Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna «Pensamiento Crítico» en el diario PÚBLICO, y en catalán en la columna «Pensament Crític» en el diario PÚBLIC, 30 de junio de 2017.
Este artículo toca un tema central, la enorme crisis social de Catalunya, que queda ocultada detrás del debate territorial y nacional. El artículo muestra datos más que convincentes que señalan que la crisis mayor que existe hoy en Catalunya es la crisis social, que queda ocultada, cuando no silenciada, por las tensiones entre los dos nacionalismos, el españolista por un lado, y el catalanista por el otro, que utilizan el tema nacional para ocultar el tema social. El artículo señala la necesidad de centrarse en la resolución del tema social, invitando a que todas las fuerzas progresistas exijan su resolucion dentro de un nuevo marco territorial que defienda la plurinacionalidad del Estado español. El artículo termina indicando que las derechas nacionalistas a los dos lados del Ebro están siendo los mayores obstáculos para resolver el problema social y el nacional.
El mayor problema que existe hoy en Catalunya es la enorme crisis social que afecta muy negativamente la calidad de vida y bienestar de sus clases populares. Tal crisis social raramente aparece en los mayores medios de comunicación en Catalunya, tanto en los públicos –instrumentalizados en su mayoría por el gobierno de la Generalitat de Catalunya- como en los privados, claramente influenciados por poderes económicos y financieros que definen los parámetros de lo que es aceptable en el panorama mediático catalán.
Ahora bien, esta enorme crisis social no abarca a todos los sectores de la población por igual. Está centrada primordialmente en las clases populares catalanas, las cuales derivan sus rentas fundamentalmente del mundo del Trabajo. Pero lo que es menos conocido y apenas tiene visibilidad mediática es que al sector minoritario de la población que deriva sus rentas primordialmente de la propiedad y/o de la gestión del capital (propiedad que genera renta) le ha ido muy bien. Los datos hablan por sí mismos. Entre 2008 y 2016 (el periodo de la Gran Recesión), las rentas del Trabajo como porcentaje de todas las rentas en Catalunya bajaron del 50% al 46%, mientras que las rentas del capital subieron durante el mismo periodo del 42% al 45%. En otras palabras, mientras que las clases populares vieron como sus rentas disminuían, los super-ricos, los ricos y las personas pudientes con elevados recursos las vieron aumentar.
Como consecuencia de ello, las desigualdades de renta en Catalunya se dispararon de manera que el 20% de la población con más ingresos (super-ricos, ricos y clases medias profesionales de renta alta), que tenía al principio de la crisis un nivel de ingresos promedio cinco veces superior al del 20% de renta inferior, vio como dicha diferencia se ampliaba hasta ser seis veces superior en 2016, convirtiendo a Catalunya en uno de los países más desiguales de la UE-15 (el grupo de quince países de la UE de semejante nivel de desarrollo económico al de España). En realidad, 20 super-ricos en Catalunya tienen en total una riqueza de 22.400 millones de euros, cantidad casi equivalente al 11% del PIB catalán. El patrimonio del catalán más rico es equivalente a la renta anual de 150.0000 familias medias catalanas. Estos son datos que, junto con otros, muestran que durante la mayor crisis social que Catalunya ha vivido durante la época democrática, los catalanes más pudientes no solo no han visto disminuir sus rentas y su propiedad, sino que, al contrario, las han visto subir considerablemente.
Las causas del crecimiento de las desigualdades en Catalunya
Un elemento importante para entender este crecimiento de las desigualdades ha sido el gran deterioro del mercado de trabajo catalán. En 2016 el 53% de las personas desocupadas llevaban buscando trabajo durante un año o más, siendo Catalunya uno de los países de la UE-15 que tiene el porcentaje mayor de este tipo de desocupados. Tal porcentaje era solo del 16% en 2008, habiéndose añadido a este grupo de desocupados, durante el periodo 2008-2016, 259.700 personas que están desesperadas por encontrar trabajo. Y para hacer más agudo el dolor, el 71% de las personas en paro no reciben ninguna prestación o subsidio en concepto de paro. La gran mayoría de ellos son trabajadores que habían ocupado puestos de trabajo de salarios bajos.
