a España por la eurocracia de la Eurozona así como por el Fondo Monetario Internacional y por el gobierno Merkel en Alemania, ha supuesto una pérdida de la soberanía española transformando el gobierno español en una mera correa de transmisión de las decisiones tomadas por aquellas instituciones.
En un artículo que publicamos ayer Juan Torres y yo en Público titulado “El rescate traerá más recortes y no sirve para salir de la crisis”, señalábamos que en España estaba ocurriendo un golpe de Estado contra la democracia, que se había estado gestando en los últimos años y que había culminado con el rescate financiero. El artículo ha tenido cierta repercusión, pues señalábamos que no era cierto –como el Gobierno Rajoy estaba anunciando- que las condiciones que desde las instituciones europeas se estaban imponiendo al Estado español afectarían sólo al sistema financiero, sino que afectarían también a las políticas fiscales y macroeconómicas del Estado español (tanto central como autonómico). El artículo mostraba partes de la resolución aprobada por la Comisión Europea, donde se confirmaba que la intervención abarcaba también políticas económicas y fiscales, hecho confirmado por otros portavoces de la Comisión Europea e, igualmente importante, por portavoces del Gobierno alemán presidido por la canciller Ángela Merkel.
Entre las respuestas a nuestro artículo, merece especial mención por su representatividad, la del programa económico de Catalunya Información (radio pública de la Generalitat de Catalunya, próxima a la coalición conservadora y liberal que gobierna Catalunya). En aquel programa de tintes conservadores se criticó nuestro artículo definiéndolo como exagerado, utilizando nuestra definición de lo que estaba ocurriendo como “un golpe de Estado” como señal e indicador de nuestra exageración. Siendo yo el que sugirió tal nombre, y siendo ambos, Juan Torres y yo, los que, a través de nuestros impuestos financiamos tal radio pública (que excluye sistemáticamente autores de izquierda) me siento en la necesidad de responder.
Comienzo, pues, por indicar que aunque he recibido toda clase de insultos o epítetos a lo largo de mi larga vida profesional, el de “hiperbólico” es nuevo. Suelo evitar el lenguaje exagerado común en la cultura política y mediática española, y de ahí mi sorpresa de aquella observación referente a nuestro artículo (que oí mientras conducía el coche camino de mi casa). Veamos, pues, si tal programa llevaba o no razón. Y analicemos si llamar “golpe de Estado” a lo que está ocurriendo en España es o no es un golpe de Estado.
Definamos inmediatamente qué quiere decir un golpe de Estado. Pues bien, tal definición incluye un proceso que interrumpe un Gobierno mediante la fuerza para sustituirlo por uno en el que las decisiones son tomadas por grupos fácticos nacionales y/o internacionales, que imponen sus decisiones con medidas represivas. Tal fuerza no tiene por qué ser militar. No hay que asumir que todos los golpes de Estado suponen una intervención militar. Puede ser una fuerza financiera, económica, religiosa, o lo que fuere, y la represión no tiene por qué ser militar. Puede ser policial o político-mediático, prohibiendo o reduciendo de forma significativa la libertad de expresión.
Veamos pues qué ha estado ocurriendo en España. Desde que ha ocurrido la crisis, el Estado español (incluyendo sus gobiernos autonómicos) ha estado imponiendo toda una serie de políticas públicas que están dañando la calidad de vida y el bienestar de la población –y muy en especial de las clases populares- sin tener el mandato popular para su realización. Ninguna de estas políticas públicas estaba en su programa electoral. En realidad, en el caso del Gobierno Rajoy, su oferta electoral negó lo que ahora ha estado haciendo. Los Gobiernos españoles (y de una manera muy acentuada el Gobierno Rajoy) y la Generalitat de Catalunya, gobernada por CiU, están imponiendo políticas que, tal como documentamos en el nuevo libro “Lo que España necesita. Una réplica con propuestas alternativas a la política de recortes del PP” (Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón) cuenta con el rechazo de la mayoría de la población. Formalmente, sin embargo, podría aducirse (aunque con escasa credibilidad) que el Gobierno que llevaba a cabo tales políticas españolas implementaba por propia voluntad. Ahora bien, a partir del rescate, tal argumento ya es insostenible. No sólo en las áreas financieras, sino también en las áreas macroeconómica y fiscal, los que dictarán qué debe hacerse serán funcionarios de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional. En realidad, así lo han dicho y consta en sus declaraciones. El último informe de la Comisión Europea sobre España (que coincide con el último informe del FMI sobre nuestro país) lo deja muy claro: se exige la mayor profundización en la devaluación doméstica –que quiere decir bajar los salarios- y un mayor desmantelamiento del Estado del Bienestar, medidas todas ellas ampliamente rechazadas por la gran mayoría de la población. Todos estos hechos quedan bien definidos por la expresión “golpe de Estado”. El hecho de que los intereses bancarios y las entidades empresariales europeas, centrados en el capital alemán, no hayan utilizado ejércitos no niega lo apropiado del término. ‘Hoy en España se hace lo que el Gobierno alemán impone y la Comisión Europea dispone, medidas que se toman en colaboración con el Gobierno español, que no tiene mandato para realizarlas’. No hay duda de que el coste político de tal golpe para la legitimidad democrática del Estado español es enorme, situación que debería preocupar a todas las personas con sensibilidad democrática en nuestro país.
