Article publicat per Nacho Álvarez a la revista LA CIRCULAR, hivern de 2015.
Aquest article analitza des d’un punt de vista acadèmic i científic algunes de les propostes que els Professors Navarro i Torres realitzen en el document “Un proyecto económico para la gente”.
El pasado mes de noviembre, Vicenç Navarro y Juan Torres, catedráticos de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla respectivamente, hicieron público el documento Un proyecto económico para la gente. Respondían con ello a la petición que Podemos les hizo consistente en elaborar una propuesta de política económica alternativa a la implementada en nuestro país en los últimos años. Tanto Podemos como los propios autores fueron transparentes en su planteamiento: las propuestas planteadas no debían ser interpretadas como “el programa económico” de Podemos. Se trataba, más bien, de un documento que debía servir para abrir un debate honesto sobre las prioridades políticas de un gobierno que pretenda no sólo salir de la crisis, sino hacerlo además garantizando la equidad, el bienestar y la calidad de vida de la gente. Sin embargo, este ejercicio de honestidad intelectual no ha sido correspondido ni por los actores políticos, ni por buena parte de los medios de comunicación, ni por el entorno académico. Así, en lugar de un debate franco y sosegado sobre el fondo de las propuestas, el fundamentalismo ideológico y político que impregna la discusión económica en nuestro país ha impedido dicha discusión.
El documento de Torres y Navarro, a pesar de su rigor y calidad, ha sido tildado de forma recurrente de poco realista e inconsistente, siendo incluso denostado injustamente en otras tantas ocasiones. Se ha tratado de transmitir al gran público la impresión de que las propuestas contenidas en dicho documento resultaban extemporáneas e impracticables. Y, sin embargo, cuando uno bucea mínimamente en la literatura científica que sustenta buena parte de las propuestas realizadas por los autores, rápidamente puede comprobar cómo las políticas planteadas están ampliamente respaldadas por la comunidad académica.
Analizaremos en este artículo el respaldo académico y la consistencia científica de algunas de las propuestas realizadas por Navarro y Torres. Nuestra intención no es la de ser exhaustivos en dicho examen —cosa que resultaría imposible dada la enorme cantidad de ideas que el documento contiene—, sino la de centrar el debate en algunas de las propuestas más sustantivas. En concreto, revisaremos cuatro grandes propuestas del documento: la necesidad de una política fiscal expansiva, la conveniencia de un significativo crecimiento salarial, la posibilidad de avanzar en una reestructuración de la deuda y la voluntad de progresar hacia la sostenibilidad de nuestro modelo productivo.
A diferencia de lo que han venido implementando los gobiernos europeos y la troika, Navarro y Torres consideran que en un momento de crisis como el actual la política fiscal no puede ser contractiva. La austeridad debe terminar, y debe dar paso a una expansión de la inversión pública y de los servicios vinculados a la consolidación del estado de bienestar.
La política de austeridad impuesta por la troika tiene una fundamentación académica y teórica ciertamente controvertida: la denominada “austeridad expansiva”, desarrollada por autores como Alesina y Ardagna. Según esta caracterización, una drástica reducción del gasto público en el contexto de la crisis permitiría —supuestamente— “sanear” la economía y restablecer las condiciones para volver a crecer, en la medida en que la consolidación fiscal estimula la demanda privada de inversión al transmitir a los empresarios expectativas de estabilidad de precios y tipos de interés. La realidad ha demostrado, sin embargo, el fracaso de este planteamiento.
