Article publicat per Vicenç Navarro a la revista digital SISTEMA, 14 de desembre de 2012

Aquest article assenyala la contradicció entre les polítiques públiques dutes a terme pels governs Merkel a Alemanya amb les que intenta imposar a Espanya i als altres països coneguts com GIPSI.

“Double Talk” es una expresión utilizada en el lenguaje internacional de habla inglesa para definir a un Gobierno que dice una cosa y hace otra. Es decir, que promueve políticas para otros países que no sigue en casa. La expresión comenzó a utilizarse para definir al Gobierno presidido por Ronald Reagan en EEUU. Su principal mensaje era que el Gobierno debía reducirse, pues sus intervenciones “son más parte del problema que de la solución”. De ahí también su énfasis en bajar impuestos como mejor medida para activar la economía, presentándose a la vez como el gran guardián de la rectitud fiscal. Tal narrativa, sin embargo, fue cuestionada por sus propios actos. El gasto público creció de una manera muy notable en su mandato 1981-1989, pasando del 32% del PIB al 34%. Subió los impuestos, no sólo una, sino dos veces, siendo el Presidente de EEUU que subió más los impuestos en tiempos de paz (bajó los del 2% de la población, y subió los de todos los demás). Con razón dijo John Williamson, el economista más influyente de la Administración Reagan (considerado como el pensador oficial del Reaganeconomics) que EEUU “no cumple en su casa lo que predica en el exterior”.
Pues bien, un “double talk” se está hoy dando de igual forma en Alemania. La canciller Merkel está imponiendo a los países de la Eurozona la necesidad de recortar gasto público a fin de reducir el déficit, de desregular los mercados laborales para añadir flexibilidad a la fuerza laboral para, supuestamente, aumentar su competitividad, y de minimizar la intervención del Estado en la economía productiva, a fin de liberar el gran potencial del mercado, barriendo las medidas proteccionistas. Estas políticas son la ‘trademark’ del Gobierno Merkel.

Tales propuestas, activamente promovidas por el Gobierno Merkel a los Gobiernos de la Eurozona y muy en especial a los países periféricos de tal zona (Grecia, Portugal, Irlanda, España e Italia), bien directamente, bien indirectamente (a través de las instituciones sobre las que el Gobierno alemán ejerce gran influencia, como el Banco Central Europeo o la Comisión Europea), entran en clara contradicción con las políticas que los sucesivos Gobiernos alemanes presididos por la señora Merkel han estado desarrollando en Alemania. Waltraud Schelkle, en su análisis de las políticas públicas seguidas por los Gobiernos Merkel en un artículo significativamente titulado “Germany has prescribed austerity for Europe while undertaking extensive Fiscal Stimulus at Home” (“Alemania prescribe austeridad para Europa mientras realiza amplias políticas de estímulo fiscal en casa”). ‘Social Europe Journal’. 27.11.12, detalla como tales políticas públicas son opuestas a cada una de las que está promoviendo en la Eurozona. Así, el Gobierno Merkel continuó las políticas de gasto público de carácter expansivo con el claro objetivo de estimular la economía. Aumentó, por ejemplo, el gasto público en el seguro del desempleo, ampliando el periodo de cobertura hasta los 24 meses en 2009, y 18 meses en 2010. Como contraste, en Francia, el Presidente Sarkozy permitió sólo hasta un máximo de 4,5 meses, una cobertura mucho menor.
El Gobierno Merkel también ha incrementado su intervención en el mercado de trabajo, subsidiando el descenso y distribución del tiempo de trabajo, pagando hasta el 60% del salario de un trabajador durante el periodo que haya limitado su tiempo de trabajo dentro del proceso de distribuir el trabajo. Esta medida (pagada en parte por la empresa y en parte por la agencia de empleo del Estado) ha permitido mantener empleados a 500.000 trabajadores. Tales medidas y otras semejantes, destinadas a mantener empleo, supusieron el 4,2% del PIB, un estímulo superior al de cualquier otro país europeo.
Esta medida fue acompañada de intervenciones públicas encaminadas a aumentar el consumo de productos alemanes. Así, el Estado alemán pagó 2.500 euros a cada comprador de un coche nuevo al cambiar el suyo con más de nueve años de antigüedad por otro que fuera menos contaminante. Éstas y otras medidas de carácter expansivo representaron otro 3% del PIB. Waltraud Schelkle concluye que estas políticas públicas entre otras han sido responsables de un mayor crecimiento económico (3% en el periodo 2010-2011) que ha conllevado el descenso del déficit público. Ni que decir tiene que respondiendo a su sensibilidad conservadora ha mantenido muchas de las reformas regresivas iniciadas por el Gobierno del Canciller socialdemócrata Schröder. Y también ha favorecido la concentración de las rentas del capital a costa del descenso de las rentas del trabajo. Pero es también importante señalar y reconocer que parte del mayor crecimiento alemán se debe precisamente a la mayor expansión del gasto público, medida que el mismo Gobierno Merkel ha estado en la práctica prohibiendo a todos los demás, incluyendo España.
La obediencia, cuando no servilismo, del Gobierno Rajoy al Gobierno Merkel explica, en parte, las políticas de austeridad que el primero está imponiendo a la población española en respuesta a las exigencias del segundo, el cual nunca las ha aplicado con tanta intensidad en su propio país, un claro ejemplo de “double talk”. En España, el Gobierno Rajoy ha reducido, en lugar de expandir, el seguro de desempleo. Y no se ha hecho nada comparable en el estímulo de la actividad productiva de la manufactura. Es más, su reforma laboral ha estado orientada a disminuir los salarios y a destruir empleo, facilitando el despido del trabajador por parte del empresario, justificando todo ello como necesario para responder al mandato del Gobierno alemán. Y así nos va. La pérdida de soberanía tiene, para España, elevados costes.

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