Article publicat per Vicenç Navarro a la columna “Dominio Público” al diari PÚBLICO, 12 de desembre de 2013
Aquest article intenta desfer algunes de les equivocacions que s’estan establint a ambdós costats de l’Ebre sobre el que ha passat a anomenar-se el “dret a decidir”, negant moltes de les interpretacions que s’han donat a aquest moviment. L’article assenyala l’enorme necessitat que formes de democràcia directa, como ara els referèndums, existeixin al llarg de tot el territori espanyol, apoderant les diferents nacions i pobles que conformen Espanya per decidir, a través de referèndums, temes que els afecten en el seu desenvolupament i futur. La no possibilitat que això tingui lloc a Espanya està creant unes tensions que perjudiquen seriosament les relacions interterritorials, conseqüència de la utilizació per part de forces polítiques d’un anticatalanisme vulgar i groller del qual històricament s’han beneficiat.
He estado viajando, y no ha sido hasta ahora que he tenido la oportunidad de leer el artículo “Los silencios de un debate político en el Teatre Joventut” (El Plural, 27.11.13) de Carlos Jiménez Villarejo, donde critica amistosamente a Joan Coscubiela, diputado de las Cortes Españolas, de ICV-EUiA y de Izquierda Plural, por apoyar el derecho a decidir en Catalunya, argumentando que este supuesto derecho no existe, pues tal derecho es una expresión del derecho de autodeterminación que solo tienen las colonias de un imperio, cosa que Catalunya nunca ha sido. Añade Carlos Jiménez Villarejo, además, que esta causa –la del derecho a decidir- está liderada por la derecha catalana, que ha dado sobradas muestras de insensibilidad social, como muestra su política de recortes de gasto público social, además de estar afectada por una corrupción generalizada, que se observa en muchos casos que están apareciendo con regularidad en los medios. Y termina su crítica a Joan Coscubiela añadiendo que los movimientos contestatarios al orden establecido deben realizarse a través de y respetando la Constitución española sin recurrir a estrategias políticas que incluyan la desobediencia civil.
No sé si Joan Coscubiela ha respondido, pero como defensor del derecho a decidir creo pertinente que indique por qué no estoy de acuerdo con la argumentación que Carlos Jiménez Villarejo utiliza en su oposición al derecho a decidir, oposición que ha manifestado en varios artículos y fórums, donde ha hecho siempre gran hincapié en la necesidad de seguir la Constitución, obedeciéndola en todos sus postulados.
Comenzaré indicando que tengo un enorme respeto y estima a Carlos Jiménez Villarejo, considerándole uno de los catalanes y españoles más insignes y que más ha mostrado su amor y dedicación a Catalunya y España a través de su excelente labor como jurista y voz crítica con las estructuras de poder heredadas del franquismo, y que se reproducen a los dos lados del Ebro. Catalunya y el resto de España le deben muchísimo por todo lo que ha hecho para mejorar la democracia tan limitada que tenemos. Y a nivel personal añadiría que si los acuerdos y desacuerdos pudieran cuantificarse, diría que en general estoy de acuerdo con él en el 95% de los grandes temas que afectan a nuestro país. Pero en su crítica al derecho a decidir de la población que vive en Catalunya y en los argumentos que utiliza en esta crítica, estoy en desacuerdo. Añadiré, además, que comprendo, debido a su profesión como jurista, su postura y su acérrima defensa de la Constitución y su mandato de que hay que acatarla. Pero es ahí también donde aparece el desacuerdo.
La desobediencia civil puede mejorar la democracia
Cuando una Constitución y una ley que esa Constitución ampara, impiden la expresión democrática de un sector importante de la población que desea expresar su parecer en un elemento de decisión que les afecta, entonces, por mero acto de coherencia democrática, dicha ley y dicha Constitución pueden y deben desobedecerse en última instancia cuando todas las otras vías se han agotado. Joan Coscubiela tiene razón al acentuar que muchos de los mayores avances en los sistemas democráticos se han hecho cuestionando leyes imperantes, cuestionamiento que puede incluir la desobediencia civil (cuando otros medios se hayan agotado) que han forzado el cambio de la Ley y/o de la Constitución. La coherencia democrática es distinta al respeto y obediencia a la ley. Y esta coherencia ha forzado cambios en las leyes y en la Constitución que las avala. Estados Unidos no tendría hoy un presidente negro si no hubiera habido un movimiento pro derechos civiles liderado por Martin Luther King que se hubiera opuesto por todos los medios no violentos posibles (incluida la desobediencia civil) a leyes profundamente antidemocráticas. Y en España, la clase trabajadora no tendría los derechos que hoy tiene (y que le están quitando) si no hubiera habido un movimiento obrero y sindical (en el cual nuestro amigo Coscubiela se distinguió) que hubiera desoído las leyes impuestas que impedían esos derechos, utilizando medios ilegales no violentos si era necesario. La desobediencia civil enriquece la democracia. Y es un atributo del comportamiento democrático, algo que los gobernantes actuales del Estado español parecen desconocer, recurriendo a una brutal represión mediante leyes que han sido correctamente definidas por varias instituciones europeas como antidemocráticas.
