Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, y en catalán en la columna “Pensament Crític” en el diario PÚBLIC, 25 de julio de 2017.
Este artículo cuestiona la postura promovida por el establishment político-mediático del país según la cual ya hemos salido de la crisis y el Estado ha terminado de aplicar medidas de austeridad y recortes del gasto público. El artículo se centra en lo ocurrido hace unos días en las Cortes Españolas, donde se aprobó el techo de gasto público, subrayándose una vez más que no había alternativas, algo que el artículo muestra que no es cierto. Se trata de un tema al que no se ha dado mucha visibilidad en los grandes medios del país pero que tiene una enorme importancia, pues perpetúa el subdesarrollo social de España, que es uno de los más acentuados hoy en la Eurozona.
Estamos hoy viendo en España que, una vez más, la gran atención mediática en el país está en lo que se llama el tema nacional o territorial, utilizado, como siempre, por el gobierno español de turno para movilizar a la población para defender “la unidad de la patria”, el eslogan que las derechas españolas siempre han utilizado para defender los intereses económicos que las financian, utilizando el sentir patriótico de la gente para sus fines particulares. Un ejemplo claro de ello es la situación actual.
El problema mayor que tiene hoy España es el enorme problema social (ver mi artículo “El nuevo régimen social de España”, Público, 23.06.17), que es ni más ni menos que el gran deterioro de la calidad de vida de las clases populares (que constituyen la gran mayoría de la población española), resultado directo de las políticas neoliberales (como las reformas laborales y los enormes recortes del gasto público que financian las transferencias sociales, como las pensiones, y los servicios públicos del Estado del Bienestar tales como la sanidad, la educación, la vivienda social, los servicios sociales, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios y otros) iniciadas por el gobierno de Zapatero y expandidas por el gobierno de Rajoy. He documentado extensamente a lo largo de estos años la naturaleza y extensión de esta crisis sin precedentes en el periodo democrático postdictatorial (ver Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama, 2015).
La gran falsedad promovida por el establishment político-mediático del país es que las crisis económicas y financieras, que determinaron la crisis política, ya han terminado. Se justifica tal optimismo con la aparición del crecimiento económico, lo cual se atribuye a las medidas aplicadas por el gobierno de Rajoy. La evidencia científica, fácilmente accesible para el que quiera verla, muestra, sin embargo, que la reversión del declive del crecimiento económico (que caracterizó la Gran Recesión) no se ha debido primordialmente a las medidas tomadas por el gobierno Rajoy sino (como han reconocido el Fondo Monetario Internacional e, incluso, el Banco de España) a factores externos (fundamentalmente la bajada de los precios del petróleo y los bajos tipos de interés debido a la política monetaria del BCE), que tienen poco que ver con las medidas tomadas por el gobierno de Rajoy. Y la misma evidencia científica muestra que la enorme crisis social continúa en España, donde hay nada menos que 2,3 millones de empleos menos hoy que antes de que se iniciara la Gran Recesión; donde la precariedad laboral es lo que define la creación de empleo; donde el PIB per cápita no ha recuperado los niveles existentes en 2007; donde el 28% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social, incluyendo el alarmante fenómeno de la pobreza laboral, es decir, pobreza entre personas que están trabajando a tiempo completo (15% de la población ocupada); y donde el 70% de los hogares continúan sin mejoras en sus condiciones de vida.
Pero la otra gran falsedad promovida por el establishment político-mediático español es que las políticas de austeridad impuestas por el gobierno de Rajoy han dejado de aplicarse, lo cual, no es cierto, pues tales políticas han continuado. Y la mejor prueba de ello es la aprobación del techo de gasto del Estado que ocurrió hace unos días en las Cortes Españolas. Tal medida fue una propuesta del gobierno Rajoy aprobada por las derechas españolas que incluyen, además del PP y su Frente de Juventudes (Ciudadanos), a las derechas vascas (PNV) y canarias (Coalición Canaria), así como a la “izquierda” canaria de Nueva Canarias (NC).
¿Qué es el techo de gasto público?
A primera vista tal término aparece como un concepto económico que la gente normal y corriente no entiende o aparentemente no le interesa, y ello a pesar de su enorme importancia. En realidad, las escuelas de sus niños, la sanidad de sus enfermos, la educación de sus jóvenes y adultos, la vivienda social, las escuelas de infancia y los servicios domiciliarios y una larga lista de servicios públicos, así como las transferencias públicas, tales como las pensiones, dependen en parte del techo de gasto público, que quiere decir del límite de gasto público del que el Estado puede disponer. Es uno de los indicadores más importantes para medir el compromiso del Estado con el desarrollo de sus funciones, incluyendo la provisión de servicios y transferencias a la sociedad, que quiere decir, a usted, lector.