Esta situación es particularmente aguda entre las personas jóvenes, siendo Catalunya el país con mayor desempleo juvenil de la UE-15 junto con el resto de España, Grecia e Italia. Este elevado desempleo se ha producido junto con otros indicadores de deterioro del mercado de trabajo, como es el elevado nivel de precariedad, de nuevo, uno de los más altos de la UE-15. Y de particular importancia ha sido el descenso salarial, que ha sido muy marcado entre los trabajadores con salarios bajos. Si en 2008 el 10% de la fuerza laboral percibía salarios por debajo de los 9.221 euros brutos anuales, en 2016 este 10% percibía salarios por debajo de los 7.841 euros brutos anuales (un descenso del 15% de su salario).
Los recortes del gasto público social en Catalunya
Este enorme deterioro del mercado laboral afectó muy negativamente la calidad de vida de la clase trabajadora, que junto con amplios sectores de las clases medias constituyen la gran mayoría de las clases populares catalanas. Sus dificultades fueron incluso más acentuadas debido a los recortes de las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar catalán realizados por el gobierno de la Generalitat de Catalunya bajo el mandato de una coalición de un partido liberal (CDC, hoy conocido como PDeCAT) y otro cristianodemócrata (UDC), y más tarde (tras la desaparición de los cristianodemócratas) con un partido independentista de centroizquierda, ERC.
Estos recortes del gasto público social (en las transferencias y servicios públicos de la Generalitat, que han estado subfinanciados durante la mayor parte del periodo democrático, y bajo el gobierno de la coalición CDC-UDC) fueron muy sustanciales durante el periodo 2010-2015, en el que Catalunya continuó siendo gobernada por dicha coalición. Durante tal periodo ocurrieron varios hechos: 1) el gasto público social de la Generalitat se redujo en 3.456 millones de euros, lo que significó una reducción de un 17%, pasando de gastarse 19.881 millones en 2010 a 16.424 en 2015; 2) el gasto público educativo se redujo un 17%, pasando de 6.310 millones a 5.234 millones en 2015; 3) el gasto sanitario público del gobierno de la Generalitat se redujo un 14%, pasando de 9.903 millones de euros a 8.464 millones de euros. Además de estos recortes, hubo una privatización masiva de la gestión de los servicios públicos así como una externalización de tales servicios al sector privado; 4) el gasto público en vivienda y otras actuaciones urbanas de la Generalitat se redujo un 60% pasando de ser 723 millones a 289 millones; 5) el gasto de protección social del gobierno de la Generalitat se redujo un 14%, pasando de 2.110 millones a 1.823 millones; 6) el gasto en promoción social del gobierno de la Generalitat se redujo un 39%, pasando de 100 millones a 61 millones; 7) el gasto de fomento de la ocupación se redujo un 25%, pasando de 732 millones a 551 millones.
Todos estos datos, sacados de los presupuestos de la Generalitat de Catalunya, muestran, como ya hemos indicado antes, un descenso en la financiación de los servicios fundamentales del Estado del Bienestar del 17%. Tales recortes han sido de los más acentuados en España y en la UE-15. Estas medidas se justificaron, según la ideología liberal dominante en tal coalición de gobierno, argumentando que todas ellas eran necesarias para “recuperar la economía”, subrayando –como indicó el entonces presidente Mas- que “la austeridad nos hará fuertes”.
El aumento de la pobreza y de la exclusión social en Catalunya
La reducción salarial, el aumento de la precariedad, el aumento del desempleo y la reducción de las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar tuvieron un impacto devastador en el bienestar de las clases populares. Y uno de ellos es el elevadísimo nivel de pobreza y exclusión social. Los datos hablan por sí mismos: 1) la renta media neta de los hogares catalanes descendió un 5,2% entre 2009 y 2016 (pasando de 33.064 euros a 31.339 euros); 2) en 2016 el 40% de los hogares de un adulto con uno o más hijos estaban en riesgo de pobreza. Durante este periodo de la Gran Recesión, dicho porcentaje ha subido un 22%; 3) la población total en hogares sin ningún tipo de ingreso subió un 52%, pasando de 112.100 a 176.200 personas (2008-2017); 4) el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en el periodo 2008-2015 pasó de un 15% de la población total a un 20%, un incremento del 27%; y 5) la población en situación de privación material severa (un 5,5% de la población) aumentó un 250%. Estos datos muestran la enorme crisis social que existe en Catalunya, la mayor durante el periodo democrático.