La sacralización de la Constitución y la baja calidad de la democracia en España
Bajo estos supuestos, creo razonable concluir que la Constitución española (independientemente de lo que diga la ley) no es la que define que una intervención sea democrática o no. En España la democracia, configurada por esta Constitución heredada de una transición muy inmodélica, es sumamente limitada y sesgada. Durante la transición de la dictadura a la democracia, las derechas continuaban controlando el aparato del Estado, además de la mayoría de los medios, mientras que las izquierdas, que lideraron el movimiento democrático, acababan de salir de la clandestinidad. Y la Constitución refleja este desequilibrio de fuerzas. Resultado de ello son las enormes limitaciones de la democracia, incluidos el enorme retraso social de España (España continúa a la cola del gasto público social por habitante de la UE-15, el grupo de países de semejante nivel de desarrollo al español) y la falta de aceptación del carácter plurinacional del Estado español. Y creo que sería un error confundir España con el Estado español, tema al cual haré referencia más tarde.
Como resultado de este dominio conservador, el derecho a decidir o democracia directa apenas existe en el Estado español, cuando debería ser ampliamente generalizado a lo largo del territorio español. La democracia directa y la utilización del referéndum deberían existir a todos los niveles del Estado –tanto central, como autonómico y local-. El sistema representativo español, sin embargo, limita dramáticamente este ejercicio democrático. Creo que la evidencia de ello es abrumadora, como muestro en mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. La democracia española se limita a la vía representativa, dentro de un sistema, además, muy poco proporcional que potencia el bipartidismo y que reduce la política al politiqueo entre elites partidistas. De ahí sus enormes limitaciones y pobreza democrática. Hay muy poca capacidad de decisión directa, vía referéndums por parte de la ciudadanía.
Creo que cualquier demócrata coincidirá en esta observación sobre las limitaciones de la democracia representativa española y escasas posibilidades que tiene la ciudadanía para participar en formas de democracia directa. Y creo que todo demócrata estará de acuerdo en la necesidad de desarrollar tal “derecho a decidir”. El punto a discutir es, pues, sobre qué temas se puede decidir y a qué nivel. Y la respuesta depende de la concepción que se tenga de España. Si uno considera España como una unidad político-administrativa compuesta por varias naciones, entonces parece obvio que cada nación debería poder expresarse sobre lo que desee y que le afecte como nación (incluyendo si desea ser parte de un sistema autonómico o un sistema federal, o quiere ser independiente). La propia coherencia democrática debería darle este derecho, derecho no reconocido por las leyes del Estado español. Para muchos catalanes, Catalunya es una nación y tiene, por tanto, el derecho a decidir si quiere continuar o no siendo parte del Estado español y, en caso afirmativo, cómo. Y naturalmente que en esta decisión las otras naciones y pueblos de España tienen que tener el poder de decidir sobre cómo relacionarse entre ellos, con Catalunya, y cómo se haría la Transición a una nueva relación con Catalunya, si hubiera cambios en esta relación. A la luz de esta postura, el hecho de que Catalunya no haya sido una colonia es un argumento legalista que creo tiene escaso peso para negar tal derecho a la población que vive y trabaja en Catalunya en caso de que la mayoría de esta población desee expresarse sobre su futuro. El origen de la demanda no surge de haber o no sido una colonia, sino de sentirse parte de un colectivo que siente una necesidad compartida de decidir sobre un tema que le atañe. ¿Por qué la petición del derecho a decidir (que, repito, debería tener cualquier comunidad autónoma y cualquier ayuntamiento que quisiera ejercerlo) se centra ahora en Catalunya, en su relación con el Estado español, y ello no ocurre, en cambio, en La Rioja? Y, ¿por qué la historia está llena de tensiones entre Catalunya y el Estado español? No hay otra parte de España, excepto el País Vasco, que haya experimentado siempre esta tensión.