Han sido muchos los economistas que han argumentado que en un contexto de recesión como el actual, en el que hogares y empresas se encuentran altamente endeudados, sólo el sector público tiene capacidad para actuar transitoriamente como motor de la economía. Entre las personalidades que han insistido en la necesidad de un aumento del gasto público que permita impulsar la demanda agregada se encuentran los premios Nobel Joseph Stiglitz y Paul Krugman, figuras de la talla de Bradford DeLong, Paul De Grauwe o Andrew Watt, y profesionales vinculados al mundo de los negocios, como es el caso del taiwanés Richard Koo, economista jefe del banco Nomura. La evidencia científica es tan aplastante que hasta el propio FMI reconoció en su informe Perspectivas de la economía mundial 2012 que durante años infravaloró el efecto de los llamados “multiplicadores fiscales”: en realidad, los recortes en el gasto público se traducen en reducciones del PIB superiores a la magnitud de dichos recortes.
Resulta innegable que una política expansiva del gasto y la inversión pública no resuelve los enormes desafíos económicos que tenemos ante nosotros. Sin embargo, resulta también evidente que esta política constituye una condición sine qua non para salir de la crisis y, particularmente, para hacerlo garantizando cuestiones tan importantes como la creación de empleo, la equidad, los derechos sociales o la modernización de nuestro modelo productivo.
Navarro y Torres también plantean en su documento otro eje importante de actuación para salir de la crisis: favorecer el crecimiento de los salarios. Esta propuesta rápidamente ha sido tildada de contraproducente por los economistas ortodoxos, al considerar que conllevaría una inmediata pérdida de competitividad de nuestra economía y, con ello, una destrucción de empleo.
No obstante, cuando uno repasa el intenso debate científico que en este momento tiene lugar entre economistas —particularmente europeos— sobre esta cuestión, se puede comprobar que el efecto positivo de la subida de los salarios sobre el crecimiento y la creación de empleo es una realidad que goza de un enorme respaldo empírico en la literatura especializada. Así, los trabajos de estudiosos como Engelbert Stockhammer, Ozlem Onaran o Eckhard Hein —reconocidos economistas postkeynesianos— revelan que una subida salarial tendría un doble efecto en cualquier economía. Por un lado, podría perjudicar, efectivamente, la competitividad de los productos de una economía en el extranjero1. En cambio, dicho incremento tendría una repercusión positiva sobre la demanda de consumo y, con ello, sobre la demanda de inversión de las empresas. ¿Cuál de los dos efectos pesa más? Como demuestran la mayor parte de los estudios científicos, y como hemos comprobado en los países periféricos después de varios años de aplicación de las políticas de “devaluación salarial”, las escasas ganancias exportadoras que se derivan de una reducción de los salarios son ampliamente contrarrestadas por el impacto negativo que el hundimiento de la demanda interna tiene sobre el crecimiento y la creación de empleo. Todo hace pensar por tanto que es perfectamente viable eso que la literatura especializada ha denominado wage-led growth (crecimiento impulsado por los salarios).
El documento de Torres y Navarro aborda una tercera cuestión, transcendental hoy día en la zona euro: la necesidad de reestructurar las deudas en los países periféricos, tanto las deudas públicas como las privadas. Si al analizar esta cuestión uno se quedase únicamente con los titulares de la prensa generalista, o con las declaraciones hechas por la mayoría de las fuerzas políticas, cabría pensar que toda reestructuración de la deuda debe ser interpretada como el preludio del caos. Y, de nuevo, también en este debate son muchos los economistas —algunos de muy reconocido prestigio— que consideran que dicha reestructuración es inevitable si se quiere favorecer una verdadera recuperación económica.
Así, por ejemplo, Carmen M. Reinhart y Kenneth Rogoff, profesores de Harvard y economistas del FMI, han señalado en diversos trabajos la necesidad de acometer un proceso de reducción de la deuda para posibilitar la recuperación del crecimiento y el empleo. Los instrumentos que estos economistas contemplan son diversos: rebaja en los intereses a pagar, carencias y aplazamientos en las amortizaciones, quitas de deuda o lo que ellos llaman “represión financiera”, que consiste en una suerte de mix de política económica caracterizado por combinar tipos de interés negativos, controles de capitales, creación de un mercado cautivo de deuda pública, intensa regulación del sector financiero y moderada inflación.
