Publicado en el diario PÚBLICO, 3 de setembre de 2009
Este artículo analiza las consecuencias, en la mayoría de países de la UE-15 (incluyendo España), de la regresividad fiscal, responsable de una enorme polarización de las rentas, causa de las crisis económicas y financieras que estos países están sufriendo. El artículo acentúa la necesidad de revertir estas políticas aumentando los impuestos de las rentas del capital y de las rentas superiores.
Desde el inicio de la época neoliberal, la mayoría de países de la Unión Europea (incluyendo España) han implementado políticas de reducción de impuestos, con un aumento muy notable de su regresividad. Como consecuencia, las rentas del capital y las de los grupos más pudientes de la sociedad han visto reducir sus impuestos de una manera muy marcada, aumentando, así, sustancialmente sus ingresos. Durante la década 1996-2006, los beneficios empresariales aumentaron un 33% en la media de la Unión Europea de los Quince (UE-15) y un 36% en la zona euro. En España, tales incrementos fueron incluso superiores. Las empresas españolas vieron aumentar sus beneficios netos un 73% (más del doble de la media de la UE-15).
Este aumento de las rentas de capital tuvo lugar a costa de las rentas del trabajo. La masa salarial (que mide tales rentas) descendió muy marcadamente, pasando de representar el 70% de la renta nacional en la zona euro, en el año 1992, al 62% en el año 2005, descenso que fue, incluso, más acentuado en España, que pasó de representar el 72% de la renta nacional al 61%. Ello fue resultado de que el crecimiento de la riqueza del país no se estaba distribuyendo equitativamente. Mientras los beneficios empresariales crecían exuberantemente, los costes laborales aumentaron sólo un 18,2% durante el periodo 1999-2005 en la zona euro, un crecimiento, incluso, mucho menor en España, donde tales costes laborales subieron sólo un 3,7%, cinco veces menos que en la zona euro.
Este descenso de la masa salarial (que ocurrió independientemente de los ciclos económicos y a pesar del aumento de la población activa) fue una de las mayores causas de la crisis económica, crisis que se debe a la falta de demanda. Las familias de las clases populares (la clase trabajadora y clases medias) intentaron sustituir la reducción de la masa salarial endeudándose (proceso facilitado y estimulado por las empresas financieras), lo cual pudieron hacer gracias al precio de su aval, la vivienda, que fue subiendo. Pero cuando éste colapsó, las familias se quedaron con enormes deudas, que además de no poder pagarlas, tampoco pudieron obtener créditos para liquidarlas.
A este problema de la demanda, consecuencia del descenso de la masa salarial, se añadió la crisis financiera, resultado directo de la exuberancia de las rentas del capital y sectores pudientes de la sociedad, los cuales no invirtieron –a través de la banca- en las empresas productivas, pues la rentabilidad de tales empresas era baja, consecuencia de la falta de demanda. No era rentable invertir en la industria automovilística, por ejemplo, pues había un descenso muy marcado de la demanda de coches, resultado de que la gente no tenía dinero para comprarlos. De ahí que invirtieran en actividades especulativas, tales como el sector inmobiliario, alcanzando unos niveles de beneficios del complejo bancario-inmobiliario-construcción escandalosamente altos, inflándose los precios de la vivienda un 32%. Este complejo fue el motor del crecimiento económico en España y su enorme poder político y mediático es una de las mayores causas del retraso en la recuperación económica en España (ver Navarro, V., “Las rigideces del mercado bancario-inmobiliario” en www.vnavarro.org). Incluso hoy, cuando el precio de la vivienda ha descendido en otros países (como EEUU) hasta un 30%, en España sólo ha descendido un 8%. Si no se da un descenso mucho mayor, no se reavivará el mercado de la vivienda, y con ello la recuperación económica.
La solución de la crisis exige una reversión de esta enorme polarización de las rentas, que ha sido facilitada por unas políticas fiscales regresivas, que han beneficiado las rentas del capital y de las rentas superiores a costa de las rentas del trabajo. Esta situación es particularmente acentuada en España, ya que tiene la menor carga fiscal de la UE-15, y cuyo estado es el menos redistributivo de tal grupo de países. Varios estudios internacionales han mostrado que la intervención del estado español (a través de sus políticas impositivas y de gasto público) es una de las que en la UE-15 altera menos la mala distribución de la renta, con una enorme concentración de la renta en los grupos superiores, siendo uno de los países de tal comunidad con mayores desigualdades sociales.
Estas políticas fiscales y la consiguiente enorme polarización de las rentas, tienen no sólo un coste económico elevado (las economías más eficientes en la Unión Europea incluyen las escandinavas, de tradición socialdemócrata, que tienen una polarización social menor), sino también un gran coste social (tenemos el gasto público, incluyendo el gasto público social per cápita, más bajo de la UE-15) y un coste político elevado (el grado de distanciamiento de las clases populares hacia el estado es de los más elevados de la UE-15), coste que es particularmente acentuado para las izquierdas gobernantes, que han promovido políticas fiscales semejantes a las de los gobiernos de derechas. Estos últimos gobiernos se han beneficiado de tales políticas, pues sus políticas fiscales han conseguido movilizar a sus bases electorales, que han sido beneficiadas con tales políticas regresivas. No así los gobiernos de centroizquierda que han alienado a sus militantes (el partido socialdemócrata alemán perdió la mitad de sus militantes durante el gobierno Schroeder) y a sus bases electorales, estando hoy en una crisis profundísima. De ahí que se requieran cambios muy notables de las políticas fiscales para que estos gobiernos de centroizquierda (incluyendo el español) recuperen el apoyo popular. Para ello tienen que recuperar unas prácticas y una narrativa que enfatice que las clases dominantes (término prácticamente desaparecido del discurso político, dando a entender que no existen) del país son responsables de la crisis y tienen que poner los recursos para resolverla. Presentar el tímido aumento de impuestos de los grupos más pudientes como necesario para cubrir el déficit del estado transmite una visión gestora con escasa capacidad de movilización entre sus bases electorales. Las izquierdas deben recobrar los valores y el lenguaje de izquierdas, subrayando que hay que redefinir la mala distribución de poder económico (que determina también el poder político), revirtiendo unas políticas fiscales liberales que han sido, durante todos estos años, muy exitosas para una minoría a costa del sacrificio de la mayoría de nuestra población.
Ver artículo en PDF