Publicado en la revista SISTEMA DIGITAL, el 19 de Abril de 2009.
Este artículo analiza la evolución del gasto público social por habitante (un buen indicador del nivel de desarrollo social) en España durante el periodo de 1993-2008 mostrando que, en términos comparativos con otros países de la Unión Europea de los Quince, tal gasto ha crecido menos que el promedio de la UE, y ello debido a unas políticas de austeridad de gasto público iniciadas por el Sr. Solbes en 1993 y seguidas por el Sr. Rato de 1996 a 2004, reflejando una postura liberal que ha retrasado el desarrollo de las transferencias y servicios públicos del estado de bienestar, gestionados éstos últimos por las CC.AA. Tal retraso se corrigió en cierta manera en el periodo 2004-2008, aunque no tanto como podía (y debía) haber hecho, debido a la resistencia mostrada por el Sr. Solbes al mayor incremento de gasto público, que le inhabilitó al responder a la crisis financiera y económica actual. Esta requiere economías keynesianas en lugar de las socioliberales que han definido las políticas económicas y fiscales de España desde el año 1993.
El cambio en la dirección de la política económica del gobierno con el cese del Ministro Pedro Solbes debiera significar el fin de un periodo de austeridad de gasto público social que se inició en España en el año 1993 cuando el Sr. Solbes fue nombrado Ministro de Economía y Hacienda por el entonces Presidente del Gobierno Socialista, el Sr. Felipe González. Bajo su dirección y tutela se iniciaron entonces unas políticas de gran austeridad de gasto público incluyendo gasto público social, reduciéndose tal gasto de una manera muy notable en el periodo 1993-1995 (ver la evolución del gasto público social por habitante de los países de la Unión Europea de los Quince en Navarro, V. y Reynolds, J. “La Protección Social de España en el contexto de la Unión Europea” en Navarro, V. (coord). La situación Social en España. Vol. II. 2007, pp 35-151). Al inicio del periodo cuando fue nombrado Ministro de Economía, el gasto público social por habitante era de 3.039 euros estandarizados (es decir euros cuyo valor adquisitivo ha sido modificado parar hacer homologable su poder de compra en países de nivel de vida distintos). Tal gasto era el menor de la UE-15 en aquel año. Durante su mandato, tal gasto bajó incluso más, a 3.015 euros en 1994 y a 2.931 en 1995, siendo el único país de la Unión Europea (UE) que vio bajar su gasto público social por habitante durante aquel periodo. Puesto que el gasto público social por habitante del promedio de los países de la UE-15 continuó subiendo, el déficit de gasto público social de España con la UE-15 aumentó considerablemente, pasando de 1.636 euros estandarizados por habitante a 2.052 euros. Tal reducción del gasto público social (la mayor de la UE-15) se hizo con el apoyo de la derecha catalana, CIU, y con el propósito de transferir fondos de las áreas sociales a la reducción del déficit del presupuesto del Estado, a fin de equilibrar las cuentas, tal como exigía el Tratado de Maastrich.
Tal reducción del déficit del presupuesto del Estado podría haberse hecho de otra manera, aumentando los impuestos en lugar de disminuir el gasto público (tal como lo hicieron varios países europeos). Pedro Solbes, sin embargo, no fue favorable a esta política pública. Antes al contrario, indicó en varias ocasiones, cuando más tarde fue Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE, que era un error expandir el gasto público en los países de la UE-15, enfatizando en su lugar la bajada de impuestos como la medida más adecuada para estimular el crecimiento económico. De ahí que durante su mandato en la UE, el crecimiento del gasto público social disminuyó notablemente en la mayoría de países de la UE-15, en respuesta al mandato de que los países equilibraran sus cuentas del Estado a costa de reducir el gasto público o frenar su crecimiento. Esto fue lo que ocurrió en España, bajo la dirección del Ministro Rodrigo Rato del gobierno PP, lo que determinó un deterioro de los servicios públicos, que movilizó varias protestas populares, siendo ello la causa de que el PSOE se comprometiera en su programa electoral del 2004 a converger en el gasto público social por habitante con el promedio de la UE-15. Tal propuesta ya se había hecho en las primarias del PSOE del año 2000 por el candidato Borrell, y fue incorporada más tarde por la dirección del PSOE a su programa electoral.