El tema nacional en Catalunya (y en España) oculta el tema social en Catalunya (y en España)
A pesar de su gran importancia, la crisis social en Catalunya no ocupa la centralidad mediática. En Catalunya, como en el resto de España (cuya crisis social tiene muchos elementos comunes con lo que ocurre en Catalunya, como he documentado en el artículo reciente “El nuevo régimen social de España”, Público, 21.06.17), la centralidad mediática no la tiene el tema social, sino el tema nacional, que acapara la mayor atención de los principales medios de información a los dos lados del Ebro. Tales medios enfatizan constantemente el supuesto “choque de trenes” entre el nacionalismo españolista, liderado por el gobierno del Partido Popular (un partido de sensibilidad conservadora liberal) presidido por el Sr. Rajoy, y el nacionalismo catalanista secesionista, liderado por el PDeCAT (también un partido de sensibilidad conservadora liberal) y su presidente, el Sr. Puigdemont (que gobierna en coalición con ERC). Estos dos últimos partidos son independentistas que centran su atención en el tema nacional. En su argumentario, la enorme crisis social aparece solo indirectamente, al atribuirla a la pertenencia de Catalunya al Estado español. Constantemente se indica que la secesión de Catalunya de España y su independencia permitirán eliminar dicha crisis social. El argumento que responsabiliza al Estado español de la crisis social de Catalunya tiene parte de razón, pues la enorme crisis social de Catalunya es muy parecida (aun cuando en bastantes indicadores es incluso peor) a la existente en el resto de España. De ahí que se asuma, por parte de estos partidos y por la mayoría del movimiento independentista, que tal crisis social en Catalunya ha sido impuesta a la población catalana por las políticas públicas aprobadas por el Estado español. Esta externalización de responsabilidades, atribuyendo la crisis social única y exclusivamente al Estado español, es, sin embargo, insuficiente.
La responsabilidad de la crisis social hay que buscarla también en Catalunya, pues el primer argumento oculta que la gran mayoría de leyes de sensibilidad liberal (en realidad neoliberal, como las reformas laborales del gobierno Zapatero y del gobierno Rajoy, las reformas fiscales regresivas y los recortes del gasto público social, entre otros acuerdos sociales y laborales) que han tenido un impacto muy negativo generando la crisis y dañando enormemente el bienestar de las clases populares catalanas, han sido aprobadas en las Cortes Españolas (o en el Parlament catalán) por partidos catalanes, y muy especialmente por Convergència (hoy PDeCAT), que ha liderado el gobierno de la Generalitat durante la gran mayoría del periodo democrático en una coalición con otro partido conservador, el partido democratacristiano UDC. Tales partidos comparten gran responsabilidad, tanto en la subfinanciación del Estado del Bienestar catalán como en la imposición de políticas neoliberales que causaron la crisis social. Tales partidos han apoyado sistemáticamente (tanto en las Cortes Españolas como en el Parlament catalán) políticas públicas que causaron la subfinanciación y la crisis del Estado del Bienestar catalán. La evidencia de ello es abrumadora, aunque el lector raramente lo leerá, verá u oirá en los grandes medios de comunicación catalanes.
Las limitaciones y exageraciones del argumento de que la independencia determinaría la eliminación de la crisis social
La futura Catalunya, en caso de alcanzarse la independencia, dependería mucho de las fuerzas políticas que lideraran el proceso de transición de la Catalunya actual a la futura. La transición española de una dictadura a una democracia mostró claramente que las fuerzas que controlaban la transición (las derechas, que a su vez controlaban el aparato del Estado) tuvieron una influencia determinante en la configuración del sistema democrático (conocido por sus enormes limitaciones) y de su Estado del Bienestar (escasamente financiado). Y un tanto igual ocurriría en la transición a la futura Catalunya. Esta es precisamente una de las causas del escepticismo o incredulidad que grandes sectores de las clases populares (y muy en particular las que viven en zonas urbanas) tienen hacia el argumento de que la independencia resolvería la gran crisis social. La clase trabajadora catalana no es independentista y este es el mayor punto flaco del independentismo. Es precisamente en barrios obreros (en los que la crisis social es más acentuada) donde el apoyo al independentismo es menor. El liderazgo del movimiento independentista por parte del mismo gobierno que ha sido responsable de las políticas neoliberales causantes de las crisis genera esta duda y escepticismo hacia la bondad del independentismo, dirigido, institucionalmente, por un gobierno de coalición liderado por tal partido conservador y liberal. Ello no quiere decir que el movimiento independentista en sí no sea un movimiento auténticamente popular que canaliza, en parte, la protesta por la situación social. Pero la escasa pluralidad en su dirección debilita su representatividad y, sobre todo, la movilización entre grandes sectores de las clases populares.
