Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 29 de diciembre de 2016, y en catalán en la columna «Pensament Crític» en el diario PÚBLIC, 2 de enero de 2017.
Este artículo señala como, tanto en el caso de la sanidad como de las pensiones, se está atribuyendo al envejecimiento de la población la imposibilidad de sostener la sanidad y las pensiones públicas. En el artículo se hace referencia a la evidencia que cuestiona dicha tesis.
Uno de los argumentos utilizados con mayor frecuencia por aquellos autores que señalan que el Estado del Bienestar no es sostenible es subrayar que el envejecimiento de la población hará crecer el gasto público social (en sanidad, por ejemplo) a niveles insostenibles. A primera vista, parecería lógico asumir que a mayor número de ancianos y a mayor esperanza de vida, mayor será el gasto sanitario público, pues se asume que los ancianos consumen más y más recursos sanitarios, muchos más que los otros grupos etarios. Y de esta lectura de la realidad se concluye que en el futuro será imposible sostener el Estado del Bienestar.
Seguro que usted, lector, habrá escuchado o leído estos argumentos miles de veces. Los datos, sin embargo, reflejan una realidad mucho más compleja que la asumida en este argumento. Veamos los datos y vayamos por partes, centrándonos en aquella parte del argumento que asume que el alargamiento de la esperanza de vida (es decir, del número de años de promedio que una persona vivirá) creará un grave problema económico. Y lo primero que hay que aclarar es que, por regla general, se asume erróneamente que si la esperanza de vida promedio de un país ha subido, por ejemplo, cuatro años, ello quiere decir que los ancianos viven cuatro años más. Ello no es cierto. La esperanza de vida de un país puede haberse alargado cuatro años y, sin embargo, la de los ancianos puede haber aumentado solo un año. Debido a este error, se están exagerando los años extra de vida que los ancianos experimentan hoy.
De nuevo, veamos los datos. Si España tuviera dos ciudadanos, uno, Pepito, que moriría poco después de nacer (edad 0) y otro, la Sra. García, que viviría 80 años, el promedio de la esperanza de vida de España sería (0+80) / 2 = 40. En otro país vecino, con también solo dos ciudadanos, uno, Juanito, que vive hasta los 20 años, y el otro, la Sra. Rodríguez, que vive, como la Sra. García, hasta los 80 años, la esperanza de vida sería (20+80) / 2 = 50 años, es decir, diez años más que en España. Pero ello no quiere decir que la Sra. Rodríguez viva diez años más que la Sra. García, sino que Juanito vive 20 años más que Pepito. Este es un grave error que constantemente se hace, y que explica que se esté exagerando el número de años de más que los ancianos viven. En realidad, lo que ha ocurrido en Europa y en España durante estos últimos cincuenta años ha sido la gran reducción de la mortalidad infantil y de la mortalidad entre los jóvenes.
Por extraño que parezca, mayor número de ancianos no quiere decir mucho más consumo sanitario
El otro gran error que constantemente se hace es asumir que al haber más personas que llegan a ser ancianas (como resultado de que hay mayor supervivencia entre los jóvenes) ello va a determinar que haya un número mayor de ancianos, y con ello un mayor consumo en el sector sanitario, asumiendo que los ancianos consumen más servicios sanitarios que el resto de la población. Pero, de nuevo, se está exagerando este aumento del consumo, pues es incorrecto asumir una relación directa entre más años de vida o más ancianos, por un lado, y un mayor consumo sanitario, por el otro, puesto que tal consumo no depende de la edad, sino del estado de salud de la persona. Y la evidencia existente no muestra que haya un número mucho mayor de enfermedades (o mayor gravedad en las existentes) entre la mayoría de ancianos (personas por encima de los 65 años) que entre los otros grupos de edad. Esta afirmación sorprenderá a muchísimas personas, pues la percepción general es que los ancianos tienen un número mucho mayor de enfermedades que el resto de la población. Lo que en realidad ocurre es que los ancianos de hoy están en mucho mejor estado de salud que los ancianos de generaciones anteriores, y lo que estamos viendo es que, con la edad, se retrasa el momento de mayor consumo sanitario, que suele producirse en el periodo último de la vida, periodo que se ha ido retrasando a medida que la longevidad ha ido aumentando. No es, pues, que haya mucho mayor consumo con el envejecimiento, sino que hay un retraso en el inicio del gran consumo sanitario, y este retraso se incrementa cada vez más debido al mejoramiento de la salud de la población, que permite que se llegue a la tercera edad con una situación mucho más saludable.
Lo que importa, pues, no son los años de vida de más, sino los años de vida saludable sobre el total de vida de la persona. Y este porcentaje ha ido aumentando notablemente a lo largo de los últimos cincuenta años. Este es el dato clave que no es citado por los catastrofistas que dominan el discurso oficial del país.
Las pensiones son también sostenibles
Otra área donde también se exagera el “peligro” que el envejecimiento supone para la sostenibilidad del Estado del Bienestar es en el área de las pensiones. La sostenibilidad de las pensiones, sin embargo, no depende de la estructura demográfica de un país, sino de la voluntad política de dicho país. Los países son cada vez más ricos como consecuencia del incremento de su PIB, y ello en parte debido al crecimiento de la productividad. Es este crecimiento de la productividad lo que explica que hoy el 5% de la población que trabaja en el campo produzca más alimentos que hace 50 años, cuando el porcentaje de trabajadores agrícolas era de casi un 30%. Decir hace 50 años que la gente se moriría de hambre porque el número de trabajadores en el campo iba bajando es tan absurdo como decir que las pensiones no son sostenibles hoy porque el número de trabajadores por pensionista ha ido bajando durante los últimos 50 años. Hoy un trabajador produce muchas más veces los bienes y servicios que la población consume que hace 50 años, y por lo tanto aporta a la riqueza del Estado mucho más que en el pasado.
En aquellos países donde las pensiones se financian a costa de contribuciones del mercado de trabajo, su sostenibilidad depende no de la evolución demográfica (como, de nuevo, los catastrofistas señalan constantemente), sino de la evolución del mercado de trabajo. De ahí que el gran deterioro que ha ocurrido en el mercado de trabajo, como consecuencia de las reformas laborales neoliberales altamente regresivas que se han impuesto en este país, haya tenido como resultado una reducción de ingresos para las pensiones públicas. Y ahí está la raíz del problema. Ahora bien, España no tiene falta de gente joven. En realidad, hoy España la exporta debido a la falta de trabajo. Pero hay otras maneras de financiar las pensiones. Hay países, como Dinamarca, en los que se financian con los impuestos generales del Estado. Y es difícil de sostener que los países no podrán pagar las pensiones. Decía el mal llamado “Comité de Expertos sobre las pensiones” (la mayoría ligado al capital financiero que sueña con meterle mano a las pensiones públicas) nombrado por el Sr. Rajoy que las pensiones no eran sostenibles porque la esperanza de vida había subido diez años desde el inicio del siglo XX, ignorando que el PIB había aumentado nada menos que veinticuatro veces desde entonces. Que las pensiones puedan pagarse o no depende primordialmente de la voluntad política del país. Y las pensiones públicas son los programas de aseguramiento más populares que existen en cualquier país, mucho más que otros programas de aseguramiento, ya sean públicos o privados.
En cuanto a su privatización como medida aconsejable para garantizar su solvencia, me parece un argumento de una enorme frivolidad. El desastre de la privatización de la Seguridad Social chilena, promovida por los economistas neoliberales, como el Sr. Sala i Martín, ha sido la mejor prueba de su gran ineficacia. Pero esto es materia para otro artículo.