De hecho, el debate académico más interesante con relación al problema de la deuda no es tanto el que tiene lugar entre quienes contemplan algún tipo de reestructuración frente a quienes defienden que ésta no tenga lugar. El debate más provechoso es el que se adentra en cómo debería ser dicha reestructuración y reducción de la deuda en las economías europeas. Así, por ejemplo, Pierre Pâris (consejero delegado del Banque Pâris Bertrand Sturdza) y Charles Wyplosz (director del International Centre for Money and Banking Studies) publicaban en 2014 un interesante plan para mutualizar las deudas en la zona euro —el llamado plan PADRE—, similar, en buena medida, a la propuesta publicada algunos años antes por Yanis Varoufakis y Stuart Holland. Por otro lado, dos conocidos economistas portugueses, Francisco Louça y Ricardo Cabral, llegaban recientemente a la conclusión de que, dada la intransigencia del gobierno alemán, cualquier plan de mutualización de la deuda está abocado al fracaso. Según estos economistas, sólo las reestructuraciones unilaterales parecen cobrar sentido como vía para avanzar hacia la reducción de la deuda en los países periféricos.
Una última línea de intervención que el documento de Torres y Navarro plantea es la relativa a la sostenibilidad. Aunque el principal problema de la economía española es sin duda el desempleo, Navarro y Torres apuntan en su propuesta que las medidas que se tomen para salir de la crisis deben ser coherentes con garantizar la sostenibilidad, lo que entraña una reducción sostenida —y urgente— de las emisiones de dióxido de carbono.
Este ha sido quizá uno de los aspectos que menos atención ha generado del documento de Navarro y Torres, y, sin embargo, su importancia no es menor. Cuando ellos señalan que “algunas actividades deberán decrecer porque su gasto de energía y materiales es insostenible”, se están haciendo eco de uno de los grandes consensos internacionales que se ha desarrollado en el seno de la economía ecológica en los últimos años. En España, economistas como José Manuel Naredo u Óscar Carpintero han desarrollado interesantes estudios al respecto, constatando el carácter depredador de nuestro modelo productivo, su insostenibilidad medioambiental y la necesidad de que el crecimiento y la creación de empleo en el futuro tomen en consideración los límites físicos de la naturaleza.
Además, hay que señalar que el documento de Navarro y Torres integra con solvencia las cuatro dimensiones señaladas —al igual que otras muchas no analizadas aquí, como la necesidad de una reforma impositiva o la conveniencia de una banca pública—. La secuencia sería la siguiente: una reestructuración de la deuda debería permitir liberar recursos para propiciar una expansión del gasto público en aquellas dimensiones históricamente subfinanciadas de nuestro Estado de bienestar. Este crecimiento, centrado en sectores de servicios a la población y por tanto con un impacto ecológico limitado, debería permitir crear empleo sin comprometer la sostenibilidad medioambiental. Es más, la inversión pública debería ser el motor que permitiese que el Estado liderase la transición hacia un nuevo modelo productivo más descarbonizado y energéticamente más eficiente. Esta iniciativa debería acompañarse, además, de un cambio en los patrones de consumo de la población, para evitar que la recuperación de la capacidad adquisitiva de los hogares comprometa la senda de la descarbonización.
Después de una lectura sosegada del documento de Navarro y Torres, así como de una confrontación de dicho documento con la realidad académica, uno llega inevitablemente a la conclusión de que no estamos ante un documento extemporáneo, sin base científica, o que defina un marco inasumible para la política económica. Bien al contrario, hablamos de un documento sólidamente sustentado en la literatura especializada, que merece cuando menos el respeto intelectual de ser discutido —y rebatido, si fuese el caso— honestamente. Ojalá los economistas mainstream en España fuesen tan respetuosos como para no orillar ni desprestigiar —en ocasiones de forma bochornosa— discusiones de una enorme trascendencia económica y social que en el resto de países avanzados se pueden mantener con el rigor y la seriedad que merecen.