Articulo publicado en el diario PÚBLICO, 4 de febrero de 2010
Este artículo señala los errores de los supuestos sobre los cuales se está proponiendo cambios en las pensiones públicas que reducirían sus beneficios. Muestra también como el retraso obligatorio de la edad de jubilación discriminaría a las clases populares a costa de beneficiar a las clases más pudientes.
Una vez más estamos viendo una avalancha liberal alarmando a la población diciéndole que el sistema de pensiones no es sostenible y tiene que sufrir cambios profundos que significan todos ellos una disminución de las pensiones. Entre estos cambios se incluye el retraso obligatorio de la edad de jubilación de 65 a 67 años. La mayor justificación para esta medida es que la esperanza de vida de la población española ha crecido cuatro años en el periodo 1980-2005, pasando de ser 76 a 80 años. Por lo tanto, los pensionistas están gozando de sus pensiones cuatro años más ahora que hace veinticinco años, lo cual –se nos dice- hará insostenible el sistema de pensiones al aumentar el periodo de beneficio cuatro años más cada veinticinco.
El problema con este argumento es que es erróneo, pues ignora como se calcula la esperanza de vida. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes, uno Pepito que muere al nacer y otro, la Sra. Garcia que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España sería (0+80)/2 = 40 años. Supongamos que en un país vecino, hubiera también dos ciudadanos, uno Juanito que tiene 20 años y otro, la Sra. Pérez que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de este segundo país es (20+80)/2 = 50 años. El hecho de que este país tenga diez años más como promedio en su esperanza de vida que España no quiere decir (como constantemente se dice) que la Sra. Pérez viva 10 años más que la Sra. García. Lo que ocurre es que Juanito vive 20 años más que Pepito. Y esto es lo que ha ocurrido en España (y en Europa). El enorme descenso de la mortalidad infantil y la mortalidad de los grupos etarios más jóvenes ha sido la mayor causa del aumento de la esperanza de vida promedio. Ni que decir tiene que la población anciana vive ahora más que hace veinte años. Pero no los famosos cuatro años que constantemente se citan. Se está exagerando (deliberadamente, en muchas ocasiones) el aumento de la longevidad (años de vida) de la ciudadanía para justificar la reducción de las pensiones.
Por otra parte, este aumento de años de vida varía considerablemente según la clase social de la persona. España es uno de los países con mayores desigualdades sociales en el mundo desarrollado. En nuestro país, hay un gradiente muy marcado de mortalidad según clase social. Exigirle, por lo tanto, a la mujer de limpieza de la Universidad (cuyo nivel de salud a los 65 años es igual al que tiene el Catedrático Emérito a los 75 años), que trabaje dos años más para pagarla la pensión a este último es una profunda injusticia. Pero esto es, precisamente, lo que están proponiendo los que piden que se aplace obligatoriamente la edad de jubilación. Proponen que las clases menos pudientes (que vivirán menos años) trabajen más para pagar las pensiones de las clases más pudientes que les sobrevivirán muchos más años.
Otro argumento que se utiliza para argumentar la insostenibilidad de las pensiones es que la juventud se incorpora más tarde al mercado de trabajo (antes 18 años, ahora 24) y las personas de edad avanzada se jubilan antes con lo cual hay menos trabajadores con cuyas cotizaciones se pueda sostener a los pensionistas. Tal argumento ignora tres hechos. Uno, es que la prejubiliación es algo corregible. En España las prejubilaciones se están utilizando para ayudar a los empresarios que quieran despedir a sus trabajadores de mayor edad. Esta situación debiera prohibirse, como se prohíbe en varios países europeos. Si un empresario quiere disminuir su fuerza de trabajo y jubilar a sus trabajadores, debiera ser la empresa la que absorbiera estos costes en su totalidad.
Otro hecho que aquel argumento ignora es que el retraso de entrada en el mercado de trabajo por parte de los jóvenes se debe a que la mayoría están educándose, adquiriendo mayor conocimiento, con lo cual, una vez se integren en el mercado de trabajo tendrán mayor productividad, conseguirán mayores salarios y aportarán, por lo tanto, mayores cotizaciones sociales. Lo cual me lleva al tercer hecho que aquel argumento ignora: el impacto del crecimiento de la productividad en la riqueza del país y por lo tanto en los recursos disponibles para pensionistas y no pensionistas. Constantemente se dice que el número de trabajadores cotizantes por pensionista será menor, derivándose de este hecho que las pensiones no se podrán pagar. Ahora bien, decir que habrá pocos trabajadores para sostener las pensiones es similar al argumento que pudiera haberse dicho hace treinta años cuando el 30% de la población trabajadora sostenía la agricultura del país. El descenso del número de trabajadores en agricultura (hoy sólo el 4%) no quiere decir que haya disminuido la producción de alimentos, al contrario, ha aumentado la productividad enormemente. Con menos trabajadores se produce más alimento. Pues bien, sustituyan la palabra agricultura y pongan pensiones. El aumento inevitable de la productividad de un número menor de trabajadores puede sostener e incluso expandir las pensiones sin ningún problema. La ignorancia de este hecho lleva constantemente a errores mayores, como ocurre en el informe del gobierno sobre las pensiones. Este comienza con una nota que intenta ser de alarma. Dice que hay 8 millones de pensionistas en 2010 y habrán 15 en 2040, de lo cual deduce (sin indicar porque) que tenemos un problema grave. Pero, ignora que en 2040 el PIB de España habrá crecido y será probablemente más del doble del existente hoy. Se olvida con excesiva frecuencia que España consumía hace cuarenta años el 4% del PIB en pensiones y ahora más del doble, 8.6% y ello no ha supuesto que los no pensionistas tengan menos recursos. Todo lo contrario, tienen más pues el tamaño de la tarta (el PIB) es 3 veces mayor (Ver el artículo Las pensiones son viables. El Viejo Topo, Julio-Agosto 2009, donde se analiza con detalle el impacto de la productividad en el crecimiento del PIB).
Una última observación. La viabilidad de las pensiones no es un tema demográfico ni tampoco económico. Es única y exclusivamente político. La enorme popularidad (entre todos los grupos etarios) del sistema de pensiones público hace que la sociedad siempre pueda encontrar como conseguir los recursos, bien a través de las cotizaciones sociales, bien a través de los impuestos generales, para financiarlas.
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