Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 25 de junio de 2012
Este artículo cuestiona la sabiduría convencional en los círculos del establishment español que asume que un problema mayor de la economía española es su elevado déficit público y la gran deuda pública. El artículo cuestiona tal tesis, señalando que los recortes de gasto público, incluyendo gasto público social, son innecesarios y contraproducentes pues contribuyen a la recesión de la economía española.
En sus continuas reuniones con la canciller alemana Angela Merkel, el Presidente Rajoy ha acentuado que el objetivo principal de su gobierno es el de reducir el déficit público, y supeditará todas sus políticas públicas a conseguir tal objetivo. Tal postura asume que el mayor problema de la economía española es el endeudamiento del Estado español (sea éste central, autonómico o municipal), postura que fue también compartida anteriormente por el gobierno Zapatero. Ambos gobiernos han interpretado tal endeudamiento como la causa de que el país esté en recesión y que ahora esté estancado, dificultando su recuperación. De ahí su constante referencia a que “España no puede gastarse más de lo que tiene”, frase que, con distintas variaciones, ha ido repitiendo.
Los datos, sin embargo, no avalan tales tesis. Veámoslos. Si el déficit y la deuda pública hubieran sido la causa de la crisis financiera y económica que España padece (tal como muchos economistas neoliberales, incluyendo los financiados y/o próximos a Fedea), el Estado en este país habría tenido un enorme déficit público y una elevada deuda pública cuando comenzó la crisis, en 2007. Los datos, sin embargo, muestran que, en contra de tal tesis, cuando la crisis empezó, España tenía superávit en sus cuentas del Estado. España ingresaba al Estado 2.23% del PIB más de lo que gastaba. Y su deuda pública era equivalente a un 36,2% del PIB, una de las más bajas de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de riqueza que España), y muy por debajo de lo establecido por el Tratado de Maastricht (60% del PIB). En realidad, la deuda pública neta (que es la que debería utilizarse aunque nunca se utilice tal indicador) era sólo un 26,7% del PIB (la deuda neta es la deuda bruta menos los intereses que el Estado se debe a si mismo al incluir deuda pública poseída por diferentes ramas del Estado). No es cierto, por lo tanto, que la crisis se debiera a que el Estado se estaba gastando más de lo que tenía. El gasto público no era el problema, pues ni el déficit ni la deuda pública eran elevados. De ahí que las políticas de recortes de gasto público (incluyendo el gasto público social) no pudieran justificarse bajo el argumento de que nos gastábamos más de lo que teníamos. En realidad, el gasto público español (incluyendo el social) por habitante era y continúa siendo de los más bajos de la UE-15.
El crecimiento notable del déficit no se debió al aumento del gasto público, sino a la bajada de los ingresos al Estado resultado de la recesión y elevado desempleo, a lo cual contribuyeron los recortes de aquel gasto público. Fue el elevado crecimiento de desempleo (España ha tenido durante la crisis la tasa de crecimiento de desempleo más elevada de la OCDE después de EEUU e Irlanda) y consecuente descenso del nivel de ocupación y de la masa salarial lo que disparó el déficit público del Estado, alcanzando en 2009, sólo dos años después del inicio de la crisis, la cifra de -11,2% del PIB, y ello como consecuencia de que los ingresos al Estado, incluyendo el IRPF (los impuestos sobre la renta), proceden en su gran mayoría de las rentas del trabajo, y muy poco de las rentas del capital. Las políticas de recortes contribuyeron a la recesión. Si España hubiera crecido un 1,5% del PIB, el déficit habría disminuido más rápidamente que de la manera en que se ha intentado conseguir, es decir, a base de recortes. Resultado de tales políticas de austeridad (y devaluación doméstica conseguida a base de disminuir salarios), la economía no se ha recuperado y el déficit alcanzó en 2011 el 8,5% (es probable que, resultado de la ingeniería contable, fuera mayor) y la deuda pública el 68,5% del PIB (el 56,4% del PIB en su deuda neta).
Pero incluso estas cifras desfavorables en el caso del déficit público (aunque no inquietantes en el caso de deuda pública), son menos alarmantes de lo que se presentan y no deberían ser motivo de tanta preocupación. Según las proyecciones del FMI, la deuda pública en el 2017 será de un 80% del PIB, que es una cifra asumible, aunque existe el peligro que, resultado del rescate financiero, los 100.000 millones de euros aumenten esta deuda pública diez puntos más del PIB (90% del PIB).
Un tanto semejante ocurre en cuanto a los intereses de la deuda. De nuevo, según el FMI, España en 2011 pasará de pagar en intereses un 1,9% del PIB a un 3,9% en el 2017, cifra que no está fuera de lo común entre los países de la UE-15. Ni el déficit ni la deuda pública son un mayor problema. El que sí es un problema (que crea grandes incertidumbres entre los mercados financieros) es el escaso crecimiento económico y elevado desempleo. Éste es el mayor problema que tiene la economía española y que requiere una serie de intervenciones públicas que el gobierno Rajoy no está ni siquiera considerando. El gobierno debería estimular la economía y facilitar la creación de empleo, lo cual puede hacer sin que aumente el déficit público. En realidad, la reducción de éste debería conseguirse a base de aumentar el crecimiento económico y el descenso del desempleo. Y para ello deberían aumentarse los ingresos al Estado mediante reformas fiscales que permitieran ingresar más fondos al Estado para estimular la creación de empleo. Y ahí el espacio es enorme.
España tiene los recursos para crear empleo. Lo que ocurre es que no los recoge. Y no me refiero sólo al fraude fiscal (90.000 millones de euros), sino a las reducciones de impuestos que han estado ocurriendo en los últimos quince años y, muy en especial, en las rentas de capital y en las rentas superiores, reducciones que, como ha señalado el Fondo Monetario Internacional han sido responsables de más de la mitad del déficit estructural existente en España. El estado (tanto central como autonómico) podría hacer obtenido 2.100 millones de euros manteniendo el impuesto sobre el patrimonio, y 2.552 millones anulando la bajada del impuesto de sucesiones, y 2.500 millones revirtiendo la bajada de impuesto que se aprobó para las personas que ingresan más de 150.000 euros al año, y 5.300 millones eliminando la reducción de los impuestos de las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0.12% de todas las empresas) y/o 44.000 millones de euros anulando el fraude fiscal de las grandes fortunas y de las granes empresas citadas en la frase anterior y/o 6.900 millones de euros aplicando un impuesto finalista en Sanidad (como ha hecho Canadá) y/o 3.000 millones de euros gravando los beneficios bancarios (como ha aconsejado el FMI), y/o 1.000 millones haciendo pagar 5 euros más por cada pasajero que saliera de un aeropuerto español y(o casi 1.000 millones de euros pagando las multas de tráfico según el nivel de renta del infractor (como en Finlandia) y así un largo etcétera. Con estos fondos podría haberse creado empleo y con ello estimular el crecimiento del empleo, disminuyendo así el déficit. El que estas medidas no sean las que se tomen y en su lugar otras (recortes y más recortes) se impongan se debe a la creencia errónea de que el gasto público es el problema, y así estamos.
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
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