Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 17 de agosto de 2015.
Este artículo toca un tema que, a pesar de su gran importancia, ha tenido una escasa visibilidad mediática. Trata de las recomendaciones hechas por la llamada Comisión de los Cinco Presidentes (de la Comisión Europea, del Eurogrupo, del Consejo Europeo, del Banco Central Europeo y del Parlamento Europeo), que propone que se cree una agencia, mal llamada de competitividad, que determinaría el nivel salarial permitido, con intervenciones sancionadoras en caso de que tales normas no se siguieran. Estas propuestas debilitarían todavía más a los convenios colectivos y a los sindicatos.
Debido a la enorme importancia que las negociaciones entre la Troika, por un lado, y el gobierno griego de Syriza, por el otro, tienen para el futuro de la Eurozona, tema que ha absorbido la mayor atención de los medios de información, se ha olvidado (algunos dirán ocultado) otro hecho de gran importancia que ha ocurrido en las mismas fechas y que tendrá un gran impacto en el futuro de la Eurozona, deteriorando todavía más la democracia y el bienestar social de las poblaciones que viven en esta zona monetaria. Me estoy refiriendo concretamente al documento preparado por cinco presidentes (Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea; Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo; Jeroen Dijsselbloem, Presidente del Eurogrupo; Donald Tusk, Presidente del Consejo Europeo; y Mario Draghi, Presidente del Banco Central Europeo) con propuestas sobre cómo avanzar hacia la integración monetaria en esta zona de Europa. Es sorprendente que este documento haya pasado casi desapercibido en los mayores medio de información del país.
Para entender el impacto de sus propuestas hay que tener en cuenta que la sustitución de la moneda de cada país por el euro significó que cada país renunció a tener su propio banco central. Este es el origen del enorme problema de la deuda pública de los Estados, y muy en especial de la de los países periféricos como España, Grecia, Portugal e Irlanda, los llamados PIGS, que se transforman en GIPSI cuando se añade Italia. Una de las funciones de un banco central digno de su nombre es definir el precio de la moneda (por entonces de la peseta en el caso español, por ejemplo), de manera que el Estado pueda bajar su valor cuando quiera hacer sus productos más baratos y más competitivos, estimulando así la economía. Es lo que se llama “devaluación monetaria”.
Ahora bien, el Estado español y los otros Estados no pueden devaluar la moneda (es decir, abaratar su precio y competir mejor con los otros Estados, tanto dentro como fuera de la Eurozona). Los países de la Eurozona tienen, todos ellos, la misma moneda, el euro. Y la única institución que puede variar el precio del euro, devaluándolo, es el Banco Central Europeo (BCE), sobre el cual la influencia de los Estados de la Eurozona es prácticamente inexistente. Pero cuando el BCE baja el precio del euro, ello beneficia a la competitividad de todos los países de la Eurozona en su comercio con países de fuera de ella, pero no con los países de dentro del euro, pues todos ellos están utilizando la misma moneda. Y puesto que la gran mayoría del comercio exterior de estos países se produce dentro de la Eurozona, la bajada del euro no hace más competitiva la economía española respecto, por ejemplo, a la francesa o a la alemana. De ahí que la única solución que los establishments financieros, económicos, políticos y mediáticos consideren para aumentar la competitividad de una economía sea bajar los salarios. Hay que señalar que habría, sin embargo, otras alternativas que ni siquiera se consideran, y que van desde la reducción de los beneficios empresariales hasta el aumento de la productividad a base de inversiones productivas.
La creación de la Autoridad de la Competitividad
Y es ahí, en la “devaluación salarial”, donde interviene el informe de los cinco presidentes, que recomienda nada menos que se establezca una autoridad que llaman Competitiveness Authority (la autoridad responsable de estimular la competitividad), de carácter independiente (que quiere decir que esté compuesta por “expertos” –es decir, tecnócratas–), que indique el nivel de salarios permitido, con responsabilidad normativa y sancionadora. Es decir, marcaría los salarios y sancionaría a los Estados que no siguieran sus normas.
