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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 8 de julio de 2013

Este artículo señala cómo se ha creado artificialmente una deuda que ha beneficiado exclusivamente al capital financiero y que no debería pagarse, y todavía menos a costa de los recortes de gasto público que se están realizando.

No hay plena conciencia a nivel popular de las causas de los recortes públicos, y ello como consecuencia de la timidez de los medios de mayor difusión a la hora de enfrentarse a la banca, a la cual deben gran cantidad de dinero. En el caso de que ustedes crean que estoy exagerando, les ruego que consideren los siguientes datos. Pero antes permítanme que explique que el argumento que se utiliza para recortar el gasto público es que el Estado (tanto central como autonómico) debe dinero a aquellas instituciones financieras que se lo han prestado.

La primera pregunta es ¿Por qué el Estado tiene que pedir prestado dinero cuando en realidad podría imprimirlo y crearlo? Hay suficiente papel en el país para imprimir tanto dinero como el Estado necesite. Esto es lo que ocurre en los países que tienen su propio Banco Central. Pero España no tiene un Banco Central. Lo que se llama Banco Central Europeo (BCE) no es un Banco Central, en realidad es un lobby de la banca como  he indicado en varias ocasiones. Lo que hace el BCE es imprimir dinero y se lo presta a intereses muy bajos (menos de un 1%) a la banca privada, en teoría para facilitar el crédito. Pero el crédito no existe ni se le espera. La banca privada tiene otras inversiones mucho más jugosas que le generan mucho más dinero, como es comprar bonos públicos del Estado español, que tienen unos intereses muy altos, del 5 al 6 y al 7%. Es el negocio del siglo. Y el Estado que necesita dinero queda endeudado hasta la médula. Como reflejaba el presupuesto para este año, el Estado español tiene que pagar en intereses nada menos que 38.590 millones de euros, que es el equivalente al 3,86% del PIB, una cantidad mayor que la de los recortes de gasto público en los servicios públicos del estado del bienestar (como sanidad y educación) que están haciendo tanto daño.

Pero la cosa es incluso peor. Las instituciones financieras poseen bonos públicos (que generan los intereses) y estos bonos tienen un periodo de expiración que el Estado tiene que pagar cuando termina el plazo. Pues bien, cuando se suman estas cifras (la de los bonos que expiran este años) a las anteriores, resulta que el Estado tiene que pagar este año un total equivalente a nada menos que un 19% del PIB. Esta es la cantidad que el estado tiene que pagar este año a las instituciones financieras (calculado por Eduardo Garzón en su blog).

¿Y quiénes son estas entidades? Pues la banca española es la que tiene el 38,74% de la deuda pública y la extranjera (en la que domina la alemana) tiene el 37,29%. Y a ellos va el dinero que se consigue a base de recortes. ¿Lo entienden? Naturalmente, la gente se enojaría si supiera esto. Y de ahí la creación de todo un aparato mediático para que la gente no se entere y acepte el argumento de que hay que recortar su sanidad, sus pensiones y una larga lista de transferencias y servicios públicos para que disminuyan el déficit y la deuda pública y así se dé confianza a los mercados financieros (es decir, a la banca) para que estos mercados les presten dinero al estado de nuevo. Hay toda una serie de instrumentos que promueven esta visión de la realidad, desde los mayores medios de desinformación a centros de estudios económicos como Fedea, financiada por la banca, la misma banca que aparece en los asuntos comerciales como la gran cuidadora del bienestar de la ciudadanía.

La ciudadanía comienza ya a ver que todo es una farsa, que se reproduce con la complicidad de la clase política gobernante y los medios. En realidad, es un problema de fácil solución, que consiste en que el Estado no tenga que pedir prestado a la banca privada, creando su propio Banco Central. De hecho, si España hubiera tenido su propio Banco Central, la deuda pública española sería en lugar del 84% del PIB, el 30%. ¿Se dan cuenta?

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