Publicado en el diario digital EL PLURAL, 4 de enero de 2010
El artículo muestra graves errores que existen en los reportajes de la reforma sanitaria de EEUU por parte de los mayores medios de información y persuasión españoles. El artículo señala que tales errores responden a un sesgo conservador y liberal que idealiza el escasamente democrático sistema representativo estadounidense.
El sesgo conservador y liberal de la mayoría de los medios en España aparece en su cobertura de lo que está ocurriendo en EE.UU., cobertura que es errónea y profundamente equivocada. Así, el cambio sustancial que puede verse entre las primeras propuestas de reforma sanitaria que hizo la Administración Obama (que incluían el establecimiento de un seguro público sanitario) y la Ley finalmente aprobada por el Senado de EE.UU. (que excluye tal opción pública) se ha interpretado por la mayoría de los medios de información de mayor difusión en España como resultado de la adaptación de las primeras propuestas a la voluntad popular, contraria a dar un mayor protagonismo al Estado.
Así, el corresponsal de uno de los medios de mayor difusión del país, escribió en su reportaje desde Washington que “La ley aprobada por el Senado es un texto menos ambicioso que el objetivo inicial de la Casa Blanca, pero probablemente mucho más cercano a lo que el país desea y es capaz de digerir ahora”. El mismo corresponsal había hecho referencia en otros artículos a la “disposición congénita de la población en contra del Estado”. Una interpretación idéntica fue aportada por el corresponsal de otro rotativo de gran difusión, el cual en su reportaje del 25 de diciembre último, atribuyó los cambios profundos hechos por el Senado a la propuesta inicial de la Administración Obama (proponiendo la opción pública), a la hostilidad de la población hacia el intervencionismo estatal. Cito estos dos casos, en dos de los medios de mayor difusión del país, por la representatividad de los reportajes, que se han publicado en los medios de mayor difusión.
El problema con tales interpretaciones es que son profundamente erróneas. Idealizan el sistema democrático estadounidense (uno de los sistemas menos democráticos hoy existente entre los países democráticos) y reproduce un estereotipo del prototipo estadounidense, supuestamente contrario al sector público, que constantemente (y erróneamente) se reproduce en los medios.
En realidad es fácil de demostrar que esta percepción del americano medio es errónea. Y una de las maneras de comprobarlo es mediante las encuestas. Veamos algunas de ellas:
• Existen más estadounidenses a favor de la expansión de los servicios públicos que de su reducción. Los primeros son el doble que los segundos (Nacional Elections Survey 2004).
• Sólo un 29% favorece la expansión del gasto público en Defensa. En contraste, el 79% favorece la expansión del gasto público sanitario, el 69% en gasto público educativo y el 69% en pensiones públicas (Chicago Council of Foreign Relations. Global Views In America. 2004).
• Un 64% estaría dispuesto a pagar más impuestos para garantizar que toda persona que necesita servicios sanitarios pueda obtenerlos (CNN. Opinión Research Poll, Mayo 2007).
• Un 69% considera que es responsabilidad del Gobierno Federal garantizar la universalización del derecho de acceso a los servicios sanitarios (Gallup Poll, 2006).
• Según el CBS/New York Times Poll de Enero de 2009, un 59% apoya un aseguramiento público sanitario donde el gobierno financie y gestione el aseguramiento (lo que en EE.UU. se llama “Single Payer”).
• Un 65% apoya la inclusión en la reforma sanitaria, que se está debatiendo en el Congreso, de una opción pública semejante al Medical Care –el programa que cubre la mayoría de los gastos sanitarios para los ancianos- que compita con las compañías de seguro privadas en el aseguramiento de la población (CBS/NEW YORK TIMES, septiembre, 2009).
• Un 71% cree que el sistema sanitario en EEUU debiera reconstruirse de nuevo, mientras que sólo un 24% cree que lo que hace falta son reformas menores (Pew Research Center 2009).
Éstas, y muchas otras, encuestas muestran que la imagen promovida por el propio establishment estadounidense (y reproducido miméticamente por los medios de mayor difusión españoles), de que el pueblo estadounidense es anti-estado, es profundamente falso. El cambio que la Ley ha experimentado con la exclusión del aseguramiento público no responde a una petición popular sino al enorme poder de las compañías de seguro (componentes fundamentales del complejo médico-industrial) y su excesiva influencia en el Senado. En realidad, las compañías de seguro sanitario privadas son altamente impopulares. Según la encuesta de Harris Poll, Nov. 2007, el porcentaje de población que cree que tales compañías son “honestas y fiables” (trustworthy) es sólo un 5%, el porcentaje más bajo (junto con las compañías de teléfonos móviles). No es pues la opinión popular la responsable de tales cambios en la Ley (que ha significado la exclusión de aseguramiento público), sino la influencia de las compañías privadas en el Senado.
La privatización del proceso electoral en EE.UU. permite que grupos financieros –como tales compañías- paguen enormes cantidades para las campañas electorales de los políticos, ofreciéndoles además todo tipo de prebendas. Los miembros del Comité de Finanzas del Senado (responsables del diseño de la Ley aprobada por tal Cámara) han recibido 13 millones de dólares de tales compañías.
En resumidas cuentas, la evidencia de que la población desea un mayor protagonismo del sector público en su protección social y en sus servicios públicos es abrumadora. No es pues el deseo popular el que explica la desaparición de la opción pública, sino la escasísima representatividad del Senado de EE.UU., consecuencia, en parte, de la manera como se financian las elecciones, es decir, a base de aportaciones de enormes cantidades de dinero provenientes de los grandes lobbies económicos –incluyendo las compañías de seguros privadas- que configuran en gran manera el proceso legislativo, incluida la aprobación de la Ley.
Es sorprendente que ninguno de los corresponsales de aquellos medios que atribuyen la desaparición de la opción pública a una existente oposición por parte de la población, haya analizado la relación entre poder económico y poder político, una relación que adquiere se máxima expresión en el Congreso de EE.UU. (y muy en particular en el Senado).
Todo esto es conocido en EE.UU. y explica el elevado porcentaje de la población que no cree que el Congreso represente sus intereses. El 84% cree que las grandes empresas tienen excesiva influencia en Washington (Harris Poll 2007). De ahí que se explique el sentir antiWashington (que refleja el maridaje de la clase política con el mundo empresarial, que se conoce como Corporate America). Ignorar todos estos hechos, ampliamente conocidos en EE.UU. y atribuir las decisiones políticas a lo que la ciudadanía desea, es no sólo idealizar aquel sistema político sino hacer mera propaganda política, promoviendo “el modelo político liberal estadounidense”.
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