Esta autoridad debilitaría enormemente a los sindicatos y los convenios colectivos, pues el nivel salarial tendría que seguir su normativa y, por lo tanto, quedaría definido por dicha autoridad. En realidad, como bien indica Ronald Janssen en su artículo “Democracy And Monetary Union: How Not To Do It” (Social Europe Journal, 01.07.15), dicha normativa actuaría en sentido opuesto a la convergencia de salarios, pues la normativa favorecería la bajada de salarios para facilitar la competitividad, de manera que se establecería una carrera para alcanzar la mayor competitividad, a base de quién va a tener los salarios más bajos. El establecimiento de tal autoridad es, sin lugar a dudas, un paso más en el desmantelamiento de la democracia y del Estado del Bienestar en la Eurozona, desmantelamiento que está ocurriendo a una velocidad vertiginosa durante estos años.
Los cinco presidentes permanecen, en cambio, callados sobre el problema mayor: el enorme crecimiento de la deuda pública
El hecho de que los Estados hayan dejado de tener sus propios bancos centrales (perdiendo la capacidad para devaluar su moneda) ha creado otro problema mayor: el crecimiento de la deuda pública, que he citado al principio del artículo. Una de las funciones de un banco central es ayudar a que los Estados puedan regular los intereses de su deuda pública. Esto se hace mediante la impresión de dinero por parte del banco central, con el cual se compra deuda pública. En general, a mayor compra de bonos del Estado por parte de un banco central, menores son los intereses que el Estado tiene que pagar por sus bonos.
Ahora bien, el Banco Central Europeo (que es más un lobby de la banca que un banco central) imprime dinero pero no compra bonos públicos de los Estados. En su lugar, presta dinero (a unos intereses bajísimos) a los bancos privados, que son los que compran deuda pública, a unos intereses elevadísimos. Es lo que se dice “dejar los Estados a merced de la especulación de los mercados financieros” (que quiere decir de los bancos y de todo tipo de fondos financieros). Y para mayor INRI, estos bancos tienen unas agencias de evaluación (erróneamente presentadas como independientes) de los bonos públicos de los Estados que evalúan la calidad de dichos bonos, con lo cual, si definen tales bonos como de baja calidad (utilizando como indicador de calidad la supuesta capacidad de los Estados para pagar su deuda, mirando, por ejemplo, el tamaño del déficit público del Estado, de manera que se asume que a mayor tamaño tenga el déficit público, menor es la capacidad del Estado para pagar su deuda pública), el Estado se ve forzado a pagar más y más intereses, endeudándose hasta la médula. Y de ahí el crecimiento astronómico de la deuda pública de estos Estados (y muy en especial de los PIGS o GIPSI).
Para resolverlo, se impone a los Estados que bajen sus déficits públicos a base de recortes y más recortes de sus servicios públicos del Estado del Bienestar, desmantelándolo. Pero lo cosa no termina ahí. La reducción de los salarios (a fin de conseguir mayor competitividad) y del gasto público social (a fin de poder pagar la deuda) crea un problema de falta de demanda enorme, que frena el crecimiento económico, creando recesiones (que alcanzan niveles de Gran Depresión en muchos países, como en Grecia) que disminuyen los ingresos a los Estados, aumentando el déficit público, estableciéndose así un círculo vicioso que está llevando a estos países a un desastre. Y todo esto no ocurre por casualidad. Responde a un diseño: el debilitar el Estado del Bienestar en cada país. Y los datos así lo muestran. La manera como se estableció el euro y cómo se diseñó su gestión, con el Banco Central Europeo, ha tenido un impacto sumamente negativo en el Estado Social Europeo. De ahí la enorme urgencia de que se intervengan y reviertan las políticas de austeridad, lo que exigiría un cambio de políticas públicas en sentido opuesto al que está proponiendo el Informe de los Cinco Presidentes.