El País, 16 de octubre de 2007

Estos días hemos visto varios hechos que son representativos del sesgo liberal que aparece con gran frecuencia, no solo en la prensa económica y financiera, sino también en gran número de comentaristas de la prensa diaria. Una de las noticias que han aparecido últimamente con mayor relieve en los medios de información del país ha sido el desacuerdo entre los Ministros responsables de las áreas sociales del gobierno español, Jesús Caldera, Ministro de Trabajo y de Asuntos Sociales, Adolfo Soria, Ministro de Sanidad y Carmen Chacón, Ministra de Vivienda que han hecho propuestas que incrementaran el gasto público social y Pedro Solbes, Ministro de Economía y Finanzas, que ha expresado vivas reservas sobre tales propuestas. Este último había indicado recientemente, en una entrevista a El País (22.07.2007), que la política de la cual él estaba más orgulloso era la de no haber aumentado el gasto público durante su mandato como responsable de las políticas económicas, fiscales y presupuestarias del gobierno español. Puesto que estas declaraciones las hacía el responsable de los presupuestos de un gobierno socialista en el país de gasto público social más bajo de la Unión Europea de los Quince, UE-15 (el grupo de países con un nivel de riqueza semejante al nuestro) parecería lógico que la noticia del día hubiera sido precisamente estas declaraciones del Ministro de Economía, analizando las consecuencias de mantener el gasto público tan bajo para un país con gran pobreza de infraestructuras y de servicios públicos y sociales. Pues bien, no hubo tal noticia. En realidad, hubo un silencio ensordecedor sobre tales declaraciones. Ningún diario, articulista o comentarista de entre los más conocidos en España escribieron en la prensa aludiendo a los costes que podría suponer para el país el que no se aumentara el gasto público. Lo que sí hicieron gran número de comentaristas, fue comentar críticamente la expansión del gasto público que significaban las medidas propuestas por los ministros de las áreas sociales del gobierno, calificados por Santos Julia, en su columna dominical de El País como “los Ministros sandungueros” que están ofreciendo “el chocolate del loro” (19.09.2007), medidas que rompían – según él – con la seriedad y rigurosidad que caracteriza a Pedro Solbes. Tal avalancha de comentarios negativos hacia la expansión del gasto público social por parte de gran parte de aquellos comentaristas forzaron al Presidente Zapatero a aclarar, con un tono defensivo, que “tales medidas sociales restarían sólo unas dos décimas al superávit actual del 1,8% del PIB”, medidas que, aclaró el Presidente, no iban a costar ni un euro al bolsillo de los españoles (El País 18.IX.07).
Ni que decir tiene que es función y responsabilidad de los medios de comunicación el analizar críticamente la acción del gobierno. Y hay mucho que criticar en la manera como se están haciendo estas propuestas sociales y también sobre su eficiencia o equidad. Pero lo que considero preocupante no son estas críticas sino el sesgo liberal que aparece en la mayoría de comentarios a los que me refiero y que consideran las políticas expansivas de gasto público, incluyendo gasto público social, como medidas frívolas con finalidad electoralista (como si hacer propuestas populares fuera un engaño) mientras que el mantenimiento de la austeridad de gasto público social, resistiendo el muy necesario y urgente aumento del gasto público, se presente como medidas de rigor y eficiencia económica. Tales críticas parecen desconocer que el promedio de la UE-15 tiene un gasto público social por habitante casi el doble de lo que se gasta España (7.129 euros versus 3.935). El nivel de riqueza de España (medido por el PIB per capita), sin embargo, no es casi la mitad del promedio de la UE-15, sino que es casi el mismo que el del promedio de la UE-15. Esta pobreza de recursos afecta la calidad de los servicios públicos, realidad que tales comentaristas parecen ignorar o desconocer. Seguro que tienen más de seis minutos de visita cuando van al médico, el tiempo promedio de visita en el sistema público sanitario.

La falta de concienciación de la existencia de tales déficits ha caracterizado también a los sucesivos equipos económicos de los últimos tres gobiernos españoles. Cuando el Ministerio de Economía del gobierno socialista español estableció, al principio de su mandato en el año 2005, una comisión para analizar el gasto sanitario en España, concluyó que éste (6% del PIB) era ya el que le correspondía por el nivel de riqueza que tenía España en aquel momento. En realidad, tal gasto era mucho más bajo que el promedio de la UE-15 (7,5%) y mucho más bajo del que le correspondía por el nivel de riqueza que teníamos (15.841 millones de euros de déficit). Es ilustrativo comparar este comportamiento con el de otros países, incluido el de Toni Blair, punto de referencia para muchos socioliberales de los gobiernos españoles tanto del conservador-liberal anterior como del socialista actual. Cuando Blair estableció su gobierno en 1997, el gasto público sanitario era (6,3% del PIB) prácticamente el mismo porcentaje que el de España en el año 2004, inicio del gobierno PSOE. Su Ministro de Economía y Finanzas, Harold Brown, también nombró una comisión y concluyó, al revés que la comisión española, que tal gasto era excesivamente bajo y triplicó su gasto sanitario durante su mandato alcanzando hoy un 7,8% del PIB, pasando de estar por debajo a estar por encima del promedio de la UE-15. Sería de desear que Pedro Solbes, y Rodrigo Rato antes de él, hubieran aprendido de Harold Brown esta medida y que los medios de información, hubieran contrastado tal diferencia de comportamientos presupuestarios. Ninguno lo hizo.

El dominio de pensamiento liberal en tales medios de información, que son también de persuasión, explica la situación paradójica, que hayan sido los ministros de economía de los tres últimos gobiernos españoles, responsables de la austeridad de gasto público español, los ministros más populares del gobierno y que según una encuesta reciente un 40% de la población en España considere que aquellas propuestas de los ministros de las áreas sociales ponen en peligro a la economía española.

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