El nombramiento de Solbes como Ministro de Economía, sin embargo, dificultó el desarrollo de tal promesa. El mundo financiero y bancario, atemorizado de las propuestas contenidas en el programa del PSOE, respiro relajado cuando Zapatero nombró a Solbes Ministro de Economía y Hacienda. El Sr. Rajoy lo definió como el único Ministro “con sentido común”, a lo cual El País añadió en una editorial “con garantía de serenidad”. En realidad, la mayoría de los medios de información (la mayoría de los cuales están imbuidos de una cultura económica liberal) lo canonizaron presentándolo como la voz de la respetabilidad y responsabilidad que frenaría las peticiones percibidas por el establishment financiero y empresarial como excesivamente radicales incluidas en el programa electoral del PSOE. Ni que decir tiene que el Sr. Solbes no había participado en el diseño del programa económico del PSOE y se encontró en el programa del gobierno con aquel compromiso de converger con el gasto público social per cápita, con el cual él no estaba de acuerdo. De ahí que tal compromiso no se realizara. En realidad, Pedro Solbes en unas declaraciones a El País (22-07-07) señalaba que la medida de la cual él estaba más orgulloso era “la de no haber aumentado el gasto público en España durante su mandato”. Esta declaración la hacía un Ministro de un gobierno socialista en el país con el gasto público, incluyendo el gasto público social, más bajo de la UE-15. España cuyo PIB per cápita era el 94% del promedio de la UE-15, tenía (cuando Solbes hizo tal declaración) un gasto público social que era sólo el 68% del promedio de la UE-15. España era (y continúa siendo) un gigante económico con pies sociales de barro. Las derechas, por cierto, estaban pidiendo una bajada de tal gasto, lo cual habría empeorado todavía más el déficit de gasto público (incluyendo el gasto público social) de España en la UE-15. En el famoso debate televisivo en las últimas elecciones legislativas, las alternativas presentadas fueron mantener el gasto público (Solbes, PSOE) versus reducirlo (Pizarro, PP). Lo que se requería, sin embargo, era subirlo. Lo que el gobierno socialista necesitaba no era un equipo económico socioliberal, sino un equipo socialdemócrata keynesiano. Sin embargo, tales economistas fueron marginados. El Presidente Zapatero se rodeó en La Moncloa de asesores económicos liberales, como Miguel de Sebastián y David Taguas (ver mis críticas a las posturas liberales que tales economistas sustentan en mi libro “El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias”. Editorial Anagrama. 2008) que no consideraban urgente o necesario seguir políticas keynesianas en España o en Europa.
Por suerte, las políticas de gasto público de un gobierno no las diseña sólo el Ministro de Economía y Hacienda. Cualquier gobierno está sujeto a grandes presiones y el gobierno socialista no fue una excepción. Las bases de aquel partido, los sindicatos, los movimientos sociales y los partidos de izquierda (y muy en especial IU-ICV.EA y ERC) presionaron para que aumentara el gasto, que sí aumentó significativamente (al ser estos partidos, partidos preferenciales en las alianzas del PSOE durante aquel periodo), pero el continuo freno del equipo económico del gobierno, dirigido por Solbes, evitó que tal crecimiento fuera mayor en su convergencia con el gasto público social por habitante. Esta resistencia de Solbes llevó a serios conflictos con las CC.AA. y muy en especial en Cataluña (gobernada por una colección de partidos de izquierdas) pues eran éstas, las CC.AA., las que sufrieron más los enormes déficits sociales al ser ellas las responsables de la mayoría de servicios y transferencias del estado del bienestar español (excepto la Seguridad Social).
Esta misma resistencia a aumentar el gasto público dificultó seriamente la urgente y necesaria respuesta a la crisis para la cual se necesitan políticas keynesianas que incluyan una notable expansión del gasto público. En realidad, lo que el gobierno socialista debiera hacer es lo que el gobierno Demócrata está haciendo en EE.UU., es decir, utilizar la crisis como una excelente ocasión para hacer cambios, difíciles de realizar en situación normal, sin crisis. El Presidente Obama está aumentando el gasto público enormemente, invirtiendo en infraestructuras, en estimular nuevas industrias y en expandir el estado del bienestar, pagándolo con el aumento de los impuestos a los más ricos (que ingresan más de 250.000 dólares al año), anulando también gran número de exenciones fiscales, y con un crecimiento del déficit fiscal que alcanza el 12% del PIB. Estas políticas explican su enorme popularidad. Ni que decir tiene que hay también muchas áreas de tales políticas domésticas llevadas a cabo por el gobierno federal que son criticables (véase mi blog www.vnavarro.org, sección EE.UU.). Pero la dirección del cambio tomada por la Administración Obama en política doméstica (en respuesta a las enormes presiones populares lideradas por los sindicatos y por los movimientos sociales de aquel país, que incluso en ocasiones desborda al Presidente Obama) es progresista. El Presidente Zapatero, que parece admirar a Obama, podría tomar como punto de referencia a este último en las áreas que he señalado. Ello requeriría un movimiento más a la izquierda del equipo económico de su gobierno.
Una última observación. Rogaría que los lectores que estuvieran de acuerdo con las posturas reflejadas en este artículo, y con mi recomendación de que el gobierno español desarrolle políticas expansivas de gasto público (mucho más acentuadas que las que ha realizado hasta ahora) como manera de facilitar la necesaria respuesta a la crisis actual, distribuya al máximo este artículo.