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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario LA VANGUARDIA, 6 de julio de 2015.

Este artículo cuestiona algunas de las alarmas más frecuentes que se presentan por parte de economistas conservadores y neoliberales para sostener la tesis de que las pensiones públicas no son viables debido a la transición demográfica, con un mayor número de ancianos y un menor número de jóvenes.

Existe una percepción generalizada de que la transición demográfica (con cada vez más ancianos y menos jóvenes) hace las pensiones públicas inviables. Este argumento ignora varios hechos:

1. En España y Catalunya no faltan jóvenes. En realidad se están yendo por falta de trabajo.

2. El enorme deterioro del mercado de trabajo, consecuencia de las reformas laborales que se han ido aprobando y/o aplicando por partidos conservadores y liberales, han reducido los salarios, aumentado la precariedad y el desempleo, situación que ha provocado una disminución del tamaño de las cotizaciones y del número de cotizantes.

3. El punto anterior y la creciente regresividad en España de las políticas fiscales, sumamente favorables a las rentas del capital a costa de las rentas de trabajo, explican que, mientras que las del capital –como porcentaje de las rentas totales- han aumentado enormemente, llegando a representar casi la mitad de todas las rentas nacionales (aumentando de un 25% a un 48% en los últimos años), las del trabajo (de donde derivan la mayoría de impuestos y cotizaciones sociales) han descendido enormemente, pasando de un 73% a un 52% en el mismo periodo. Puesto que las cotizaciones sociales derivan de las rentas del trabajo, este descenso de tales rentas afecta negativamente a los ingresos de la Seguridad Social y a las pensiones públicas.

4. La prolongación de la esperanza de vida de las personas ancianas, que se ve como un dato negativo para la viabilidad del sistema de pensiones, no tiene en cuenta el crecimiento de la riqueza del país, resultado del crecimiento de la productividad, dato ignorado por el Comité de Expertos nombrado por el gobierno español, cuando indicó que “a principios del siglo XX, la esperanza de vida de los españoles con 65 años era de unos diez años. Hoy esperan vivir veinte años más, y hacia el 2050 se prevé que vivirán 25 años más”, presentando este dato como una amenaza al sistema de pensiones. Ahora bien, si bien es cierto que la esperanza de vida de las personas de 65 años se ha doblado desde 1900 –pasando de 10 a 20 años-, también lo es que la riqueza del país, medida por su PIB, ha crecido nada menos que 24 veces. Es decir, que el PIB de ahora es, no dos veces, sino 24 veces el tamaño del PIB en 1900. ¿No cree el Comité de Expertos que una sociedad 24 veces más rica no tiene recursos más que suficientes para pagar las pensiones de los que han creado tal riqueza?

5. Tal alarma aparece también cuando se dice que hoy hay tres trabajadores por pensionista, y en cuarenta años habrá solo uno (los números cambian según el nivel de alarma que se intente crear). Pero en este argumento se ignora que en 40 años es más que probable que un trabajador produzca lo que hoy producen cinco o seis. Hace 40 años, el 18% de la fuerza laboral trabajaba en el campo. Hoy lo hace solo un 2%, y producen más alimento que lo que producía ese 18%. Cambien la palabra alimentos por pensiones y entenderán la falacia de esta alarma.

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