Publicado en El Periodico, 1 de abril de 2008.
La desaparición de Izquierda Unida como grupo parlamentario es resultado de una ley electoral aprobada durante la transición para debilitar las izquierdas.
Los resultados de las última elecciones legislativas a las Cortes Españolas muestran las grandes limitaciones democráticas del sistema electoral español. El PSOE y el PP tuvieron 11 y 10 veces más votos que IU-ICV y en cambio obtuvieron 84 y 76 veces más diputados que éste último partido. Debido al enorme desequilibrio de las reglas que rigen el sistema electoral español, IU-ICV, el partido que obtuvo casi un millón de votos, convirtiéndose en la tercera fuerza política del país en cuanto apoyo popular, consiguió sólo dos parlamentarios de un total de 350.
Voces nacionalistas españolas han atribuido tal desfase a una excesiva influencia –según ellos- de los nacionalismos periféricos y muy en especial de los partidos nacionalistas catalanes. Así, señalan la injusticia de que CiU y ERC, por ejemplo, tengan muchos menos votos que IU-ICV y en cambio consigan más parlamentarios. Basadas en esta interpretación, tales voces están pidiendo reformas de las leyes electorales que disminuyan su número de escaños. Una mirada objetiva a los datos muestra, sin embargo, lo insostenible de tales tesis. CiU obtuvo el 9 de Marzo el 3% de los votos y el 2,9% de diputados. Y ERC obtuvo el 1,2% de los votos y menos del 0,9% de escaños. Aunque la discriminación a estos dos partidos es mucho menor que la discriminación a IU-ICV (que obtuvo el 3,8% de los votos y consiguió sólo el 0,6% de los diputados), el hecho es que la discriminación de la IU-ICV no puede atribuirse a una sobrerepresentación de CiU y ERC. En realidad, si los diputados se distribuyeran proporcionalmente al apoyo popular, IU-ICV obtendría 14 diputados, ERC cuatro diputados y CiU mantendría los que ya tiene.
¿Cuál es la causa de esta discriminación? La respuesta técnica es que el sistema electoral español favorece a los partidos mayoritarios a costa de los partidos minoritarios. Pero esta explicación es insuficiente, porque lo que debería preguntarse es porqué tal sistema fue el elegido y no otro, durante el proceso de transición de la dictadura a la democracia, un proceso que durante muchos años se definió como modélico, sin nunca preguntarse ¿modélico para quién?. Tal sistema ha beneficiado a unos partidos y a unos grupos sociales a costa de otros. En realidad, el proceso de transición distó mucho de ser modélico. Se hizo en condiciones de gran poder de las derechas y de gran debilidad de las izquierdas, lo cual significó que el diseño del sistema electoral benefició sustancialmente a las derechas. El sistema que diseñó el gobierno Suárez se basó en las provincias, a las cuales se les dio el mismo número mínimo de representantes independientemente de su tamaño, lo cual significó un enorme protagonismo de la España no urbana sobre la urbana, donde vive y trabaja la clase trabajadora. Adolfo Suárez hizo el primer borrador del sistema electoral analizando las últimas elecciones que tuvieron lugar durante la II República. El objetivo de este diseño era, como declaró en su día el expresidente Leopoldo Calvo Sotelo y más recientemente, el colaborador de Suarez, el Sr. Herrero de Miñón, minimizar la influencia parlamentaria del Partido Comunista, la fuerza que había liderado la resistencia antifranquista y que la derecha española temía con mayor intensidad. El PSOE aceptó aquella propuesta porque desde el punto de vista partidista le favoreció, aun cuando debilitó a las izquierdas. Este debilitamiento se debe a que no es fácil conseguir mayorías absolutas en las Cortes Españolas (y ello a pesar de que la ley electoral favorece el bipartidismo) con lo cual el PSOE para gobernar se ha tenido que aliar con las derechas más frecuentemente que con las izquierdas. Esta situación aparece incluso con mayor fuerza en el Senado donde es prácticamente imposible que las izquierdas sumen mayoría. De ahí, que aun cuando sumando los votos de los partidos de izquierda en la mayoría de las elecciones que ha habido desde que tenemos democracia en España, hayan sido las izquierdas las que han tenido la mayoría de votos, sin embargo, sólo durante un tercio de la legislatura de las Cortes las izquierdas han sido mayoría en el Parlamento. Y este era el objetivo de la ley electoral. Al dificultar el desarrollo de partidos minoritarios (la mayoría de izquierdas) se dificultó la posibilidad de que las izquierdas consiguieran las mayorías en las Cortes, mayoría que les correspondía por el apoyo popular mayoritario.
Las consecuencias de esta situación son varias pero una de ellas es el continuo subdesarrollo del Estado de Bienestar en España. El gasto público social per cápita continua siendo, treinta años después del establecimiento de la democracia, de los más bajos de la UE-15. Es más, desde el año 1993 (cuando el PSOE perdió la mayoría absoluta) el déficit de gasto público social de España con el promedio de la UE-15 no se ha ido reduciendo sino, al contrario, se ha ido expandiendo. Sólo en los últimos cuatro años, cuando el PSOE se alió con IU-ICV y ERC, el déficit del gasto público per cápita con el promedio de la UE dejó de crecer (aunque no se redujera). Que ahora se reduzca o no durante los próximos cuatro años dependerá de con quien se alíe el PSOE. Si lo hace con las derechas, España continuará a la cola de la Europa Social de los Quince y ello a pesar de que la mayoría de la población continua siendo de centroizquierda y la mayoría favorece la expansión de la España Social.
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