Article publicat per Vicenç Navarro a la revista digital SISTEMA, 16 de juliol de 2010

Aquest article analitza les característiques polítiques, econòmiques i socials dels països anomenats PIG (porcs) per la literatura econòmica anglosaxona, mostrant que tots ells tenen una estructura de classe social molt polaritzada, amb gran domini dels seus estats per part de les seves classes més adinerades, la qual cosa explica la gran pobresa de despesa pública (incloent la despesa pública social) en aquests països. L’article assenyala també que la causa de la seva gran recessió és un sistema que beneficia les classes més benestants (que paguen pocs impostos) i als bancs, aquests últims, beneficiats per la necessitat d’endeutament.

Existe una percepción generalizada en el Establishment Europeo (es decir, en las élites políticas, financieras y mediáticas que configuran la sabiduría convencional en la Unión Europea) de que la crisis del euro (y, por lo tanto, de la UE) fue causada por la falta de disciplina presupuestaria de los países del sur de Europa (Grecia, España y Portugal), países llamados (junto con Irlanda), en tono insultante, los PIGS (que en inglés quiere decir cerdos), pues su comportamiento supuestamente irresponsable ha llevado a la UE a la crisis.
Una característica de estos países es el haber estado gobernados por las derechas en la mayoría de la segunda parte del siglo XX. En realidad, son los países de Europa donde las fuerzas conservadoras han tenido mayor poder, controlando sus estados, bien a través de dictaduras totalitarias de carácter fascista o fascistoide, bien a través de gobiernos democráticos basados, frecuentemente, en sistemas electorales que discriminan a las izquierdas, favoreciendo a las derechas. El bipartidismo existente en la práctica en España es el caso más extremo y claro, habiendo sido tales sistemas diseñados (con la excepción de Portugal) para disminuir la influencia de las izquierdas más radicales. Esta fortaleza de las derechas fue acompañada con la debilidad de las izquierdas que, en todos estos países, están divididas en distintas sensibilidades, de las cuales las más importantes están arraigadas en las tradiciones socialistas y comunistas. Estas divisiones aparecen tanto en la esfera política como en la sindical.
Consecuencia de este contexto político, existe una acentuada polarización por clase social, siendo estos países los que tienen mayores desigualdades entre sus clases sociales (tanto en su renta como en su propiedad). De ahí que, aun cuando estos países sean los países menos ricos de la UE-15 (su PIB per cápita está por debajo del promedio de la UE-15, el grupo de países más desarrollados económicamente de la UE) existen entre las clases más pudientes algunas de las fortunas más elevadas en la UE-15. Y debido a la enorme distancia existente entre el nivel de riqueza de tales fortunas y la mayoría de la población (cuyo nivel de vida es muy bajo comparado con el promedio de la UE-15, como demuestra el hecho de que en España el 62% de la fuerza laboral ingrese menos de 1.200 euros brutos al mes), la capacidad adquisitiva de la población rica es enorme, mucho más acentuada que en el resto de la UE-15. Los ricos en aquellos países son y se sienten más ricos que (en términos absolutos y en términos proporcionales) en los otros países de la UE-15.
Una consecuencia de la polarización social de estos países y la gran influencia política y mediática de los sectores de mayores rentas (entre un 20% y un 30% de la población, que incluye burguesía, pequeña burguesía y clases medias de renta mediana alta), es la pobreza del estado, basado en una carga fiscal baja para tales grupos, y una enorme regresividad en las políticas impositivas. Los ingresos a sus estados son bajos (España sólo un 37% del PIB) y regresivos (los ricos y gente de renta superior pagan menos impuestos que sus homólogos en la mayoría de países de la UE-15). Y aunque, en general, todos los ciudadanos pagan menos impuestos que sus homólogos en la mayoría de países de la UE-15, estas diferencias no son tan acentuadas entre la mayoría de la población (un obrero metalúrgico en España paga en impuestos un 73% de lo que paga su homólogo en Suecia) como en las rentas superiores (un rico en España paga un 48% de lo que paga un sueco rico, siendo a la vez el primero más rico –subjetivamente y muchos incluso objetivamente- que el segundo), siendo el fraude fiscal ampliamente extendido en estos países.
De ahí que el sector público esté poco desarrollado en estos países y su estado del bienestar sea pobre (su gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15). La acusación que el establishment europeo hace de los PIGS como países que están despilfarrando recursos, es ridícula. Son, todos ellos, de una enorme austeridad social y pública. Sus estados del bienestar cubren casi exclusivamente a las clases populares, pues las rentas superiores utilizan los servicios privados (es decir, van a la sanidad privada y envían a sus hijos a las escuelas privadas).
Consecuencia de la falta de recursos al estado -para poder ofrecer sus servicios públicos- se ha endeudado, lo cual benefició (además de a los ricos que no pagaban al estado lo que debían) a los bancos, que conseguían notables beneficios de los elevados intereses de los bonos públicos (que los estados emitían para cubrir su deuda). Como dijo un dirigente de uno de estos bancos, el Deutsche Bank, tal situación “nos beneficiaba a nosotros y a los ricos de aquellos países”. Parecía como una complicidad entre los bancos y los ricos. Y los bancos alemanes y franceses, además de comprar deuda, prestaron mucho dinero a los bancos de los PIGS para sus especulaciones inmobiliarias, que fueron favorecidas por sus Bancos Centrales (dirigido en España por un ultraliberal, el Sr. Fernández Ordóñez, que es rico a base de apoyar a la banca y ahora predica austeridad a todos los demás).
Lo que debiera hacerse es revertir todas las políticas fiscales regresivas, haciendo que las rentas superiores y del capital financiero y empresarial pagaran al estado lo que hacen sus homólogos en la UE-15. Si así fueran, el estado español conseguiría 66.000 millones de euros con los cuales el estado podría alcanzar el nivel de servicios públicos que la población se merece (ver mi artículo “¿Estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades”. Publicado en SISTEMA, 25.06.10).

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