Argumentos en contra del derecho a decidir en Catalunya
Frente a esta postura que acabo de explicar hay dos respuestas con las que discrepo. Una, la visión de España que niega su plurinacionalidad y se aferra a su definición del Estado de las Autonomías, que ha sido equiparado por varios autores (no por Jiménez Villarejo) a un sistema federal. Frente a la primera parte de esta postura, creo que hay suficiente información histórica que avala la tesis de que el Ejército y la Monarquía no permitieron este reconocimiento de España como un Estado plurinacional. Así lo han dicho varios protagonistas de aquel periodo de transición, siendo el último ejemplo las declaraciones del ex Presidente Felipe González en la última entrevista en El País (06.12.13). Implícito en su declaración estaba el reconocimiento de que ni el Ejército ni la Monarquía habrían permitido cualquier otra forma de Estado que la que se estableció. ¿Por qué, pues, insistir en que la Constitución representa la voluntad de todos cuando estuvo condicionada por su aceptabilidad por parte del Ejército, que era el sucesor del Ejército que se sublevó? Y no olvidemos que la respuesta del Estado español al fallido golpe militar del 1981 prueba lo que estoy diciendo. Hay múltiples ejemplos de ello. Uno de ellos es que el PSC tuvo que dejar de tener su propio grupo parlamentario para pasar a ser, en la práctica, una rama del PSOE.
En cuanto a homologar el Estado de las Autonomías con un estado federal, tengo que concluir que los que apoyan esta tesis no conocen o no han vivido en sistemas federales. Yo he vivido en varios de ellos, resultado de mi largo exilio, y me parece profundamente erróneo hacer tal homologación. En realidad, el Estado de las Autonomías se hizo para evitar un sistema federal que incluyera varias asimetrías (que no quiere decir, como siempre se interpreta, desigualdades interterritoriales).
El derecho a decidir no es equivalente a la llamada a la Secesión, y el movimiento que lo apoya no es un movimiento de derechas
La otra postura, común ahora en Catalunya, es creerse que derecho a decidir es idéntico a pedir el derecho a la independencia. Esto es un error, promovido interesadamente por aquellos que quieren reducir el derecho a decidir al derecho a independizarse. El segundo presupone el primero. Pero el primero no presupone el segundo. Enfatizando el segundo (el derecho a independizarse) se están cargando el primero (el derecho a decidir), que para mí es lo más importante. Derecho a decidir es derecho a escoger, y se niega este derecho cuando ya se ofrece la independencia como la única alternativa posible. Esto es una violación de la propia coherencia democrática. Es una postura antidemocrática que está debilitando lo que es más importante, y es que a Catalunya se la reconozca como nación que pueda tener el derecho a decidir sobre lo que quiera (incluyendo la independencia), y no solo sobre una alternativa dada a priori por partidos independentistas o simpatías independentistas.
Un dato clave es que todas las encuestas creíbles muestran que alrededor del 80% de los catalanes desean ejercer el derecho a decidir. Y la mayoría de esta población no es de derechas. De hecho, han sido las izquierdas catalanas las que históricamente fueron más sensibles y lideraron este derecho a decidir, llámese como se llame. Nací en el seno de una familia de izquierdas que pagó un elevado coste por su compromiso con la libertad de Catalunya y de España. Y mamamos desde pequeños el derecho de Catalunya a decidir su articulación con España, por la cual miles de catalanes lucharon y dieron su vida. Muchos familiares y conocidos de mi generación tienen en sus ataúdes una bandera republicana y una bandera catalana. Y hacen bien las izquierdas en continuar exigiendo el derecho a decidir, no solo sobre la articulación de Catalunya con el Estado español, sino sobre todo lo demás, tal como defienden Joan Coscubiela, ICV-EUiA y el PSC (así consta en su programa electoral) y, en España, también IU. En realidad, según las últimas encuestas publicadas en El Periódico de este domingo (08.12.13), la mayoría de españoles también está de acuerdo con el derecho a decidir de Catalunya, siendo el porcentaje incluso mayor entre los votantes de partidos de izquierda.
