Artículo publicado en dos partes por Vicenç Navarro en el diario PÚBLIC, 16 y 17 de junio de 2010.

Este artículo documenta que el gran retraso de gasto público social de Cataluña se debe no sólo al déficit fiscal que Cataluña tiene con el estado central sino a la falta de contribución al estado por parte de las rentas superiores en Cataluña, resultado del dominio político que las fuerzas conservadoras y liberales han tenido en la historia de Cataluña.

Cataluña tiene un estado del bienestar muy poco desarrollado como consecuencia de tener un gasto público social bajo (tanto en transferencias como pensiones, como servicios públicos, como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios y vivienda social, entre otros).
El gasto público social como porcentaje del PIB (17,8%) es uno de los más bajos de la UE-15, el grupo de países de la Unión Europea de semejante desarrollo económico al nuestro (cuyo promedio es 27%). En Suecia, el país con mayor desarrollo de su estado del bienestar entre los países de la UE-15, es un 30% del PIB. La misma conclusión se alcanza cuando analizamos el gasto público por habitante. Tal indicador es de 5.475 euros estandarizados (abreviado, e.e., es decir, euros que han sido homologados para que tengan idéntica capacidad de compra entre los países de la UE-15), uno de los más bajos de la UE-15, cuyo promedio es 7.464 e.e. (tal valor para Suecia es de 9.028). Y lo mismo ocurre cuando analizamos el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del estado del bienestar, citados anteriormente como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia y servicios domiciliarios a personas con dependencias, entre otros. Tal porcentaje, 8,23%, es de los más bajos de la UE-15, cuyo promedio es de 15,01% (Suecia es 24%). En este último país, casi un ciudadano adulto de cada cuatro trabaja en aquellos servicios. En Cataluña, menos de uno por cada diez. En realidad, y en contra de lo que voces conservadoras y neoliberales (muy prominentes en los medios de información y persuasión en Cataluña) el porcentaje de la población adulta que trabaja en el sector público es de los más bajos de la UE. Cataluña tiene un sector y empleo público muy reducido.
Este subdesarrollo de la Cataluña Social contrasta con el elevado desarrollo económico del país. Su nivel de riqueza es ya superior al promedio de la UE-15. El PIB per capital catalán es ya el 110% del de la UE-15. Somos ya más ricos que el promedio de los países más ricos de la UE-15. Y, en cambio, el gasto público social (que financia el estado del bienestar catalán) por habitante es sólo un 73,3% del promedio de la UE-15. Si en lugar de ser este porcentaje fuera –como lo es su PIB per capita- un 110% del promedio de la UE-15, Cataluña se gastaría 19.600 millones de euros más. Esto es lo que Cataluña debiera gastarse por el nivel de riqueza que tiene. En otras palabras, Cataluña debiera gastarse 8.210 e.e. por habitante, es decir, 2.735 e.e. por persona más de lo que nos gastamos actualmente.
¿Por qué este retraso social? La respuesta que se da con mayor frecuencia en  los forums políticos, empresariales y mediáticos de Cataluña es que tal déficit (en la medida que se reconoce, pues algunos niegan que exista) se debe a que Cataluña tiene un déficit fiscal con el resto de España, consecuencia de que Cataluña recibe del estado central español 11.143 millones de euros (que representan, según Idescat, la agencia estadística de la Generalitat de Catalunya un 6,55% de su PIB) menos de lo que le corresponde por la aportación fiscal de los ciudadanos que viven en su territorio. En realidad, si esta cantidad se invirtiera en el estado del bienestar catalán, el porcentaje que el gasto social representaría sobre su PIB pasaría de ser 17% a un 23% del PIB, un aumento considerable. De ahí la gran importancia de que este déficit fiscal se corrija para que Cataluña pueda ir cubriendo su enorme déficit social. Y es de aplaudir que, a partir de las reformas fiscales iniciadas por el gobierno d’Entesa de la Generalitat de Cataluña, se están dando pasos en esta dirección, (excesivamente lentos, pero en buena orientación).
