Traducción al castellano del artículo publicado en EL DEBAT, 16 de junio de 2009
Este artículo muestra con datos el error de los argumentos de aquellas instituciones (como la Comisión Europea, el Banco de España y la Patronal) que sostienen que el sistema de pensiones en España no es viable. El artículo muestra errores elementales y metodológicos de los trabajos que sostienen aquellas tesis. Se está extendiendo en nuestro país una postura generalizada que afirma que el sistema de pensiones en España no es viable en su presente forma de financiación. De ahí que se esté proponiendo retrasar la edad de jubilación y cambiar el tiempo laboral sobre el cual se basa el cálculo de la pensión tal como recomendaba una reciente editorial de este rotativo (“Pensiones en Conflicto”, El País, 23.04.09). Avalando tales propuestas se han publicado varios artículos en las páginas de opinión de este diario a favor de estas y otras reformas. Han aparecido también informes del Banco de España o de la Comisión Europea, que supuestamente añaden evidencia en apoyo de tales propuestas de reforma de las pensiones. En realidad, parecería que se ha alcanzado un consenso sobre la necesidad de realizar tales reformas para garantizar su viabilidad. Decía César Molinas en su artículo publicado recientemente en estas páginas, “El necesario debate sobre las pensiones” (17.03.09), que él “ no conocía ningún estudio que avale las tesis de que el sistema español de reparto, tal y como está, sea sostenible”.
No existe, sin embargo, tal consenso. En realidad hay bastantes informes que niegan tal inviabilidad de las pensiones. Los más conocidos son los estudios de las pensiones públicas en España del Observatorio Social de España, publicados por Biblioteca Nueva en “La Situación Social de España, Vol II, 2008 y Vol III, 2009, y realizados por Adolfo Jiménez, que fue (1986-1996) secretario general de la Seguridad Social del gobierno español, reconocido experto en temas de Seguridad Social, y uno de los mayores conocedores del sistema de pensiones público de España.
Pero independientemente de la diversidad de opiniones que exista sobre la viabilidad de las pensiones, puede ser necesario y aconsejable aclarar varios puntos que se reproducen en este debate. Así, en el reciente informe de la Comisión Europea sobre el futuro de las pensiones en España, se alerta del crecimiento del gasto público en pensiones, señalando que tal gasto subirá del 8,4% del PIB en 2007 a 15,1% del PIB en 2060, porcentaje que la Comisión Europea considera excesivo, pues restará recursos necesarios para otros sectores de la población distintos a los pensionistas. Este dato ha sido utilizado por varios protagonistas en el debate sobre las pensiones, como el Sr. Joaquín Almunia, Comisario de Asuntos Económicos de la Comisión Europea para subrayar la necesidad de hacer reformas ya ahora para evitar que se alcance un porcentaje considerado excesivo del PIB (del 2060) en pensiones.
Tal argumento desconoce, sin embargo, que el hecho de que en el año 2060 el gasto público en pensiones consumirá un porcentaje del PIB (casi el doble de lo que consume ahora) no quiere decir que habrá menos recursos para los no pensionistas. Y es fácil de demostrarlo. Supongan que la productividad aumentará un 1,5% anualmente, un aumento razonable basado en la experiencia de los últimos años. Esto implicará que el PIB en 2060 será 2,20 veces mayor que en 2007, lo cual quiere decir que si el PIB actual lo definimos como 100, el PIB del 2060 será 220. En 2007, de las 100 unidades nos gastamos 8,4 unidades en pensiones (siendo 8,4% el porcentaje del PIB que nos gastamos en pensiones aquel año). Ello quiere decir que nos quedan 91,6 unidades para los no pensionistas (100 menos 8,4 igual a 91,6). En el año 2060 nos gastaremos un 15,1% de 220, es decir, 33 unidades, para pensionistas, quedando 2250 menos 33, es decir, 187 unidades para los no pensionistas, más del doble de lo que nos gastamos para los no pensionistas en 2007. No hay, pues, un problema como se asume. No habrá menos recursos para los no pensionistas. En realidad España se gastaba hace cincuenta años en pensiones un 3% del PIB. Hoy nos gastamos más del doble, un 8,2%, y ello no quiere decir que ahora tengamos menos recursos para los no pensionistas que entonces.
Otro problema que existe en el debate es asumir que el hecho de que la esperanza de vida promedio de España haya pasado de ser 76 años a 80 años en veinticinco años (1980-2005) quiere decir que el promedio español vive ahora cuatro años más. Ello no es cierto. Hay que saber qué quiere decir esperanza de vida y cómo se calcula. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes. Uno, Pepito, que muere al día siguiente de nacer, y el otro, la Sra. María que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España sería 0 años más 80 años, dividido entre dos, es decir, cuarenta años. Pero supongamos que en un país imaginario vecino, hay también dos ciudadanos, uno, Juan, que en lugar de morir al día siguiente de nacer, como Pepito en España, vive veinte años, y la otra persona es la Sra. Victoria que tiene también 80 años como la Sra. María. En este país imaginario, la esperanza promedio de vida es de 20 más 80, dividido entre dos, es decir 50 años, diez años más que en España. Ello no quiere decir (como constantemente se malinterpreta este dato) que el ciudadano promedio de aquel país viva diez años más que en España: lo que el dato dice es que hay diez años de vida más en el promedio de aquel colectivo de dos personas sin clarificar que ello se deba a que la Sra. Victoria viva diez años más que la Sra. María (lo cual no es cierto), o que sea Juan el que vive veinte años más que Pepito. Todos los documentos que favorecen la reducción de las pensiones concluyen que la Sra. María vive diez años más, lo cual, repito, no es así.
Lo que ha estado ocurriendo en España (y en Europa) es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 años a 80 años. La mortalidad por cada grupo etario ha ido descendiendo (incluyendo entre los ancianos), pero los años de vida que el ciudadano medio vive ahora no es de cuatro años más que en 1980. Calcular las pensiones en base a esta lectura errónea de los datos penaliza a la población pues asume que la gente vive más años de lo que en realidad vive.
Otro problema es ignorar el significado de promedio. Las diferencias en los años de vida de una persona (su longevidad) por clase social son enormes. La diferencia en los años de vida existente entre una persona perteneciente a la decila de renta más baja del país (los más pobres) y la decila superior (los más ricos) en España es de diez años. En EEUU son quince y en el promedio de los países de la UE-15 son siete. Estas diferencias en años de vida se deben a que el nivel de salud de la población depende, sobre todo, de la clase social a la cual se pertenece. Un trabajador no cualificado (en paro frecuente durante más de cinco años) tiene, a los sesenta años, el nivel de salud que un profesional de renta alta tiene a los setenta años. Este último sobrevivirá al primero diez años. Es injusto pedirle al primero que continúe trabajando dos (y algunos piden cinco) años más para pagar las pensiones del segundo que le sobrevivirá diez años. Retrasar la edad de jubilación a toda la población trabajadora sin más, es una medida que perjudica a las clases populares para beneficiar a las clases de mayores rentas que viven más años.
Por último, la viabilidad del sistema de pensiones no es un tema económico sino político. Si en un lejano futuro las cotizaciones sociales no fueran suficientes para garantizar las pensiones, lo cual, como he dicho, es cuestionable el Estado puede complementar o incluso sustituir tales cotizaciones sociales. Y es más que dudoso que un sistema de pensiones tan popular como es el público, dejara de tener el apoyo para financiarlo con fondos del Estado tal como ya hacen ahora otros países de la Unión Europea.
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