Publicado en el diario PÚBLICO, 15 de abril de 2010

Este artículo critica la promoción del Monarca y de la Monarquía por parte de los mayores medios de información del país, discriminando sistemáticamente voces críticas del Rey y de la Monarquía. El artículo presenta como ejemplo de esta cultura escasamente democrática el veto de la cadena pública catalana, TV3, (que presentó un documental –en forma de ficción-, claramente pro Monarquía, hace unas semanas) a un documental que presentaba, además de voces favorables a la Monarquía, otras voces críticas, favorables a la República.

Durante mi largo exilio viví en dos Monarquías (Suecia y Gran Bretaña) y en una República (EEUU), y pude ver en los medios de información de aquellos países críticas abundantes a sus jefes de Estado y a los sistemas políticos que representaban, tal como es de esperar en cualquier país democrático.
No así en España. Cuando me integré de nuevo a mi país vi una situación muy distinta. La gran mayoría de los medios de información ofrecían, y continúan ofreciendo, un blindaje mediático al Rey y a la Monarquía, frente a cualquier tipo de crítica. En realidad, tales medios promocionaban al Rey y a la Monarquía en una campaña propagandística, presentando la Monarquía como un elemento de estabilidad, la manera cortesana de definir el orden profundamente conservador heredado del régimen dictatorial anterior. En tal propaganda, el Rey se presentaba como un demócrata camuflado durante la dictadura, que nos había traído la democracia. Criticar al Rey se veía como criticar la transición y el establecimiento de la democracia.
Es fácilmente demostrable que esta imagen del Monarca es profundamente falsa. El Rey era un producto del régimen anterior y su comportamiento durante la dictadura y en la transición, así lo demostró. Su supuesta vocación democrática quedó falseada en las primeras propuestas que el primer gobierno monárquico hizo para establecer la democracia. Tanto en las reglas del proceso democrático, como en la limitación en las ofertas políticas al electorado, las propuestas del Rey eran escasamente democráticas. Fueron las movilizaciones populares, y muy en especial las huelgas políticas de la clase trabajadora, las que forzaron una apertura y democratización de aquellas propuestas. La debilidad de las izquierdas, recién salidas de la clandestinidad, y el dominio de las derechas en el aparato del Estado, así como en la sociedad civil, incluidos sus medios de información y persuasión, explican, sin embargo, que aquella transición inmodélica diera lugar a una democracia vigilada y enormemente limitada, en la que la cultura promovida por los medios era profundamente conservadora y excluyente de las voces republicanas. El orden profundamente conservador establecido tenía a la Monarquía como su eje, lo cual explica su blindaje mediático.
No fue hasta hace poco que la televisión (el mayor medio de difusión en España) mostró un documental “Els nens perduts del franquisme” (Los niños perdidos del fascismo), que mostró el nivel de represión y horror que representó aquella dictadura. Este documental vio la luz en la televisión pública catalana, documentando como el robo de niños de las familias represaliadas, que se estaba denunciando en Argentina, había ocurrido con creces bajo la dictadura de Franco. En realidad, tal documental causó la integración del caso de los niños robados por el fascismo en la investigación del Juez Garzón sobre los crímenes del régimen anterior. Este documental, que recibió gran número de galardones en el extranjero, tuvo escasa difusión fuera de Cataluña, y las autonomías gobernadas por el PP nunca lo mostraron en sus medios televisivos públicos.
Tal resistencia a conocer aquel pasado fue lo que determinó el caso Garzón. El Tribunal Supremo, presidido por una persona profundamente conservadora, que había jurado lealtad al movimiento fascista, admitió la denuncia del partido fascista, la Falange, en contra del único juez en España, el juez Garzón, que intentó llevar a los tribunales a los responsables de aquellas atrocidades, siendo su causa supervisada por otro miembro del Tribunal, Adolfo Prego (que será el que redactará la sentencia final), admirador del mayor ideólogo que tiene el fascismo en España, Pío Moa.
Mientras, a los autores de aquel documental “Els nens perduts del franquisme” (Montserrat Armengou y Ricard Belis), se les ha prohibido, en la práctica, emitir su nuevo documental, “Monarquía o República”, en el que se daba voz a personas republicanas, críticas del sistema Monárquico (algo bastante inédito en los canales públicos), así como partidarios de la Monarquía. Mònica Terribas, directora de TV3, vetó el documental aduciendo, sorprendentemente, que lo hacía para proteger la libertad de los ciudadanos, asumiendo que su prohibición  venía motivada por el interés de proteger a la ciudadanía de un posible sesgo republicano en el programa. Tal motivación no impidió, sin embargo, que tal directora aprobara un documental (presentado como ficción), “23F: el día más difícil del Rey”, que era una mera propaganda de la Monarquía y del papel del Rey en el fallido golpe militar del 23 febrero 1981. No hay duda de que los portavoces de TV3 y sus apologistas en el mundo mediático negarán que haya habido un veto político, señalando –como hizo Mònica Terribas- que es una mera suspensión temporal hasta que se haya corregido su orientación. Tales declaraciones ignoran que el documental, tal como lo han hecho sus autores, ha sido prohibido, y nunca se mostrará su versión original, a no ser que se modifique. Esto, en una sociedad democrática, se llama censura.
La Vanguardia, el diario monárquico de Cataluña, propiedad de la familia del Conde Godó (uno de los mayores colaboradores que el régimen anterior tuvo en Cataluña) felicitó a Mònica Terribas por su suspensión (el término que se utilizó para definir el veto), indicando que “la objetividad y el rigor que deben ofrecer la actuación de toda la televisión pública, han llevado a suspender la emisión de un documental sobre la República y la Monarquía, que requería un enfoque distinto” (10.04.10), lo cual significa que se desea que se diluyan todavía más las voces republicanas, dilución que, en el caso de La Vanguardia alcanza su máxima expresión, equivalente a eliminación, pues tal rotativo nunca ha publicado un artículo favorable al establecimiento de la República en España. Esto es lo que el establishment mediático define como libertad de expresión.

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