Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 16 de abril de 2014
Este artículo analiza el escándalo que representan para el Estado español y la Generalitat de Catalunya casos como el del Palau de la Música, que ha alcanzado niveles de bochorno.
Existe en EEUU un programa televisivo de humor político (Saturday Night Live) semejante al programa “El Intermedio” de la Sexta en el que se hizo el siguiente comentario: “De la misma manera que el gobierno boliviano tiene un Ministro de la Marina a pesar de no tener mar, España tiene un Ministro de Justicia”. Esta frase muestra el enorme desprestigio que tiene la justicia española en muchas partes del mundo, realidad que parece ser ignorada por los establishments jurídicos, políticos y mediáticos del país, los cuales parecen no tener plena conciencia del enorme desprestigio que muchos de los comportamientos de la justicia española están acarreando al Estado español.
Esta observación viene a raíz de la lectura de un excelente libro, Els set pecats capitals de la justícia (Los siete pecados capitales de la justicia), escrito por el magistrado Santiago Vidal, que documenta y denuncia estos comportamientos, todos ellos casos bochornosos, en los cuales la ciudadanía (aunque sospecha) desconoce el nivel de injusticia a la que se ha llegado. Un caso claro es el caso Millet, el personaje que fue Presidente de la Fundación Orfeó Català – Palau de la Música, la institución cultural más preciada en Catalunya. El Orfeó Català ha sido, entre muchas cosas, el centro cultural más importante de Catalunya, ligado primordialmente al conservadurismo nacionalista catalán.
En 2007, hace ya 7 años, a instancias de la Sindicatura de Comptes, el Departamento de Economía de la Generalitat de Catalunya inspeccionó la contabilidad del Palau y del Orfeó Català sin que el interventor encontrara ninguna irregularidad. Ahora bien, la Agencia Tributaria (que no depende del gobierno de la Generalitat) tenía sus sospechas, pues ordenó una inspección fiscal y sí que encontró irregularidades, llevando el caso a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y a la Oficina Antifraude. Y así se inició el famoso caso del Palau de la Música, o caso Millet. Los inspectores de Hacienda comenzaron a inspeccionar la contabilidad, requiriendo al Sr. Montull, director administrativo de la Fundación Orfeó Català – Palau de la Música, que proveyera toda la información necesaria.
Pero no fue hasta casi dos años más tarde, el 23 de junio de 2009, que no se hizo un registro del edificio y de la sede del Palau. La mayoría de fondos de esta institución son fondos públicos provenientes de la Generalitat, del Ayuntamiento de Barcelona y del Ministerio de Cultura. Por lo visto nadie sospechaba que el Sr. Millet, el gran benefactor altruista de la cultura y de las artes, estuviera en el centro de uno de los mayores fraudes y latrocinios que hayan existido en Catalunya y en España. Pero se tardaron otros tres años más (sí, tres años más) para que el juez instructor inspeccionara las propiedades del este señor, incluyendo su espectacular torre del Vallès. Además de esa propiedad, el Sr. Millet tenía un piso de 267 metros cuadrados en el Eixample de Barcelona con seis habitaciones y tres baños, un piso en la Calle Major de Sarrià de 150 metros cuadrados con tres plazas de parking, un chalet en la Vall d’Aran con 5 hectáreas de terreno, un apartamento en la Villa Olímpica con amarrador privado en el puerto, tres propiedades rústicas en la isla de Menorca y una finca de verano en Cala Fornells. Puesto que la gran mayoría de fondos del Palau son públicos (la Generalitat, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Barcelona) se puede concluir que el origen de toda esta propiedad es el dinero público que la ciudadanía paga con sus impuestos.
Pero la cosa no termina aquí. Porque lo que es peor es el enorme entramado que el caso Millet ha mostrado tener con instituciones políticas del país, incluyendo partidos y grupos de presión, que estaban involucrados en este latrocinio y que, con cuentagotas, van apareciendo poco a poco en el proceso más lento que usted puede imaginar.
Fue el mismo Millet, uno de los máximos exponentes de la burguesía catalana y bien conocedor de cómo funciona lo que se llama la alta sociedad catalana (la sociedad del Palau y del Liceo), quien indicó que, en realidad, la gobernanza de Catalunya la llevan 400 familias.
Este caso señala cómo funciona esta alta sociedad y su parasitismo del Estado. Esta burguesía está claramente entrelazada con el Estado (tanto central como autonómico y municipal), de cuyo usufructo viven. Desde las autopistas al Palau, este entramado es lo que representa el establishment conservador catalán, corrupto hasta la médula. Y esta relación ha estado siempre ahí, heredera de las relaciones y estructura de la dictadura, donde la corrupción era crónica, corrupción que la democracia no eliminó y que en España se da constantemente, con escandalosa impunidad. Como señala el magistrado Santiago Vidal (de cuyo libro extraigo la información que proveo en este artículo), los indultos otorgados por el Estado son casi siempre el punto final de estas historias. Solo en 2012, el gobierno del PP otorgó más de 450 indultos, y el gobierno del PSOE otorgó un promedio de unos 300 anuales durante su mandato, indultos ofrecidos predominantemente a tres grupos de acusados: políticos, banqueros y policías. Es obvio que en España no ha habido una ruptura clara con las costumbres y aparatos heredados de la dictadura, tal como muchos autores han documentado y que yo he señalado en mi artículo “No hubo ruptura durante la Transición”, publicado en Público, cuyo texto aconsejo leer para aquellos que quieran saber más sobre este tema. Como he indicado en más de una ocasión, el que no está indignado en España es que no está informado sobre lo que está ocurriendo en este país, incluyendo Catalunya. Por desgracia, el caso Millet se reproduce en varias partes de España, y no es un problema solo catalán, sino español, y que tiene que ver con la falta de cambio en la estructura del Estado español heredada del Estado dictatorial, que alcanza su máxima expresión en el cuerpo de la judicatura. Es un caso más de que “Spain is different”. Y luego nos dicen que la Transición fue modélica.
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