Publicado en el Diario PÚBLICO, 5 febrero 2009
El Economic Policy Institute (E.P.I.) es uno de los centros de investigación económica y social más importantes de EE.UU. Elabora cada dos años un informe sobre la situación de la clase trabajadora en EE.UU., The State of Working America, que incluye la información más detallada que existe sobre las condiciones laborales y sociales de la población trabajadora en EE.UU., comparándola con las condiciones existentes en otros países de la OECD incluyendo España. En este artículo comparo la situación de la clase trabajadora de España con la clase trabajadora de EE.UU. basándome en los datos del informe del E.P.I, complementado por los datos del Observatorio Social de España, colaborador del E.P.I. en España.
Los datos del informe cuestionan gran número de supuestos liberales que dominan gran parte de las culturas económicas y políticas de España. Por ejemplo, uno de los dogmas que se reproducen con mayor frecuencia en los círculos liberales del país es que los salarios en España son demasiado altos, habiéndose afirmado incluso que una de las causas de que la intensidad de la crisis económica sea particularmente acentuada en España es la elevada cuantía de las retribuciones salariales. Los datos, sin embargo, no confirman este supuesto. El salario por hora de los trabajadores españoles (incluso entre los trabajadores de la manufactura, que son los mejor pagados) es uno de los más bajos de la UE-15 y de la OECD. Si el nivel de los salarios de la manufactura de EE.UU. se toma como punto de referencia (llamándole 100), entonces, el salario de los trabajadores mejor pagados (los de la manufactura) es el 79% del de EE.UU. Los mejor pagados son Suecia (136%), Finlandia (126%), Dinamarca (149%) y Holanda (130%). En realidad, la mayoría de países de la UE-15 tienen mayores salarios que EE.UU., y mucho más elevados que España.
Se dice con frecuencia que los salarios son bajos en España porque la productividad laboral es baja. Los datos, sin embargo, no muestran una relación clara entre productividad laboral y salario. En realidad, la diferencia en la productividad de los trabajadores de la manufactura entre los países de la UE-15 es menor. La diferencia de los salarios entre los países, sin embargo, es muy acentuada. Esto muestra que el nivel de productividad no es el factor determinante del salario recibido por el trabajador. Una causa mayor es la fortaleza de los sindicatos y de las izquierdas en el país, como lo atestigua que sean los países nórdicos donde los sindicatos y las izquierdas son fuertes, donde los salarios son más altos. En el sur de Europa, incluyendo España, donde los sindicatos y las izquierdas son más débiles, los salarios son más bajos. Es más, la baratura de los salarios (facilitada por una gran abundancia de trabajadores, muchos de ellos inmigrantes), no motiva al mundo empresarial y al Estado a invertir en los puestos de trabajo y en los trabajadores para incrementar su productividad. No es, pues, que los salarios sean bajos porque la productividad es baja, sino, al contrario, la productividad es baja porque los salarios son bajos. Recortar todavía más los salarios contribuiría más al descenso de la productividad. Y dificultaría en gran manera la recuperación económica al disminuir la demanda doméstica, cuya debilidad es la causa mayor de la crisis que atraviesa España.
Esta insuficiencia salarial en España va acompañada de una exhuberancia de las rentas superiores. En España la decila inferior de familias recibe una renta que es el 61% de la renta familiar promedio (uno de los porcentajes más bajos de la UE-15) mientras que la decila superior ingresa el 214% del nivel de renta familiar promedio, el porcentaje mayor de la UE-15 y de la OECD (después de EE.UU.). Estas desigualdades sociales se reproducen a base de unas políticas públicas escasamente redistributivas, siendo el Estado español uno de los menos redistributivos de la UE-15. Contribuyendo a esta regresividad está la tolerancia que exhibe el Estado hacia el fraude fiscal (uno de los más altos existentes en la UE-15) que alcanza a ser un 10% del PIB (según los expertos de la Agencia Tributaria del Estado), y que procede en su gran mayoría de las rentas superiores.
Tal regresividad fiscal explica la escasez de ingresos al Estado y el subdesarrollo de su estado del bienestar. España es uno de los países de la UE-15 que tiene un porcentaje menor de la población adulta trabajando en educación pública (5,5%) y en sanidad y servicios sociales públicos (6%). El promedio de la UE-15 es de 7% y 10,6% respectivamente. Tal subdesarrollo de los servicios públicos del Estado del Bienestar, explica también el escaso porcentaje de las mujeres en el mercado de trabajo, 54%, uno de los más bajos de la UE-15. En Suecia es el 72%. España tiene una de las infraestructuras de servicios de atención a las familias –escuelas de infancia y servicios domiciliarios- menos desarrollados de la UE-15. Tal infraestructura juega un papel clave en facilitar la integración de la mujer al mercado del trabajo (España es uno de los países que tiene un número menor de niños en escuelas de infancia y un gasto público menor en escuelas de infancia por alumno).
Estas cifras, procedentes de aquellos informes, traducen una insuficiente concienciación por parte de los equipos económicos de los sucesivos gobiernos españoles de que los servicios públicos del estado del bienestar son una inversión tan o más importante que la inversión en infraestructura física del país. En realidad, una de las causas mayores de la menor riqueza en España es la todavía baja participación de la mujer en el mercado de trabajo. Facilitar la integración de la mujer a tal mercado debería haber sido (junto con el aumento salarial) una de las mayores estrategias de desarrollo económico del país.