Pues bien, tal techo de gasto público, es decir, techo de la cantidad que el Gobierno de Rajoy ha definido como el máximo dinero que el Estado se puede gastar es clara y excesivamente bajo, lo cual se hace para cumplir los famosos objetivos de estabilidad presupuestaria, que en lenguaje llano quiere decir bajar el gasto en transferencias públicas y en los servicios del Estado del Bienestar para reducir el déficit de las cuentas del Estado (es decir, la diferencia entre sus ingresos y sus gastos).
La pobreza del gasto público del Estado Español
El gasto público en España es muy bajo, mucho más bajo que en el promedio de la Eurozona (los países de la UE que utilizan el euro como su unidad monetaria). Y este bajo gasto público se debe en gran medida a que los ingresos públicos al Estado son también muy bajos; en realidad, de los más bajos de la UE-15. Pero la situación es incluso peor, pues no solo es de los más bajos, sino que desde el 2007 al 2015, mientras tales ingresos al Estado aumentaron en el promedio de la UE-15 un 1,2% del PIB, en España disminuyeron un 2,7%. Un dato que hay que tener muy en cuenta es que la mayoría de tal gasto es el gasto público social, es decir, el gasto en las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar a los que me referí al principio del artículo. En realidad, el hecho de que los servicios sanitarios públicos, las escuelas públicas, la vivienda social, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios, los servicios sociales y otros (que son todos ellos esenciales para garantizar la calidad de vida y bienestar de las familias en España) tengan pocos recursos en este país, se debe a que este gasto público social sea cinco puntos del PIB más bajo que el promedio de los países de la Eurozona. Los datos están ahí para el que quiera verlos.
Y una de las razones de que sea tan bajo es que los ingresos al Estado son también muy bajos. En realidad, de los más bajos de la Eurozona. Tales ingresos al Estado son nada menos que ocho puntos del PIB más bajos que en el promedio de la Eurozona. Y a pesar de esta gran pobreza de los ingresos al Estado, la derecha, tanto la de siempre, el PP, como la nueva, Ciudadanos, hacen gala de sus propuestas de bajar tales ingresos, reduciendo los impuestos (algo que sistemáticamente beneficia más a las rentas superiores que a las medias e inferiores).
Y una de las mayores causas de la pobreza de recursos se debe a la regresividad de la política fiscal, que conlleva que las grandes empresas, las grandes fortunas y los más pudientes no aporten al Estado lo que deberían. Este déficit no es fácil de ver cuando se analiza lo que la población debería pagar en impuestos, según el tipo nominal impositivo, es decir, lo que en teoría deberían de pagar según su nivel de ingresos (que es parecido a los de la UE-15). Ahora bien, si en lugar del tipo nominal analizamos el tipo efectivo (es decir, lo que en realidad la gente paga en impuestos), entonces vemos que es muy bajo y ello es debido a la enorme cantidad de deducciones fiscales que caracterizan al sistema fiscal regresivo español. Ni que decir tiene que las deducciones son mucho más utilizadas por las rentas superiores que por las rentas medias e inferiores. La diferencia entre lo que nominalmente deberían pagar las grandes empresas y las rentas superiores, y lo que pagan, es nada menos que 37.000 millones de euros (solo en IRPF y en el IVA) que el Estado deja de ingresar, aproximadamente el déficit estructural que tiene la economía española (el déficit estructural contabiliza los gastos no-coyunturales del Estado, es decir, el déficit no producido en momentos de crisis, sino el déficit permanente del Estado).
Si sumamos a este déficit fiscal (37.000 millones), el fraude fiscal (al que el 80% es producido por los súper ricos y las grandes empresas, según datos de técnicos de Hacienda) que representa 90.000 millones de euros (según Carlos Cruzado, presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda), más los fondos que el Estado no recibe debido a la reducción de los impuestos al patrimonio y a la herencia, y lo que el IBEX-35 deja de pagar (que nominalmente debería ser un 25%, y en cambio paga solo un 7%, según reconoció recientemente el ministro Cristóbal Montoro), nos encontramos con una situación de injusticia fiscal enorme. Esta injusticia contribuye a deteriorar aún más dos fenómenos: uno es el aumento de la desigualdad en España, en donde el 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de una cuarta parte de la riqueza del país (27,4%), mientras que el 20% más pobre se queda con un 0,1%, o que la fortuna de las 3 personas más ricas en nuestro país equivale a la del 30% más pobre. Y el segundo fenómeno es que en España son los trabajadores los que paguen la gran mayoría de los impuestos y los que sostienen el Estado del Bienestar. Nada menos que el 85% del esfuerzo fiscal en España recae sobre las rentas del trabajo. Puesto que del 2008 al 2016, las rentas del trabajo han caído un 6,1% (33.679M€), mientras que las rentas del capital han aumentado un 1,7% (7.850M€), es lógico que los ingresos del Estado también se hayan reducido.
