Publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 30 de abril de 2010
Este artículo muestra como la posición liberal que, en su teoría, enfatiza la importancia de priorizar los mercados sobre la intervención estatal, no se corresponde en la práctica con las políticas públicas que tal posición ha promovido, pues –tal como el artículo muestra- las políticas supuestamente liberales han favorecido el crecimiento de monopolios. De ahí que el debate político y económico no debiera centrarse en la dicotomía mercados versus estado, sino en la discusión de qué grupos y clases sociales se benefician del estado.
El desarme ideológico de las izquierdas explica que muchas de ellas hayan adoptado el esquema ideológico de las derechas, con las consecuencias que todos estamos viendo: la enorme crisis financiera y económica que estamos experimentando, y en cuya génesis encontramos las políticas liberales promovidas por los gobiernos de derechas y reproducidas en gran número de políticas llevadas a cabo por gobiernos de centroizquierdas.
Así pues, en la Unión Europea (UE), existe consenso en las instituciones europeas -desde el Consejo Europeo, a la Comisión Europea, pasando por el Banco Central Europeo-, de que hay que “apretarse el cinturón” y hacer sacrificios, lo cual quiere decir (en la mayoría de forums en que esta llamada a la austeridad se realiza) que hay que bajar los salarios (a través de reformas del mercado laboral, cuyo resultado será la disminución de la capacidad adquisitiva de las clases populares), y disminuir el gasto público para reducir el déficit y la deuda pública. Estas políticas se desarrollan dentro de un marco teórico en el que se considera que el mercado debe ser el que determine la distribución de los recursos, disminuyendo el intervencionismo del estado que dificulta el desarrollo y la eficiencia económica. Hoy, tanto las derechas como las izquierdas gobernantes comulgan con este credo. Y las diferencias políticas se reducen a cuánto mercado versus cuánto estado necesita la economía. Las izquierdas favorecen, en general, que el Estado tenga una función reguladora mayor y las derechas que la tenga menor. Pero por lo demás, ambas –las derechas y las izquierdas- coinciden en que el mercado debe ser el centro del quehacer económico.
Debido al enorme dominio de las derechas en los medios de información y persuasión, esta teoría ha alcanzado la categoría de dogma y como tal se reproduce a base de fe, en lugar de a partir de evidencia científica, puesto que ésta última demuestra claramente que este marco teórico no define la realidad existente hoy en la actividad económica que nos rodea. El Presidente Reagan, el gran gurú del pensamiento liberal (la sensibilidad dominante en las derechas, no sólo estadounidenses, sino también europeas), fue el presidente que aumentó más el intervencionismo público a base de incrementar considerablemente el gasto público durante su manato (de 21,6% al 23% del PIB) mediante el mayor crecimiento de los impuestos que un gobierno federal haya llevado a cabo en tiempo de paz en EEUU (reduciendo la carga fiscal del 20% de renta superior de la población, los más ricos de EEUU, pero aumentando la del 80% restante de la población) y permitiendo un gran crecimiento del déficit federal. El crecimiento del gasto público se dedicó, predominantemente, a tecnología militar y a subvenciones a las grandes corporaciones. Como bien dijo el ideólogo del pensamiento liberal en EEUU, John Williamson, “tenemos que reconocer que lo que el gobierno Reagan promueve a nivel internacional, no lo hace en su propio país” Institute for Internacional Economics. Washington DC. 1986).
El último ejemplo de la falsedad del modelo teórico “mercado versus estado” es lo que ocurre con el gasto farmacéutico. El capítulo farmacia consume alrededor de un 25-30% del gasto sanitario en la mayoría de países de la OCDE (en España es el 32%). Ello supone muchos millones de dólares o euros. EEUU se gasta 250.000 millones de dólares en productos farmacéuticos. Ahora bien, un porcentaje muy elevado (74%) es para comprar productos que tienen un precio inflado, resultado de estar patentado. Es decir, que para compensar lo que la industria farmacéutica define como costes de investigación, el estado le permite durante varios años tener un monopolio en la venta del producto, inflando su precio. No hay, pues, mercado que valga. Según el sistema de patentes, el estado no permite que haya mercado.
Esta práctica ocurre constantemente en el mal llamado libre mercado. Bill Gates no existiría si no hubiera sido porque el estado le dio el monopolio de Windows, prohibiendo alternativas. De ahí, la enorme fortuna de uno de los personajes más ricos del mundo. No fue el mercado, sino el estado el que creó a Bill Gates (permitiéndole unos ingresos de 60.000 millones al año, lo cual no podría ser de no existir tal patente). Pues bien, los costes que supone para la ciudadanía el sistema de patentes garantizadas por el estado se calcula que es alrededor de un 6,6% del PIB en EEUU (casi la tercera parte de los ingresos al estado federal). Recuerden que en todo ello el mercado no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de un monopolio garantizado por el estado.
Frente a esta situación, comienza a cuestionarse la situación monopolista garantizada por el estado. Así, Dean Baker, del Center for Economic and Policy Research de Washington (una de las mentes más claras dentro de la comunidad de economistas estadounidenses), ha propuesto que el estado sea el que haga la investigación aplicada (que realiza la industria farmacéutica), además de la básica (que realiza el gobierno federal). En la investigación farmacéutica, el gobierno federal realiza la mitad de toda la investigación que se realiza en EEUU (en sus centros de investigación sanitaria y, muy en especial, en los National Institutes of Health: NIH), centrándose en investigación básica (30.000 milloneas de dólares). Si hiciera también la otra mitad, que se centra en investigación aplicada (que ahora hace la industria farmacéutica), entonces podrían eliminarse todas las patentes, con lo cual, la sociedad y el estado se ahorrarían enormes cantidades de dinero, permitiendo además que el mercado funcionase en la distribución del producto. La intervención pública permitiría entonces el desarrollo del mercado, en lugar de obstaculizarlo como ahora, abaratando enormemente el producto. Así hoy, un nuevo tratamiento de cáncer, consecuencia de un nuevo producto basado en la ingeniería genética, cuesta 250.000 dólares al año, lo cual excluye en EEUU a la mayoría de la población. Si no existiese la patente (y el estado hubiera hecho la investigación) costaría sólo 200 dólares.
Ahora bien, en la UE esto no puede hacerse, pues la UE prohíbe que el estado intervenga para eliminar las patentes, sustituyendo a la industria privada, que requiere el monopolio. De ahí que el que termina haciendo el sacrificio es el usuario. ¿Por qué no la industria farmacéutica? Pues la respuesta es fácil de obtener. Porque la industria farmacéutica es poderosísima. Así de claro. La cuestión no es mercado versus estado, sino al servicio de quién está el estado. Y cuando se hace la petición de que hay que apretarse el cinturón siempre se piensa en las clases populares como las que tienen que hacer el sacrificio y nunca en los grandes grupos fácticos que ejercen un enorme control sobre las instituciones políticas. ¿Hasta cuándo durará esta situación?
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