Article publicat per Vicenç Navarro a la columna “Dominio Público” al diari PÚBLICO, 24 de setembre de 2015.
Aquest article qüestiona un gran nombre d’asseveracions que s’estan fent en la campanya electoral, les quals contenen un gran nombre de falsedats, procedents dels dos pols de l’espectre polític.
Uno de los temas que han centrado el debate que está ocurriendo durante el proceso electoral en Catalunya es el tema de la viabilidad de las pensiones públicas en Catalunya en caso de que se separara de España. Portavoces del independentismo como Artur Mas, presidente del partido liberal CDC (que gobierna la Generalitat de Catalunya) y Oriol Junqueras, presidente del partido independentista ERC, han afirmado que en una Catalunya independiente las pensiones catalanas, como consecuencia de que los cotizantes de la Seguridad Social catalana dejarían de subsidiar a los pensionistas no catalanes, podrían aumentar nada menos que un 20%, afirmación que han ido repitiendo con gran contundencia en las últimas semanas de la campaña. Por el otro lado, los portavoces de las derechas españolas, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, han intentado frenar el crecimiento del independentismo indicando que una Catalunya independiente no podría pagar las pensiones, afirmación que comprensiblemente asusta a los pensionistas catalanes.
En realidad, ambas posturas están no solo profundamente equivocadas, sino que son fruto probablemente de la enorme ignorancia de sus defensores, que desconocen cómo funciona y cómo se financia la Seguridad Social. Quiero aclarar que no estoy acusándoles de que estén mintiendo (para mentir hay que conocer la verdad, que estoy seguro desconocen), sino que la información que se les está proveyendo por sus asesores son resultado de una manipulación o de una enorme ignorancia. Asumiré que es lo último, pues cometen errores que son ampliamente cometidos no solo en la prensa, sino también en revistas académicas. Así, confunden el número de pensiones con el número de pensionistas (un pensionista puede estar recibiendo varias pensiones) y cotizantes con personas que trabajan cotizando a la Seguridad Social, ignorando que personas que no trabajan, pero que reciben fondos públicos, por ejemplo, a través del seguro público de desempleo, también cotizan a la Seguridad Social. Pero además de estos errores, se ve que sus asesores económicos, llevados por su entusiasmo electoralista, no han leído correctamente las cifras de la Seguridad social.
Los datos no confirman lo que están diciendo los independentistas catalanes. Veamos, pues, el estado actual de las pensiones en Catalunya y en España. Según los últimos datos disponibles, procedentes de la Intervención General de la Seguridad Social (información Presupuestaria y Financiera, estadísticas de la Seguridad Social, del último año 2014, en el que tales cifras están disponibles), el gasto de las pensiones contributivas en Catalunya fue de 19.973 millones de euros, representando el 19,1% de todo el gasto en pensiones contributivas en España (104.701 millones). Los ingresos por cotizaciones sociales en aquel año (por cotizantes que cotizan en Catalunya) fue de 17.178 millones, que representa el 19,1% del total de ingresos por cotizaciones sociales (89.709 millones). Estos datos muestran que los ingresos representan el 86% del gasto en pensiones contributivas, porcentaje que es prácticamente el mismo que el que se registra a nivel de toda España (85,7%). No hay, pues, ningún subsidio o transferencia de Catalunya a España que pudiera ahorrarse para mejorar las pensiones en Catalunya. En ambos casos, el déficit es cubierto por el Fondo de Reserva, que ha ido descendiendo debido primordialmente al enorme deterioro del mercado de trabajo, debido, en parte, a las sucesivas reformas laborales aprobadas por el partido liberal CDC que preside la Generalitat de Catalunya, con el Sr. Artur Mas, así como por el gobierno del Partido Popular presidido por el Sr. Rajoy y, antes, por el gobierno socialista del Sr. Zapatero. Todas estas reformas han causado un gran descenso de los salarios (y, por lo tanto, de las cotizaciones sociales) y que han destruido mucho empleo (más de 231.000 puestos de trabajo solo en los dos primeros años del segundo mandato del Presidente Mas), reduciendo así el número de cotizantes.
