Publicado en el diario PÚBLICO, 22 de Mayo de 2009
Este artículo critica el supuesto liberal, promovido por los cinco rotativos de mayor tiraje en España, de que el sistema de pensiones en nuestro país es inviable. Uno de los problemas mayores que tiene la democracia española es la escasa diversidad ideológica existente en los medios de información de mayor difusión del país. A primera vista parecería que hay una gran variedad de puntos de vista expresados en tales medios, variedad que da pie a debates intensos y enriquecedores. Estos debates, sin embargo, tienen lugar dentro de un marco que define los términos en los cuales se desarrolla tal discusión. Esto es especialmente notorio en los temas económicos donde el dominio liberal de la cultura económica del país se reproduce en aquellos medios, que promueven los puntos de vista liberales a costa de otros que son críticos de la sabiduría convencional liberal. La gravedad de este hecho (que supone un elevado coste para la calidad democrática del país) tiene dos consecuencias: una es la limitada exposición al público de puntos de vista y sensibilidades económicas distintas, y otra es el desarrollo de una narrativa y unas prioridades en los medios que marcan el discurso político del país. En España, la cultura política queda, en gran manera, determinada por la cultura mediática. Pocos dirigentes políticos, incluyendo dirigentes de izquierda, se atreven a cuestionar y enfrentarse con el establishment mediático del país. El cuarto poder tiene mucha influencia en España.
Un ejemplo de ello es lo que está ocurriendo con la supuesta inviabilidad del sistema de pensiones en España. Existe casi consenso entre los cinco rotativos de mayor tiraje del país, de que el sistema de pensiones no es viable financieramente. Todos ellos han escrito editoriales y promovido artículos que fomentan tal postura. La única diferencia entre ellos está en el año del colapso de la Seguridad Social y en algunas de las recomendaciones propuestas para “salvar” las pensiones. Pero incluso ahí hay gran coincidencia en varias de las propuestas. Por ejemplo, todos ellos han propuesto en sus editoriales (ver mi artículo “La avalancha mediática liberal”. Público. 14 mayo 09) un retraso de la edad obligatoria de jubilación y una redefinición del cálculo de la pensión, que significaría una reducción considerable de tal beneficio social.
La falta de diversidad ideológica en tales medios explica la contundencia con la que se presentan los argumentos en apoyo de tales medidas, puesto que raramente se permite la presentación de artículos que documenten los errores (por otra parte, fáciles de demostrar) que los que proponen las reformas liberales hacen en la exposición de sus argumentos. Un ejemplo de ello es la aseveración de que el incremento del gasto público en pensiones que, según un informe de la Comisión Europea (de clara orientación liberal) subirá de un 8% del PIB en 2007 a un 15% del PIB en el año 2060, restará recursos necesarios para los no pensionistas, que verán limitados sus recursos debido a tener que dedicarse éstos a los pensionistas. Esta argumentación se ha repetido muchísimas veces por el establishment mediático con un tomo alarmista, a fin de promover la deseada recomendación de bajar las pensiones, para frenar tal gasto público en pensiones y no permitir que lleguen a suponer el 15% del PIB en 2060, un porcentaje que se ve a todas luces desorbitado.
En esta alarma se ignoran hechos básicos y elementales como el impacto de la productividad en la riqueza nacional o PIB. Si la productividad de nuestro país creciera durante los próximos años un 1,5% anual (una tasa fácil de conseguir, y que incluso el Banco de España –el Vaticano del pensamiento liberal en España- admite como factible) ello implicaría que el PIB español en el año 2060 sería 2,20 veces mayor que en 2007. Es decir que si consideramos el PIB del 2007 como el punto de referencia, es decir, 100, entonces en el año 2060 será 220. Pues bien, en 2007, de estas 100 unidades nos gastamos 8 (8% es el porcentaje de PIB que nos gastamos en pensiones) en pensionistas, y 92 (100 menos 8 ) en no pensionistas. En el año 2060, según la Comisión Europea, España se gastará un 15% de 220 unidades, es decir, 33 unidades, en pensionistas, quedando para los no pensionistas 187 unidades (220 menos 33), lo cual es un gasto para los no pensionistas mucho mayor que ahora, 92. En realidad, hace cincuenta años España se gastó el 3% del PIB en pensiones. Y ahora nos gastamos un 8% del PIB (más del doble del PIB que entonces) y, en cambio, tenemos muchos más recursos para los no pensionistas que hace cincuenta años, y ello como consecuencia de que el PIB es mucho mayor. La ignorancia de hechos tan elementales permite llegar a conclusiones alarmistas y erróneas. Ello no es obstáculo para que el establishment mediático liberal continúe alarmando a la población.
Ni que decir tiene que este enorme dominio tiene gran impacto en la cultura política del país. Un número creciente de dirigentes políticos han ido añadiendo su voz a la necesidad de reformar las pensiones. Es de agradecer que el presidente Zapatero y el Ministro Corbacho se hayan resistido a añadir su voz a este coro. Pero las presiones aumentan y el gobierno tiene en su equipo económico economistas liberales, como el nuevo segundo de a bordo del Ministerio de Economía y Hacienda, el Sr. Campa, que ya hizo en su día propuestas en la dirección de retrasar la edad de la jubilación.
El sistema de pensiones no tiene un problema de viabilidad, puesto que la viabilidad depende de factores políticos y no económicos. Incluso en el caso (no existente, como he señalado) de que en el año 2060 las cotizaciones sociales no fueran suficientes para pagar las pensiones de entonces, tales pensiones podrían pagarse con fondos generales del Estado, tal como ocurre en varios países europeos como Dinamarca (que por cierto, tras retrasar la edad de jubilación obligatoria a los 67 años, la ha vuelto a reducir a los 65 años). La popularidad del sistema de pensiones públicas es tal que puede asegurarse que la sociedad en 2060 estará dispuesta a aportar más fondos generales si ello fuera necesario.
Dos últimas observaciones. En la última encuesta de valores de las poblaciones en los países de la UE-15 se muestra que la gran mayoría de la población española está en contra del retraso obligatorio de la edad de jubilación, considerando las pensiones como el programa de aseguramiento más popular del país. La distancia entre el establishment mediático liberal y lo que la gente normal y corriente desea es evidente.
La segunda observación es que el Partido Popular Europeo (del cual forma parte el PP español) está a favor del retraso en la edad de jubilación obligatoria del país, propuesta que el PP no se ha atrevido a hacer en España, aunque la está haciendo indirectamente a través de la Unión Europea.
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