Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 30 de junio de 2016.
Este artículo, en cierta manera continuación de otro artículo reciente, indica que, como parte de la recuperación de la memoria histórica y homenaje a las víctimas de la brutal represión, se necesita también conocer y denunciar a las personas e instituciones victimizadoras, responsables de aquel atropello.
Escribí un artículo recientemente que estaba basado en el discurso que realicé en el homenaje a los maestros represaliados por el golpe militar fascista del año 1936 en contra de la II República, democráticamente establecida (ver mi artículo “Homenaje a los maestros represaliados por el fascismo”, Público, 24.05.16). Me alegra constatar que este artículo está teniendo bastante impacto, habiéndose comenzado a movilizar la población para exigir al Parlament de Catalunya que se haga tal homenaje, rompiendo con el silencio que ha continuado y se ha perpetuado en este país, consecuencia del temor de ofender o molestar a los victimizadores (responsables de las represalias a las víctimas), cuyos nombres deben ser conocidos, y que hoy continúan teniendo gran poder en Catalunya y a lo largo del territorio español. Estimulado por tal creciente interés, y con el ánimo de alentar tal homenaje a nivel no solo de Catalunya, sino también de España, escribo ahora sobre el proceso en sí de depuración. Gran parte de esta información procede de la excelente página web Els Mestres de la República a Manresa. Es importante que en esta recuperación de la memoria histórica se analicen y se conozcan no solo las víctimas, sino también los “victimizadores” que han sido los responsables no solo de la victimización, sino también de la ocultación y silencio sobre tal proceso.
El proceso de depuración
Tan pronto como las tropas fascistas comenzaron a ocupar Catalunya, el cuerpo conocido como Auditoría de Guerra de la 4ª Región Militar estableció un Juzgado Militar Especial de Depuración de Funcionarios Civiles ante el que todos los maestros (y funcionarios de la Administración Pública) tenían que prestar declaración jurada sobre sus actividades públicas y privadas realizadas antes y después del golpe fascista militar del 18 de julio de 1936, definido por tales fuerzas como Alzamiento Nacional. A medida que las tropas fascistas iban avanzando en su ocupación (definida por tales tropas como “liberación”), todos los maestros tenían que presentar tal declaración ante dicho juzgado. En base a esta información se actuaba provisionalmente, sancionando a los maestros en base a las acusaciones locales en las que siempre tenían prominencia las acusaciones particulares realizadas por las personalidades de la Iglesia y de la Falange. A los maestros de las escuelas privadas no se les exigía esa declaración jurada, bastándoles una declaración del director del centro indicando su lealtad al Alzamiento Nacional.
La represión fue, pues, selectiva frente a los maestros de las escuelas públicas, siendo su interés purgar dicho cuerpo de maestros “rojos” y “separatistas”, cuya definición incluía una enorme gama de actitudes, comportamientos y sensibilidades en cada una de estas dos categorías. “Rojo” incluía cualquier actitud, costumbre o manifestación de simpatía hacia las políticas republicanas que se consideraba iban en contra de la sociedad conservadora, promovida por la Iglesia. En ocasiones, la mera pertenencia a sindicatos o haber defendido los cambios legislativos de la Generalitat de Catalunya y de los gobiernos republicanos eran causa de que se catalogara al maestro como “rojo”. En el caso de mis padres, las acusaciones incluían haberse casado por lo civil, el ser secretario (en el caso de mi padre) de la asociación en defensa de la República Catalana en la Federación Española, y (en el caso de mi madre) haber dado clase a la población adulta en el territorio de las escuelas, entre otros hechos. “Separatista” incluía cualquier expresión de simpatía hacia la identidad catalana. La mayor sanción –expulsión del cuerpo de maestros-, como fue el caso de mi padre, se producía cuando se sumaban los dos términos: maestros “rojos” y “separatistas”.
Las instituciones victimizadoras y sus representantes, con nombres y apellidos
La invasión y ocupación de Catalunya por las tropas fascistas se inició en diciembre de 1938, y ya en mayo de 1939, una vez finalizada la campaña de ocupación, se estableció, el 8 de mayo, la comisión encargada de la depuración del magisterio de la provincia de Barcelona, formada por Manuel Marín Peña, director del Instituto Menéndez y Pelayo, que actuó como presidente, Josep Casajuana Oliver, presidente de la Asociación de Padres de Familia, Antolín Herrero Porras (sustituido más tarde por Luis de Francisco Galdeano), Emili Fernández Villalta y Frederic Camp Llopis como vocales. A estos se añadieron dos miembros más, propuestos por la Falange, que eran el canónigo Josep Montagut Roca, y el excombatiente Eduard Pascual Fàbregas, y más tarde Francesc Colldeforns Lladó, que sustituyó a Josep Casajuana.
Estos eran los representantes de los victimizadores. Es importante subrayar que todos los miembros encargados de la represión de los maestros, incluidos los miembros de la Falange y de la Iglesia, eran catalanes, personas conocidas de derechas. Algunos de sus herederos pasaron a ser activos en los partidos de las derechas catalanas. En cada pueblo, el alcalde y el sacerdote tenían que enviar informes sobre los maestros acusados. La información requerida, y que la Comisión Depuradora recibía, provenía de los acusados, que tenían que rellenar un extenso formulario, así como de los sacerdotes y los miembros de la Falange de las poblaciones donde habían trabajado, información de tipo público y privado que debía incluir todo el periodo republicano (desde el año 1931) y no solo desde el día del supuesto Alzamiento Nacional (18 de julio de 1936).
Las sanciones acordadas por la comisión iban desde la máxima -la expulsión del magisterio- a muchas otras posibilidades que incluían desde la inhabilitación para tener responsabilidades en el magisterio, la suspensión de sueldo y trabajo durante varios años, con el descenso y anulación de los años de trabajo, bajando de categoría, y así una larga lista de sanciones.
Una última observación: la gran necesidad de recuperar la historia real (lo que se conoce como Memoria Histórica) de este país
Es importante para la salud democrática de España (incluyendo Catalunya) que se recupere la Memoria Histórica, que no es ni más ni menos que la historia real de España (incluyendo Catalunya), de la mayoría de su ciudadanía que perdió la guerra y fue brutalmente reprimida. Todavía hoy la historia de España es la historia de la España uninacional y profundamente conservadora, heredera del régimen fascista que se estableció (con la ayuda de Hitler y Mussolini) con el golpe militar del 18 de julio de 1936. Es más que deprimente ver incluso a algunos dirigentes de todos los gobiernos españoles que han habido en España reproduciendo esta visión uninacional, jacobina y profundamente opresora (por no decir asfixiante) que ha hecho tanto daño a las clases populares de los distintos pueblos y naciones de España. Hoy es un momento histórico, puesto que están surgiendo movimientos a lo largo y ancho del territorio español que piden democracia, justicia social y un cambio profundo de la visión de España, recuperando la visión republicana, justa, solidaria, plurinacional y en libertad. Ni que decir tiene que los herederos de las derechas que impusieron su orden en este país se opondrán a estas fuerzas. Pero las fuerzas progresistas, al tener la razón de su lado, vencerán, si no ahora, sí en el futuro próximo. Este renacer de otra visión es imparable. Y recuperar la historia de aquellos que lucharon tanto para cambiar España, incluyendo Catalunya, –como los maestros republicanos hicieron- es parte de este proceso.