En cuanto a los cotizantes, estos incluyen todos los que están en el mercado de trabajo, bien estén ocupados o bien reciban alguna transferencia pública que exija cotización. Como indiqué antes, una persona que está en el paro y que recibe una cantidad de su seguro de desempleo, cotiza también a la Seguridad Social. En Catalunya hay 3.083.289 personas trabajando (ocupadas), que representan el 17,9% del número total de cotizantes en España (17.256.395). Por otra parte, el número de pensiones contributivas fue de 1.666.603 en Catalunya y de 9.293.958 en España, lo cual quiere decir que la relación número de cotizantes por pensión contributiva fue en 2014 de un 1,85 en Catalunya y un 1,86 en España, que es una relación casi idéntica. Si al número de cotizantes ocupados añadimos las cotizaciones de las personas en paro (cotizantes no ocupados) que reciben prestaciones del seguro de desempleo (y que cotizan a la Seguridad Social), y en lugar de considerarse el número de pensiones, consideramos el número de pensionistas (como he dicho antes, un pensionista puede recibir varias pensiones, como ocurre con 950.000 pensionistas), entonces la relación de cotizantes (ocupados y no ocupados) por pensionista es de 2,26, que es bastante uniforme a través del territorio español, incluyendo Catalunya. El ratio cotizante pensionista no es, como se ha estado indicando, superior en Catalunya que en el resto de España.
En cuanto al tamaño de la pensión media de jubilación, en Catalunya era de 1.035 euros, que es el 101,47% de la pensión media en España, 1.020 euros. Si incluimos todo tipo de pensiones (jubilación, invalidez, viudedad, orfandad y ayuda a las familias), el valor medio es en Catalunya de 918 euros, y en España de 886 euros. El hecho de que el promedio sea un número inferior al de la pensión de jubilación se debe a que las otras pensiones son mucho más bajas, y por lo tanto la suma de pensiones dividida por el número de pensionistas es más baja. Podemos ver, por lo tanto, que la situación en Catalunya es muy semejante a la del resto de España, tanto en sus cotizaciones como en sus beneficios, estando ambos lados del Ebro en situación deficitaria. Los fondos provenientes de las cotizaciones cubren el 86% del gasto, no el 100%.
Estos datos muestran que la aseveración hecha por los independentistas, que sostienen que Catalunya está pagando las pensiones (que, además, se presentan erróneamente como superiores) de los pensionistas españoles, no es sostenible en base a los datos.
¿Son las pensiones públicas viables en Catalunya?
Por otra parte, la aseveración de que el sistema de pensiones en la Catalunya independiente no sería viable, tampoco es creíble. Ahora bien, dicho esto, conviene aclarar que su viabilidad podría disminuir por el mero hecho de que, al disminuir el tamaño del país, y por lo tanto del sistema de reparto (donde los cotizantes actuales pagan las pensiones de los pensionistas actuales), se aumenta la posibilidad de amplios vaivenes en el número de cotizantes que podrían derivar en un sistema más inestable. Entre los expertos en temas de la Seguridad Social es conocido que cuanto menor sea el denominador –es decir, el tamaño total de la población cotizante- mayor es el riesgo de inestabilidad en las variaciones en el mercado de trabajo, y por lo tanto en la viabilidad del sistema de pensiones públicas (el numerador).
Frente a este riesgo, algunos economistas de sensibilidad liberal (e incluso ultraliberal, como el omnipresente Sr. Sala i Martín, el gran gurú económico de CDC) que son promovidos por los mayores medios de información, incluidos los mayores medios de comunicación de la Generalitat de Catalunya, TV3 y Catalunya Ràdio, han sido críticos con los sistemas de reparto, enfatizando en su lugar los sistemas de capitalización, es decir, que cada ciudadano se haga su propio seguro de pensiones, acumulando fondos (que incrementados en teoría por la rentabilidad de sus inversiones pueden tener mejores resultados, y por lo tanto, pensiones). Por regla general, tales autores se refieren a los sistemas de pensiones basados en la capitalización (como el que existe en Chile, establecidos por la dictadura del General Pinochet) como mejores que los basados en el sistema de reparto.