Este fenómeno es bien percibido por la ciudadanía española, según el último barómetro del CIS sobre fiscalidad (julio 2016), ante la pregunta de ¿cree que los impuestos se cobran con justicia y pagan más los que más tienen? Un abrumador 86,6% cree que se cobran con injusticia. De hecho, la opinión mayoritaria de los españoles es que es preferible mejorar los servicios públicos aunque haya que pagar más impuestos (44,7%) que pagar menos impuestos aunque haya que reducir servicios públicos (solo 15,8%). No hay duda de que por el bien del país y de la población que vive en él, hay que terminar con la austeridad. Y para ello hay que aumentar los impuestos, pero no a las rentas del trabajo (a la mayoría de la población) sino a las rentas de capital (las minorías privilegiadas).
¿Y por qué el techo de gasto es tan importante?
La respuesta es fácil, pues el techo de gasto público es el máximo que el Estado pueda gastarse. Un Estado pobre tanto en su gasto público social y como en sus ingresos fiscales, está condenado a una subfinanciación continua y eterna. Pues bien, el techo de gasto aprobado el martes 11 de julio en las Cortes Españolas impone que el máximo que el Estado se podrá gastar en el 2018 (ya en esta España supuestamente recuperada) es de 119.834 millones de euros, que es mucho menor (en realidad, 62.000 millones de euros) del que había en 2010 (ocho años antes).
Es más, el crecimiento de tal gasto máximo (1,3%) será mucho menor que el crecimiento de la economía que el gobierno calcula (4,3%). Ello determina que el gasto máximo que el gobierno permitirá, expresado como porcentaje del PIB, será el más bajo desde 2005 (repito, ¡desde 2005!). Ello quiere decir que el nivel máximo del gasto es semejante al que teníamos doce años atrás, a la vez que las necesidades del país han ido aumentando considerablemente. En base a estas cifras, concluir (como hace el establishment político-mediático) que ha llegado el fin de la austeridad es sencillamente una farsa.
Sí que hay alternativas a la austeridad
Es preocupante constatar que el establishment político-mediático del país guarda un silencio ensordecedor sobre este tema, presentándolo como un tema meramente técnico y económico, cuando en realidad es un tema profundamente político (como son la mayoría de temas económicos). Es urgente que se rompa tal silencio, pues para revertir las políticas de austeridad es necesario cuestionar y negar la lógica del techo de gasto, que distorsiona el debate sobre la política presupuestaria, desarrollando a la vez un marco alternativo basado en un concepto opuesto y distinto al concepto de techo de gasto, que es el establecimiento de un suelo de ingresos, es decir, que en lugar de fijarse tanto en el límite de gasto, se enfatice una cantidad de ingresos del Estado, que no pueda caer por debajo de ese suelo. Hay que aplaudir que por primera vez una fuerza política en el Congreso de los Diputados (Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) haya iniciado este debate, introduciendo el concepto del “suelo de ingresos” (que unos días después hizo también suyo el PSOE), lo cual es de enorme importancia. Esta fuerza política también ha hecho la propuesta de expandir el techo de gasto, añadiendo 19.500 millones de euros al conjunto de los fondos asignados a Administraciones Públicas. Estos 19.500 millones más (que se podrían haber conseguido fácilmente gracias a mejorar los ingresos públicos) hubieran servido para: subir las pensiones no contributivas (850M€); para actualizar las pensiones al nivel de precios de consumo, considerando la inflación (1.600M€), lo cual no se está haciendo hoy en España; para recuperar los sueldos de los funcionarios (400M€), para aumentar la dotación en becas (75M€); para un ambicioso Plan de Renta Garantizada (3.200M€); para una prestación por hijo a cargo (400M€); y para financiar el ineludible Plan Nacional de Transición Energética (1.500M€). Estas propuestas que aquella fuerza política realizó son razonables y totalmente factibles, aunque predeciblemente fueron denunciadas por las voces neoliberales que todavía predominan en gran parte de la cultura económica y política del país como gastos imposibles de aceptar, pues, según ellos, romperían con las arcas del Estado, siendo esta la frase predecible que se utiliza en el dogma neoliberal que todavía domina hoy el establishment político-mediático que existe en el país, y que ahora nos vende el mensaje de que ya hemos salido de la crisis y que ya hemos dejado la austeridad atrás. Su desfachatez no tiene límites.