La necesaria transformación de Catalunya (y de España)
La única alternativa para conseguir el apoyo de la mayoría de las clases populares al desarrollo del derecho a decidir (el soberanismo) es que haya una alianza de fuerzas políticas con un claro compromiso hacia la resolución de la crisis social tanto en Catalunya como en España. El soberanismo no es el independentismo. La secesión es una alternativa ofrecida a la población en su derecho a decidir. Hoy, según las encuestas, la gran mayoría de la población desea ejercer este derecho a decidir, pero la mayoría no es secesionista.
El proyecto soberanista en Catalunya necesita establecer una alianza con fuerzas progresistas en España que luchan para conseguir resolver el problema social y el problema nacional de España (consecuencia, este último, de su negativa a reconocer su plurinacionalidad). El obstáculo mayor hoy para resolver el tema social en España (y en Catalunya) es la alianza de las fuerzas conservadoras y neoliberales nacionalistas españolistas (que gobiernan España), y de los conservadores y liberales (ahora convertidos al independentismo) que lideran el gobierno catalán, en su defensa del modelo neoliberal y de las políticas neoliberales. Su dominio y hegemonía en los aparatos del Estado, tanto en España como en Catalunya, representa el principal reto a superar. La abstención de PDeCAT en la moción de censura en contra del gobierno Rajoy ejemplifica esta alianza, mostrada múltiples veces en las Cortes Españolas. De ahí que se requiera una alianza entre los que desean un cambio profundo (social y nacional) en ambos lados del Ebro. Quedó bien expresado en el discurso de presentación de ERC (a cargo del Sr. Joan Tardà) en la misma sesión, cuando expresó su hermandad con las fuerzas políticas, Unidos Podemos y sus aliados, En Comú Podem y En Marea, en su lucha para transformar España, terminando su discurso con el saludo ¡Viva la República Española!, a lo cual las nuevas izquierdas procedentes de distintas partes de España respondieron con un fuerte aplauso. Ahí estaban las bases de una nueva Catalunya y de una nueva España.
Pero esta visión del Sr. Tardà no es la hegemónica en grandes sectores del independentismo catalán, que considera que España es el problema y ve a Unidos Podemos y sus aliados como uno de sus mayores adversarios, pues representan la cara amable de España, que no desean reconocer, pues les interesa más la cara antipática que puede movilizar a sus bases. Ahí está otro de los problemas.
¿Qué debería hacerse para resolver el mayor problema que tienen las clases populares en Catalunya?
La respuesta es fácil de ver. Poner el tema social en el centro del debate, denunciando la incoherencia del PDeCAT al presentarse como el gran defensor de Catalunya, a la vez que apoya medidas económicas y sociales que dañan a las clases populares en Catalunya. Este tema debería ir acompañado con la defensa del derecho a decidir (que estuvo siempre en el ADN de las izquierdas catalanas), denunciando la instrumentalización del famoso proceso constituyente por parte del PDeCAT y Junts Pel Sí, que con su comportamiento antidemocrático están evitando que se alcance la plena realización de tal derecho. Ni que decir tiene que el Estado central, con su comportamiento represivo, está, además de incrementando el independentismo, facilitando tal instrumentalización. Con ello se está ayudando a que las mismas fuerzas que han gobernado siempre Catalunya (y que son responsables de su gran subdesarrollo social), continúen configurando el futuro, empeorando incluso más la situación social. La resolución del problema social y nacional en Catalunya será de difícil realización sin un cambio en España y sin un liderazgo en el movimiento constituyente catalán que ponga la resolución del tema social en el centro de su estrategia, movilizando con ello a las clases populares catalanas, ejerciendo su derecho a decidir en condiciones auténticamente democráticas.