Tal coste político también será enorme para el partido gobernante, como muestran ya las últimas encuestas. Ahora bien, lo que considero también preocupante no es el declive del partido gobernante, sino la falta de cambio del partido en la oposición, el PSOE, que es quién tiene mayores posibilidades de gobernar de nuevo. Es frustrante ver que en el país, España, donde la crisis (junto con Grecia, Portugal e Irlanda) es más acentuada, las propuestas del partido de la oposición con posibilidades de gobernar de nuevo, continúan estancadas en el mismo plano conceptual que las políticas de Zapatero, causa del gran rechazo que tal partido recibió en las últimas elecciones. Una consecuencia de ello es que el descenso del PP no va acompañado del aumento del apoyo popular al partido socialista. Un tanto parecido ocurre en Catalunya, donde la coalición conservadora-liberal no ha descendido como lo ha hecho el PP debido a su habilidad y astucia política de ocultar el conflicto de clases bajo el conflicto de naciones, atribuyendo la crisis de las cuentas de la Generalitat al “expolio” por parte de España, olvidándose de que, aunque tal supuesto “expolio” se eliminara, Catalunya continuaría con el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15, resultado de la escasa contribución al Estado de las clases sociales y grupos financieros y económicos que los financian, apoyan y sustentan al partido gobernante.
Pero, igualmente frustrante en Catalunya es el continuismo de las políticas económicas y fiscales del PSC, habiendo visto en las últimas semanas, economistas de tal tradición política, como Josep Oliver, apoyar la política de recortes de gasto público realizadas por el Gobierno de la Generalitat, e incluso, ayer, Joan Majó, en la televisión catalana TV3, defender el rescate financiero. Es más que preocupante que la alternativa al Gobierno actual sea ésta. En un partido en que todas sus corrientes destacan la necesidad de abrirse a la sociedad, brilla su falta de apertura en temas económicos, en los que se excluye de sus debates sistemáticamente a economistas de sensibilidad socialdemócrata, críticos de su conservadurismo. Un tanto parecido ocurre a nivel del Estado con el PSOE. Hoy la socialdemocracia española está todavía enquistada en su socioliberalismo, causa de su derrota.
Algo está ocurriendo en la socialdemocracia en Europa, pero muy insuficiente. Sin desmerecer el valor que tendrá para las clases populares de la Eurozona la victoria socialista en Francia, el hecho es que su apoyo al Pacto Fiscal (medida que imposibilitará el desarrollo de la Europa Social) y su escaso compromiso con la política de crecimiento limita lo que debería ser (y todavía espero que sea) un paso importante en la urgente reforma progresista en la Eurozona. Hoy la gran esperanza es la Izquierda Griega, que es la primera con posibilidades de gobernar que ha criticado de frente las políticas de austeridad. Es improbable que gane, resultado del enorme dominio anti democrático de los eurócratas en la política doméstica de Grecia, imponiendo un miedo a la población que puede producir, como ha ocurrido en el referéndum en Irlanda, apoyo a las medidas de austeridad, apoyo, en realidad, inexistente en aquel país. Pero, con su pérdida, se habrá perdido la posibilidad de hacer un cambio profundo en esta zona monetaria abriéndose un enorme interrogante sobre el futuro de la Eurozona y de la Unión Europea.
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
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