Publicado en la revista digital SISTEMA, 22 de enero de 2010
Este artículo señala que, la carga fiscal de un país (su tamaño como porcentaje del PIB y su progresividad) depende de la calidad democrática de sus instituciones. El artículo avala esta tesis con la evidencia empírica presentada por estudios de investigación fiscal creíbles que señalan que a mayor calidad democrática en un país, mayor su carga fiscal y su progresividad. El subdesarrollo social de España, su escasa carga fiscal, y su regresividad impositiva se debe a la limitada democracia existente en el país.
Uno de los argumentos más utilizados en defensa de la disminución de los impuestos por autores liberales es que tal descenso de la carga impositiva da más libertad a la ciudadanía para hacer lo que desee con su dinero. La ciudadanía –según tal argumento- no necesita al Estado, cuyas intervenciones se presentan motivadas por un deseo de control y consecuente pérdida de libertad del individuo. De ahí su énfasis en la privatización de los servicios públicos, incluyendo los servicios del Estado del bienestar tales como la Sanidad, la Educación, las pensiones, los servicios domiciliarios y las escuelas de infancia, entre otros. El sector privado permite –según el credo liberal- la libertad que el sector público niega. Consecuencia de este entendimiento liberal, se afirma que la carga fiscal limita la libertad, concluyéndose que a menor carga fiscal en un país, mayor es el grado de libertad existente. Tal postura ha sido promovida por los partidos conservadores y liberales así como por economistas liberales (que gozan de grandes cajas de resonancia en los medios de información y persuasión liberales, que son mayoría en nuestro país).
Lo que es sorprendente es que este discurso se reproduce constantemente a pesar de que la evidencia sobre política fiscal comparada muestra precisamente lo contrario. El último trabajo publicado en tal literatura científica es un estudio realizado por André Barilari y Thomas Brand que analiza la relación existente en 130 países entre el nivel de libertad individual existente en un país (definida por la institución de sensibilidad liberal conocida como Freedom House) y su carga impositiva (obtenida de los datos publicados por el Fondo Monetario Internacional). El Estudio publicado en el último número (nº 108, octubre 2009) de la revista «Revue Française de Finances Publiques», muestra que a mayor libertad existente en un país, y a mayores facilidades para expresarla a través de las instituciones representativas, mayor es su carga fiscal. Los datos no pueden ser más claros y convincentes.
Los autores de tal Estudio agrupan a los 130 países en tres grupos. El primero incluye aquellos países que tienen una carga fiscal muy baja (entre un 10% y un 12% del PIB). La mayoría de estos países son dictaduras, en los que la libertad es muy reducida, casi inexistente. Varias de estas dictaduras, por cierto, han sido apoyadas por economistas liberales, siendo el caso más conocido el de Milton Friedman, Premio Nobel de Economía del año 1976, uno de los economistas con mayor influencia sobre el movimiento liberal, que apoyó activamente el golpe militar del General Pinochet y la dictadura que estableció y que bajó los impuestos. El último caso –de esta larga lista de casos- es el apoyo de la Internacional Liberal al reciente golpe militar de Honduras y al sistema escasamente democrático que se estableció, donde las libertades resultaron muy mermadas (y que también bajó los impuestos).
El segundo grupo de países incluye países cuya carga fiscal está entre un 10-12% del PIB y un 25% del PIB. La mayoría son países con limitada democracia, donde las libertades aunque existentes están muy limitadas. Y el tercer grupo son países cuya carga fiscal es superior al 25% del PIB y en los que existe democracia. Pero lo que es interesante señalar es que en este último grupo de países, la carga fiscal está relacionada, en general, con la calidad del sistema democrático, medido por el grado de representatividad de sus instituciones representativas. Según los trabajos dirigidos por Pablo Beramendi y Christopher J. Anderson publicados en el libro Democracy, Inequality and Representation, los países que son más democráticos son aquellos que desarrollan más el principio de representatividad y proporcionalidad en su sistema electoral. Es decir que el voto de cada persona que participa en el proceso electoral tiene igual peso al escoger a sus representantes, los cuales reflejan proporcionalmente el voto recibido. Si el electorado de la opción política A recibe, por ejemplo, el 20% de los votos, sus miembros representan el 20% de la cámara legislativa. Pues bien, estos países son los que tienen mayor carga fiscal, con mayor progresividad y mayor impacto redistributivo en las intervenciones del estado. Los países nórdicos de Europa son un ejemplo de ello. En el otro polo de calidad del sistema democrático están aquellos países que no tienen sistemas proporcionales sino mayoritarios (es decir, que son bipartidistas) y que se basan en sistemas electorales en los que no todos los votantes tienen igual capacidad decisoria. España es un ejemplo de ello, pues, aún cuando el sistema electoral es en teoría proporcional, en la práctica es mayoritario. Existe un sesgo en el sistema electoral que favorece a los territorios conservadores y al bipartidismo. Soria, territorio tradicionalmente conservador necesita sólo 30.000 votos para elegir un miembro de las Cortes. Barcelona y Madrid más de 150.000. Dentro de estos países, el que es más bipartidista es EE.UU., el sistema electoral menos representativo y proporcional, lo cual explica también su enorme abstención (Véase mi artículo en PÚBLICO, La muy limitada democracia en EE.UU., 24.09.09). Pues bien, estos últimos países son los que tienen una carga fiscal menor. España es uno de los países con menor carga fiscal en la UE y EE.UU. es el país con menor carga fiscal entre los países de la OCDE.
De estos hechos, podemos concluir que a mayor libertad para que cada persona pueda hacer valer su poder de decisión en las instituciones representativas, mayor es la calidad democrática de su sistema político, y mayor es su carga fiscal (y menores son las desigualdades sociales en un país). La explicación de este hecho es fácil de entender.
La mayoría de la ciudadanía, y muy en particular, las clases populares, hacen valer el poder democrático que les da el voto, para garantizar a través de sus representantes en el estado, el poder desarrollar los servicios, transferencias e intervenciones que aseguren su propia libertad y protección social. De ahí se deriva que el escaso desarrollo social de España se debe precisamente a su limitada democracia.
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