La evidencia científica, sin embargo, no apoya tales supuestos. En realidad, la reciente crisis financiera (que todavía no se ha resuelto) ha afectado muy negativamente a estas pensiones individuales y privadas, creando grandes dramas humanos. De ahí que el sistema de capitalización, donde cada persona es responsable de acumular los fondos para pagar más tarde su jubilación, sea un sistema de elevado riesgo. La evidencia acumulada durante estos últimos treinta años muestra que el sistema de reparto es mejor, pues el posible riesgo se diluye con el elevado número de cotizantes actuales y potenciales. Ahora bien, a menor el número total de cotizantes (al disminuir el tamaño de la población, en caso de que Catalunya se independizara) mayor podría ser su inestabilidad, consecuencia de una mayor variabilidad. La existencia de sólidos planes de Seguridad Social en países pequeños, como Suecia o Dinamarca, parecería, sin embargo, negar dicho riesgo. Ahora bien, hay que ser conscientes de que los salarios, el número de asalariados y el gasto público social en aquellos países son mucho mayores que en Catalunya y en España.
La importancia del nunca citado contexto político
Lo cual me lleva a tocar un tema clave que nunca se toca y que determina la viabilidad no solo de las pensiones públicas sino de todo el Estado de Bienestar. El argumento del pensamiento liberal dominante asume que las transferencias –como las pensiones– y los servicios públicos –como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, y vivienda social, entre otros– del Estado del Bienestar, ya no son sostenibles por falta de dinero público. Pero tal argumento carece también de credibilidad (ver mi último libro, Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante, Editorial Anagrama, 2015). Y el caso de las pensiones es un claro ejemplo de ello. Los ingresos a la Seguridad Social dependen primordialmente de la distribución de las rentas en un país –el tema tabú en el pensamiento económico liberal dominante. Catalunya y España son países sumamente desiguales (de los más desiguales en la UE-15, el grupo de países de semejante desarrollo al nuestro) debido a que las rentas del trabajo representan un porcentaje bajo y descendiente de todas las rentas del país, mientras que el porcentaje que las rentas del capital representan sobre la renta nacional es de los más altos de la UE-15. Ello es resultado de que los salarios son bajos y el número de asalariados es también bajo. Esta situación se presenta, por cierto, en todos los países –como Catalunya, Grecia y Portugal– donde las fuerzas conservadoras y liberales (lo que a nivel popular se llaman las derechas) han dominado sus Estados. Y puesto que la mayoría de ingresos al Estado (y a su Seguridad Social) proceden del mundo del trabajo, se entiende que al ser las rentas del trabajo bajas, los ingresos a la Seguridad Social también sean bajos (en España, los ingresos a la protección social representan un 24,4% del PIB).
En el norte de Europa, sin embargo, donde las izquierdas han sido fuertes, las rentas del trabajo representan un porcentaje de todas las rentas muy superior al que representan en el sur de Europa, y por lo tanto los ingresos a la Seguridad Social son mucho mayores (en Suecia un 32,2% del PIB, y en Dinamarca un 37,1%).
De ahí que la viabilidad del sistema de pensiones de la Catalunya independiente dependería de si se redujeran las desigualdades de renta o no, lo cual dependería de variables políticas, es decir, de la fuerza política que dominara la Transición a la nueva Catalunya. La historia del partido gobernante de la Generalitat, el partido liberal CDC (que la ha liderado en el 80% del periodo democrático) no parece mostrar una vocación correctora de las enormes desigualdades de renta en Catalunya. En realidad, las políticas públicas de la Generalitat de Catalunya tienen un impacto redistributivo muy menor. Y es ahí donde la viabilidad de las pensiones en la futura Catalunya dependería de quién dominara la Transición a esta Catalunya independiente, y del gobierno que se estableciera, un tema ocultado por los independentistas bajo el argumento de que “ahora ganemos la independencia y luego ya decidiremos”. Esta línea argumental ignora que aquel que domine la Transición (que estaría gobernada, según aprobado en la coalición Junts pel Sí, por el partido CDC) dominaría el nuevo Estado. Y ahí el sistema público de pensiones bajo un gobierno liberal podría peligrar. En realidad, ha sido el dominio de partidos conservadores, liberales y socioliberales los que explican que tanto Catalunya como el resto de España sean países muy desiguales, con escasos ingresos al Estado (incluyendo la Generalitat de Catalunya), y con pensiones que pueden estar en peligro, y muy en especial en Catalunya, donde la estabilidad financiera del sistema de pensiones podría incluso estar en peor situación debido a la reducción del sistema.