Publicado en la revista digital SISTEMA, 2 marzo 2009
Este artículo subraya la distinción que debe hacerse para diferenciar aquellas políticas públicas que favorecen la creación de empleo en un país y las políticas que favorecen empresas nacionales. Una cosa son las ayudas a la creación de empleo y otra, distinta de la anterior, ayudas a las empresas nacionales. Esta distinción aparece en el Plan de estímulo aprobado por el Congreso de EE.UU.
La nueva Ley aprobada por el Congreso de EE.UU. que tiene como objetivo estimular el crecimiento económico en aquel país indica que los fondos públicos que se inviertan en obras y servicios deben invertirse en EE.UU., lo cual ha originado una queja en Europa de que EE.UU. se está volviendo proteccionista.
Tal queja me motiva a hacer dos observaciones. Una es que volverse proteccionista parece indicar que el gobierno federal de EE.UU. había dejado de serlo, lo cual, como he indicado en otro artículo publicado en esta Revista Sistema Digital, no es cierto. El gobierno federal de EE.UU. ha sido siempre (desde principios del siglo XX) y continúa siendo, profundamente proteccionista y keynesiano (mucho más, por cierto, que la mayoría de países de la UE). Y aquellos que lo duden, que lean los datos que presenté en aquel artículo mostrando como el gobierno federal ha apoyado siempre sus propias empresas a costa de otras empresas extranjeras y de otros países que competían con ellas.
La segunda observación es que habiendo dicho lo anterior, tengo que aclarar que, paradójicamente, la norma que incluye la ley de estimulo económico, forzando que los fondos públicos se utilicen para inversiones sólo en EE.UU. no es proteccionista. Empresas extranjeras que produzcan en EE.UU. pueden recibir fondos públicos del gobierno federal. Y empresas estadounidenses que produzcan en el extranjero no pueden recibir tales ayudas federales. Esta aclaración es muy importante porque se está confundiendo en Europa que la protección de puestos de trabajo en EE.UU. es lo mismo que la protección de compañías estadounidenses. La ley tiene como objetivo defender los puestos de trabajo en EE.UU., sin limitarse exclusivamente a los generados por empresas estadounidenses. Empresas francesas como la compañía Alston (que produce turbinas en el estado del sur de EE.UU., Tennessee), o la compañía Toyota de automóviles, que produce en varios estados de EE.UU., podrán recibir ayudas federales encaminadas a mantener y expandir su empleo. En estas políticas no existe ningún nacionalismo encubierto. Son políticas razonables, propulsadas por los sindicatos estadounidenses (que influyeron en gran manera el plan de activación económica original propuesto por la dirección del Partido Demócrata, diluido más tarde, por el equipo económico liberal de la Administración Obama y por el Partido Republicano).
Es lógico que si el gasto público procede de los impuestos pagados por los ciudadanos estadounidenses, sean los trabajadores estadounidenses los que se favorezcan de tales inversiones públicas. La única condición de las empresas para recibir fondos públicos es que crean empleo en EE.UU. Se ayuda así a los trabajadores independientemente de la nacionalidad de las empresas.
Otra medida propuesta por los sindicatos, aprobada por la Administración Obama, es que se deje de dar facilidades fiscales a las empresas estadounidenses que desplazan a otros países parte de su producción, producción que luego se consume en EE.UU. Durante los últimos veinte años (Reagan, Bush padre, Clinton, Bush hijo) los gobiernos federales dieron ventajas fiscales a las empresas estadounidenses que se desplazaban a otros países para producir sus bienes consumidos en EE.UU. pero elaborados en países de salarios bajos. Estas ayudas fiscales se dejarán de hacer.
Estas son noticias clarificadoras que estoy escribiendo desde EE.UU. preocupado por lo que se está escribiendo en España sobre EE.UU.