Es cierto que las derechas nacionalistas están intentando liderar este movimiento, con la ayuda de ERC. Ahora bien, como bien decía Gramsci, el que controla la bandera, controla la hegemonía ideológica de un país. Lo que la izquierda debería haber hecho fue nunca abandonar su lucha por el reconocimiento de Catalunya como nación, presentándose herederos de la resistencia antifascista comunista, socialista y anarcosindicalista denunciando el falso patriotismo o catalanismo de las derechas que queda al descubierto con sus políticas públicas neoliberales, que están dañando enormemente a las clases populares, que son la mayoría del pueblo catalán. Dejar el terreno nacional a las derechas y centrarse solo en lo social es perder ya en el terreno político y electoral. Las izquierdas fueron durante la lucha antifascista las que identificaron lo nacional con lo social. Separarlo ahora es, además de renunciar a su pasado, cometer un suicidio.
El derecho a decidir en Catalunya no es antiespañol, aunque las derechas españolas están intentando presentarlo como tal
Pero la situación va incluso más allá. Hay millones de españoles que no creen que el Estado español los represente tampoco. No hay que confundir España con el Estado español, como muy bien lo detectó el movimiento 15-M. Su acertado eslogan “no nos representan”, es ampliamente compartido por la mayoría de la población española. La mayoría de los españoles no se sienten representados por las instituciones representativas españolas, comenzando por las Cortes españolas. Esta protesta generalizada está bien fundamentada, pues los datos muestran claramente que las políticas que se están aplicando, tanto por las Cortes españolas como por el Parlament de Catalunya, no tienen ningún mandato popular. Es difícil presentar ese Estado como representante de los intereses de la población española, incluyendo la catalana. Y un tanto parecido ocurre con el gobierno catalán. Este Estado español, fruto de una transición inmodélica, creó un Estado que las fuerzas conservadoras continúan dominando. Hoy tanto el gobierno español y las Cortes españolas como el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Catalunya están llevando a cabo políticas que no tienen ningún mandato popular.
Es un síntoma de salud democrática que la gente se rebele y quiera sustituir este Estado por otro auténticamente democrático, tanto en España como en Catalunya. Pero ello no ocurrirá desde arriba, desde las élites que dominan el Estado. Ello requerirá mucha agitación y, probablemente, también desobediencia civil desde abajo. En realidad, todos los pueblos y naciones de España tendrían que decidir si este es el Estado que desean (por referéndums populares). Creo que en la mayor parte del territorio español la respuesta sería desfavorable a mantener tal Estado. En este aspecto, la realización del derecho a decidir en Catalunya podría ayudar a estimular una reflexión a nivel de otras naciones y pueblos que constituyen España para alcanzar una Segunda Transición. Hoy, lo que estamos viendo es que el movimiento pro derecho a decidir catalán está agitando a los establishments políticos y mediáticos catalanes y españoles. Estos últimos tienen temor a que el derecho a decidir se extienda a toda España. De ahí el estímulo por parte de las derechas a reavivar el anticatalanismo, que intenta sea rentable políticamente. Catalunya, en su rechazo a este Estado puede ayudar a que se explicite el rechazo al Estado español de la mayoría de la ciudadanía, exigiendo otra transición y otro Estado o Estados.
Este, repito, es el gran temor de la estructura de poder que controla hoy el Estado español, y que están por todos los medios intentando estimular la confrontación entre Catalunya y España. De ahí la necesidad de establecer lazos de camaradería, fraternidad y colaboración entre aquellos que están hartos del Estado derechista, heredero del anterior, y los que también estamos hartos de la Catalunya oficial que tampoco nos representa. La ciudadanía a ambos lados del Ebro, tiene el derecho a decidir sobre qué Estado o Estados desean en un contexto distinto al que operaba en 1978, cuando el Ejército y la Monarquía dictaron qué podía o no hacerse en este país. Las continuas resistencias y rigideces de los establishments políticos y mediáticos españoles y su insensibilidad democrática son los responsables de las enormes tensiones que se están disparando. Las izquierdas, que siempre lideraron la lucha por la democracia en este país, no pueden contribuir a ello. Seguro que mis amigos Carlos Jiménez Villarejo y Juan Coscubiela están de acuerdo en ello.
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