Article publicat per Vicenç Navarro a la columna “Pensamiento Crítico” al diari PÚBLICO, 13 d’octubre de 2017.
L’article fa una crítica de l’estratègia seguida pels partits independentistes a Catalunya, que ha estat en parte responsable de la crisi política a Catalunya i a Espanya. Tot i reconèixer que la responsabilitat primera radica en el govern Rajoy, és necessari també analitzar críticament el que ha fet Junts Pel Sí, que en el seu intent d’assolir la independència exprés ha creat problemes greus per a la població catalana i per a les institucions de govern de la Generalitat.
Catalunya está viviendo la mayor crisis social, política, y pronto veremos la económica, que haya existido en la época democrática. He mostrado con detalle en otro artículo las dimensiones de la gran crisis social en Catalunya, la mayor en este siglo y finales del anterior (“El mayor problema que tiene hoy Catalunya del cual no se habla: la crisis social”, Público, 30 de junio 2017). Y a esta crisis social se le ha añadido la enorme crisis política en la que las instituciones de la Generalitat eran intervenidas por el Estado central, con la posibilidad (que tiene elevada probabilidad) de que se reduzcan todavía más las capacidades de decisión y gestión de las instituciones públicas de Catalunya por parte del Gobierno catalán. Por otra parte, el temor de que las grandes tensiones políticas que están ocurriendo en Catalunya afecten a las grandes empresas basadas en Catalunya ha determinado una huida masiva de muchas empresas, desplazándose a otras partes de España, creándose con ello la crisis económica.
Ni que decir tiene que la mayor responsabilidad de lo que ocurre en Catalunya se debe a las políticas desarrolladas, aplicadas e impuestas por el Estado central español, gobernado por el Partido Popular liderado por el Sr. Mariano Rajoy. Ahora bien, sin implicar una igualdad de responsabilidades o equidistancia de razones, el hecho es que el gobierno de Junts Pel Sí, es también, responsable de cada una de estas crisis, hecho que, aun cuando se acentúa (e incluso se exagera) en los medios basados en Madrid, se ignora en gran número de los medios basados en Barcelona, controlados (los públicos), y altamente influenciados (los privados debido a generosas subvenciones públicas) por el gobierno independentista de la Generalitat de Catalunya. Puesto que ya he analizado críticamente el Estado central y el gobierno Rajoy en otros artículos (ver “La necesaria movilización de las fuerzas democráticas frente a los herederos del franquismo”, Público, 28 de septiembre 2017), intento ahora centrarme en el comportamiento del gobierno Junts Pel Sí, mostrando que tiene su parte de responsabilidad en las enormes crisis que cito al inicio del artículo.
No me voy a extender en la crisis social, pues creo ya haber demostrado que las políticas de claro corte neoliberal (como la reforma laboral, que ha incrementado el desempleo y la precariedad y disminuido los salarios y la protección social) y los enormes recortes del gasto público social y las privatizaciones en los servicios públicos del Estado del Bienestar catalán realizadas por los gobiernos de Convergencia (con Unió Democrática hasta el año 2015 y con ERC después), han jugado un papel esencial en el gran deterioro de la calidad de vida y bienestar social de las clases populares en Catalunya. Estas políticas neoliberales fueron aprobadas en las Cortes Españolas (junto con el PP, otro partido neoliberal), por el partido Convergència (ahora llamado PDeCAT que ha gobernado Catalunya por la mayoría del periodo democrático).
La crisis política: consecuencia del llamado “procés”
En cuanto a la crisis política, causa importante de tal crisis ha sido la estrategia diseñada para alcanzar la independencia “exprés” desarrollado, por Convergència que ha liderado la coalición Junts Pel Sí, en colaboración con el partido ERC y con la ayuda de la CUP, un partido muy minoritario pero con considerable influencia debido a que sin él, Junts Pel Sí no alcanzaría la mayoría en el Parlament. Es importante señalar que tal mayoría parlamentaria debe su estatus de mayoría a una ley electoral inicialmente diseñada en época predemocrática (con el objetivo de discriminar a la clase trabajadora) que, cuando el gobierno Pujol pudo cambiarla, la dejó tal como estaba, favoreciendo a las zonas rurales y pequeños centros urbanos a costa de las grandes ciudades donde vivía tal clase. Como consecuencia de ello, tal mayoría parlamentaria no se corresponde a una mayoría de votos. En realidad, los votos a los partidos independentistas, nunca han sumado una mayoría del electorado en Catalunya.