La existencia de este déficit fiscal de Cataluña con el resto de España ha centrado la mayoría del debate político y mediático en Cataluña, pues se consideraba que el retraso social de Cataluña se debía a este déficit fiscal. Ni que decir tiene que esta interpretación de nuestro subdesarrollo fue ampliamente utilizada por las voces soberanistas e independentistas catalanas (bien representadas en el programa independentista de clara orientación propagandista, que mostró TV3 “Adeu a Espanya?”) para su beneficio político y electoral.
Los datos, sin embargo, no avalan tales posturas. No hay duda de que es importante resolver este déficit fiscal. Pero aún cuando se resolviera, Cataluña continuaría gastándose mucho menos de lo que debiéramos gastarnos por el nivel de riqueza que tenemos. Cataluña se gasta en su estado de bienestar 5.475 euros estandarizados. Si hubiéramos resuelto el déficit fiscal en España, esta cifra aumentaría a 6.440, una cifra todavía muy por debajo del promedio de la UE-15, 7.464, y mucho, mucho menos de lo que nos correspondería por el nivel de riqueza que tenemos, es decir, 8.210 e.e. El déficit social catalán es de 2.735 e.e. La aportación de 965 euros que resultaría de eliminar el déficit fiscal, aunque importante, es muy insuficiente para cubrir el déficit social. Esta es la realidad que, o bien se desconoce, o bien se ignora deliberadamente, porque la razón más importante de este retraso no es el poder diferencial nacional (de la nación catalana versus la nación española), sino el poder diferencial por clase social que existe en Cataluña. En contra de una percepción muy generalizada e interesada en el establishment catalán, hoy en Cataluña existen clases sociales y existen tantas Cataluñas como clases sociales tiene el país. Y la burguesía, pequeña burguesía y clases profesionales de renta mediana alta, que representan el 30% de renta superior de la población, tienen un enorme poder en Cataluña. Incluyen, por cierto, el mundo empresarial y mediático catalán que establecen los parámetros de la sabiduría convencional (muy promovida por la mayoría de los medios, incluidos los públicos de la Generalitat de Cataluña) que no quieren ni oír hablar sobre clase social, y que promueven la ideología neoliberal. Este grupo no está pagando al Estado (y a la Generalitat y a los ayuntamientos) los impuestos que debieran (según la propia Agencia Tributaria, un empresario en Cataluña ingresa menos dinero que un trabajador) y, como consecuencia de su enorme influencia política (una coalición, CiU, de un partido liberal y un partido demócrata cristiano gobernó Cataluña durante 23 años), el sector público en Cataluña no fue prioritario para tal coalición durante su mandato. En realidad, tal coalición se alió con el gobierno central (la mayoría del periodo, el partido nacionalista español, el PP) para bajar los impuestos y favorecer las rentas del capital y rentas superiores.
La situación comenzó a cambiar en el 2003 con el cambio del gobierno. El gasto público social por habitante se incrementó de una manera muy notable durante el periodo 2003 a 2007 (antes de que se iniciara la crisis). De 3.781 euros reales se pasó a 4.806, un crecimiento mucho mayor que el ocurrido durante el gobierno CIU en el periodo 1999-2003, que pasó de 3.013 a 3.781. Es decir, un incremento de 257 euros por habitante. Como consecuencia, la diferencia de gasto público social de Cataluña con el promedio de la UE-15, que había alcanzado su máximo de 2.747 euros estandarizados en 2003, bajó a 2.658 en 2007.
De continuar este descenso, Cataluña habría ido descendiendo su enorme déficit social. Pero la crisis actual puede parar y revertir esta corrección. De ahí que haya sido un paso importante el aumento de impuestos de las rentas superiores aprobado por el gobierno de la Generalitat (opuesto por las derechas nacionalistas españolas y catalanas) a fin de evitar este descenso. Estos datos muestran que tanto en Cataluña como en España, la categoría de poder clase social es tan o más importante que la categoría nación. Y esto es de lo que no se habla en nuestro país.

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