Tal estrategia, conocida como el “procés” ha incluido varios componentes. Uno de ellos ha sido el calendario de intervenciones en las que alcanzar la secesión era un objetivo inmediato y siempre prioritario, anteponiéndolo a todos los demás (en realdad, la actividad legislativa del Parlamento bajo esta mayoría ha sido muy limitada). El President Puigdemont aseguró que el Parlament aprobaría 45 leyes en los 18 meses de legislatura. En realidad, hasta ahora han visto la luz verde solo 23 (18 este año y 5 el año pasado). En el principio de la legislatura anterior, durante un período parecido fueron aprobadas 47 leyes. (La baja productividad se debe a la importancia otorgada a la función agitacional, en lugar de la legislativa).
Lo que el govern catalán deseaba era centrarse en conseguir la independencia “exprés”. Como parte de este proceso rápido se fue escalando el nivel de intervenciones, bien en la narrativa de su discurso, bien en el argumentario utilizado para justificar sus intervenciones, bien en las acciones tomadas por el govern catalán que produjeron un incremento de la tensión con el Estado central, tensión que tenía el intento de movilizar la opinión popular en apoyo del Govern. En realidad, algunos dirigentes de Junts Pel Sí así lo indicaron en varias ocasiones. Su meta era radicalizar el discurso para conseguir una mayor movilización.
La monopolización del soberanismo por el independentismo
La otra característica de este proceso ha sido monopolizar el significado de soberanismo (el derecho a decidir) con el de independentismo (la secesión de Catalunya del resto de España) haciendo los dos conceptos y términos intercambiables e idénticos. La dicotomía presentada en su estrategia era, pues, el limitar las alternativas posibles a independentismo o a lo que los independentistas llamaban el unionismo, definiendo como tal a todas las opciones que no eran secesionistas. Esta estrategia limitaba enormemente las alternativas, reduciéndolas solo a dos posibles. Una era conseguir la independencia o la otra, la de continuar en el presente estatus quo, dicotomía que favorecía a la primera opción, pues el comportamiento represivo e insensible a la identidad catalana y al no reconocimiento de Cataluña como nación del gobierno Rajoy debilitaba cada vez más el atractivo de la segunda alternativa. En esta estrategia del independentismo, era esencial presentar a toda España como incambiable y hostil a Catalunya. En realidad en esta estrategia independentista el movimiento político social en Catalunya, conocido como En Comú Podem, liderado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y el movimiento político social en España, Unidos Podemos, eran percibidos como obstáculos para sus fines, pues presentaban una imagen amable y atractiva de España. La elección de En Comú Podem en las dos últimas elecciones legislativas en Catalunya creó gran desazón en los sectores más conservadores y liberales de Junts Pel Sí. En realidad, Convergència (PDeCAT), no votó la moción de censura al gobierno Rajoy presentada por Podemos.
Ambas formaciones políticas –En Comú Podem y Unidos Podemos–, apoyaban el derecho a decidir del pueblo catalán, derecho que incluye el derecho a escoger entre varias alternativas, una de las cuales sería la secesión, aun cuando no era la alternativa preferida por ninguno de estas dos coaliciones. La mayoría de la población catalana es soberanista (es decir, apoya el derecho a decidir) pero no es independentista. Todo independentista es soberanista pero no todo soberanista es independentista. Esta clarificación nunca la hicieron los independentistas, faltando a la verdad cuando indicaron que “el pueblo catalán desea la independencia”, a no ser que se limite el significado catalán, porque los datos muestran que la mayoría del electorado no es independentista.
El mal llamado referéndum como instrumento de movilización
Otra característica del “procés”, relacionada con la anterior (la identificación del referéndum con independentismo), fue la exclusión de las organizaciones no independentistas en la gestión de la campaña del referéndum. En realidad, marginaron la organización del Pacto Nacional, que incluía, además de los partidos soberanistas (independentistas y no independentistas) a las mayores instituciones de la sociedad civil, tales como sindicatos, asociaciones de vecinos, de profesionales, de campesinos, de la pequeña empresa y un largo etcétera. Y la máxima expresión de esta monopolización apareció en la organización de las fiestas de la Diada de este año (cuando la población sale a la calle en una manifestación colectiva en homenaje de aquellos que murieron defendiendo los derechos de Catalunya en el año 1714 en su lucha contra el Monarca Borbón Felipe V), que fue un canto a la independencia, protestando la falta de libertad existente en España, ignorando a su vez la falta de libertad y pluralidad existente en los actos gestionados por el gobierno Junts Pel Sí y en sus medios de información (TV3 y Catalunya Ràdio) abusivamente instrumentalizados por Junts Pel Sí. La Diada, día nacional de Catalunya, fue un canto al SI en la campaña electoral de lo que erróneamente llamaron como referéndum. Ello explica que mucha gente, como yo, que cada año íbamos a celebrar el día nacional de Catalunya en las manifestaciones mutitudinarias, no fuéramos, ofendidos por el carácter tan partidista y sectario del acto. Como consecuencia de ello, el número de participantes este año bajó en comparación con años previos.
La causa movilizadora: del independentismo a la democracia
La carga policial en la mañana del 1 de Octubre cambió la naturaleza y objetivo de la movilización. La carga policial explica que mucha gente que no pensaba participar en el referéndum salió a la calle para votar, mostrando su rechazo a aquel acto y a la actitud claramente represiva y antidemocrática del Estado Central. Y lo que es de especial interés es que este aumento de participación en el referéndum fue más acentuado en los barrios obreros del cinturón rojo de Barcelona que en otras partes de Barcelona y Catalunya. La manifestación pasó de ser un movimiento pro independencia a un movimiento pro democracia, paso que quedó refrendado por lo ocurrido el día 3 de octubre cuando Catalunya (y muy en especial Barcelona) paró. Hubo un paro general organizado y gestionado por la Taula Demòcrata (la Mesa Demócrata), compuesta por las mayores asociaciones de la sociedad civil, desde los sindicatos mayoritarios a las asociaciones de campesinos, asociaciones de vecinos, asociaciones profesionales, de los pequeños empresarios, y un largo etcétera. Fue un paro generalizado en toda Catalunya. Esto cambió la orientación del movimiento, y a pesar del intento del gobierno Junts Pel Sí, y sus instrumentos como Omnium y ANC, la Mesa Demócrata adquirió un protagonismo que molestó a los partidos independentistas que consideraban el cambio como una dilución de su causa.
La clase trabajadora catalana no es independentista
Otro gran error del independentismo fue la falta de atractivo del independentismo entre la clase trabajadora de Catalunya. La evidencia de ello, aunque constantemente negada por los partidos independentistas, es conocida. La clase trabajadora no es independentista en Catalunya, por varias razones. Una es que el movimiento independentista está liderado por una coalición dirigida por el partido del Sr. Mas, es decir, por la derecha catalana, cuyas políticas neoliberales son percibidas, con razón, por la clase trabajadora como dañinas a sus intereses. La proximidad del Presidente Puigdemont con Mas es conocida, y Mas nunca fue popular entre las clases trabajadoras catalanas. Y la otra causa de la falta de apoyo al independentismo por parte de las clases populares es que la mayoría son de procedencia de partes de España y emotivamente se consideran españoles y se oponen a la secesión. La mayoría de la clase trabajadora en Catalunya es de habla castellana. La evidencia en este fenómeno es clara, como por ejemplo muestran los datos provenientes de la Encuesta del CEO (CIS de la Generalitat) de Junio de 2017, donde se puede ver que a más ingresos por hogar más apoyo a la independencia, y a la inversa, mientras menos ingresos haya por hogar menos apoyo a la independencia. Además en Catalunya las personas que se autoconsideran de clase popular (clases de renta media-baja y renta baja) claramente no apoyan la independencia: el 56,15% de las clases populares no apoyan la independencia mientras que solo un 33% sí la apoyan.
Ello explica porque el independentismo nunca ha sido mayoritario y continuará sin serlo, pues la independencia en sí no motiva a la mayoría de la población. Solo en caso de que este proyecto independentista tuviera un contenido fuertemente social, existiría tal posibilidad. Pero tal tema social estaba ausente en el proyecto independentista. Solo vagas generalizaciones, con escasa credibilidad, marcaron el discurso social del independentismo con promesas un tanto hiperbólicas, carentes de credibilidad. Un caso claro era la afirmación hecha por dirigentes de Junts Pel Sí y economistas afines, incluyendo el gurú económico de TV3 (la televisión pública de la Generalitat de Catalunya), el Sr. Xala i Marti, que las pensiones no sufrirían con la Transición a la independencia, lo cual es una obvia falsedad pues en el período de Transitoriedad Jurídica es necesaria la colaboración del Estado español, y de su Seguridad Social, que de no obtenerse se crearía un enorme problema para los pensionistas catalanes. En agosto de 2017, Catalunya tenía 1.704.692 pensionistas con una prestación media de 957 euros, financiada en parte por 3.294.418 afiliados. Estas contribuciones no son suficientes creándose un déficit de 4.700 millones de euros (una cifra superior de la citada por los secesionistas). Tal dinero tendría que venir de la propia Generalitat, año tras año, acumulándose una deuda considerable, pues el Estado español, podría no pagar a los pensionistas catalanes. Los problemas de la transición que afectarían a tales pensionistas serían enormes y de varios años (y no solo seis meses, como algunos portavoces del independentismo han profetizado).
En este aspecto, tales partidos rozaron la irresponsabilidad, pues hicieron promesas claramente irrealizables, como que no habría sacrificios en la transición, el mantenimiento de las pensiones y otras transferencias y servicios públicos. Ahora bien, de todas las exageraciones, las más grandes eran las que asumían que se conseguiría la independencia en seis meses. Es difícil creerse que los que hacían tales declaraciones creyeran lo que decían.
La realidad es que en su campaña a favor de la independencia, Junts Pel Sí ha minimizado los costes de la independencia exprés, llegando a niveles de exageración e hipérbole, que pasaron como verdades en un contexto mediático carente de capacidad crítica. Constantemente enfatizaron el mensaje de que todo –desde las pensiones hasta la sanidad- sería mucho mejor en la Catalunya independiente, y todo ello en contra de la evidencia que señala un periodo largo de escasez que a la ciudadanía no se le ha indicado que ocurriría (y que la huida de las empresas refleja la génesis de la crisis económica que se avecina). La evidencia de tales falsedades es enorme.
A qué nos lleva la situación actual
Es imposible que los dirigentes del movimiento independentista liderado por el gobierno catalán no vieran que este procés llevara a la situación actual que está creando una enorme frustración y dolor. Muchas eran las razones para que tal estrategia no fuera posible. Una era el Estado español, heredero del Estado dictatorial y la fuerza del nacionalismo españolista que había calado (como consecuencia de cuarenta años de dictadura y cuarenta años de democracia supervisada e incompleta) entre grandes sectores de la población Española. La correlación de fuerzas en España ha sido muy desfavorable a las fuerzas independentistas. Al enorme desequilibrio de fuerzas en España se suma la nulidad de apoyos en la Unión Europea. Es más, al considerar España como incambiable el independentismo no relacionó la transformación de Catalunya con la existente transformación que está ocurriendo en España. En realidad su campaña anti España, dificultó que grandes sectores de la población española pudieran hacer suya la lucha por una nueva Catalunya.
Resultado de todo ello es que su estrategia está llevando a Catalunya a una situación donde veremos la pérdida total de la autonomía y pérdida de derechos. En realidad, la torpeza del independentismo ha sido hábilmente utilizada por el Estado español para hacer perder a Catalunya los derechos que había conseguido, facilitando a su vez una enorme involución a lo largo del territorio español, despertando, y envalentonando a la caverna. Y lo que es enormemente frustrante es que era fácilmente predecible ver que tal hecho ocurriría. La única razón que podría explicar el hecho de que, a pesar de la evidencia existente que hacía fácil prever lo que ocurriría, los dirigentes independentistas continuaran insistiendo en ello, era que, en realidad lo que querían era capitalizar electoralmente la enorme movilización en las elecciones que tendrán lugar en Catalunya próximamente.
Otra alternativa hubiera sido posible
Otra alternativa hubiera sido desenfatizar la independencia y enfatizar, en su lugar, la creación de una nueva Catalunya en colaboración con las izquierdas españolas que están intentando cambiar España. La creación de la nueva Catalunya hubiera podido ser el punto de inicio del cambio en España, ayudando al pueblo español a que percibiera que la lucha por el derecho a decidir en Catalunya era también la lucha para transformar España. La estrategia a seguir hubiera sido la democratización de Catalunya y de España, en un proyecto de profunda transformación democrática, poniendo la resolución de la Gran Crisis Social en el centro de las luchas para conseguir la plurinacionalidad. El paro general del 3 de Octubre, liderado por fuerzas que pusieron como objetivo la propuesta democrática, era un indicador de que tal estrategia era posible. El hecho de que no se hiciera así ha hecho un daño irreparable a Catalunya y a España. El hecho de que se haya enfatizado tanto el tema nacional, polarizando la sociedad entre independentistas y defensores de la “unidad nacional”, está debilitando enormemente a las fuerzas progresistas democráticas y muy en particular a las izquierdas, facilitando con ello, la reproducción de las sensibilidades neoliberales que han estado liderando los dos polos en esta polarización.