Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 28 de diciembre de 2010
Este artículo muestra el carácter ideológico (y no científico) de los argumentos que se utilizan para proponer el retraso obligatorio de las pensiones como medida de evitar la insolvencia de la Seguridad Social. El artículo señala que la repetición de tales argumentos, ignorando los trabajos que han cuestionado sus tesis, es prueba de su nula credibilidad científica.
Estamos viendo una avalancha mediática por parte del establishment financiero que tiene como objetivo convencer a la ciudadanía española de que existe un consenso entre los expertos de que hay que retrasar obligatoriamente la edad de jubilación en España, utilizando argumentos que se presentan como científicos, cuando en realidad son profundamente ideológicos, lo cual es fácil de demostrar.
Si el debate que se está realizando sobre las pensiones fuera un debate científico, la dinámica del mismo sería distinta. En un debate científico, si un autor presenta datos que nieguen la validez de los que han sido utilizados por otros autores en defensa de sus tesis, estos autores, en su continua defensa de sus argumentos, no pueden ignorar estos nuevos datos aportados por sus críticos. Tienen que cambiarlos o responder a sus críticas indicado su desacuerdo. De no hacerlo así, correrá el riesgo de perder su credibilidad. Es así como la ciencia se construye. Aparecen tesis y contratesis que deben contrastarse para ver su validez científica. Pues bien. Esto no está ocurriendo en el debate sobre las pensiones.
Los autores que sostienen la necesidad de retrasar obligatoriamente la edad de jubilación continúan utilizando datos para apoyar sus tesis de inviabilidad del sistema de pensiones públicas españolas, a pesar de que otros autores han demostrado la falsedad de tales datos. La primera voz que utilizó datos erróneos para justificar el retraso obligatorio de la edad de jubilación fue la Comisión Europea en su informe sobre las pensiones en España. En tal informe se escribía que “las pensiones pasarán de representar un 8.4% del PIB en el año 2007 a un 15.2% del PIB en el año 2060, lo cual convierte el sistema público de pensiones en insostenible”. Esta postura, utilizando la misma narrativa y los mismos datos, ha sido reproducida por el Banco de España, por los informes del BBVA y del Banco de Santander, por la Fundación de las Cajas de Ahorro, por el manifiesto de los 100 economistas patrocinado por Fedea (la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, financiada por los mayores bancos y grandes empresas de España) y últimamente por la OCDE. Todas estas instituciones no son instituciones científicas sino instituciones financieras o próximas a la banca y al mundo de las grandes empresas. Tienen un enorme poder en configurar la sabiduría convencional económica del país, la cual promueven a través de fundaciones, revistas académicas, prensa diaria, y otros medios. Establecen así la ortodoxia económica, con su propia Inquisición, que margina o ignora a las voces críticas que no comulgan con su ideario neoliberal. (Por cierto, acaba de estrenarse un excelente documental en EEUU, “Inside Job”, sobre como se generó la crisis financiera en EEUU, mostrando el papel clave que la banca jugó en establecer la ortodoxia neoliberal que llevó al desastre. El documental también muestra como los departamentos de economía y escuelas de negocio de las universidades estadounidenses más conocidas crearon tal ortodoxia, analizando las conexiones de estos centros universitarios con el mundo financiero. Un tanto igual podría escribirse sobre las conexiones entre el mundo universitario y las instituciones financieras y empresariales en la creación del argumento de la insostenibilidad del sistema de pensiones públicas en la Unión Europea, incluyendo España).
Esta observación no quiere decir que todos los que utilicen aquel argumento y aquellos datos de insostenibilidad sean neoliberales o estén defendiendo los intereses del mundo financiero. En realidad, como firmas del manifiesto de los 100, hay economistas que no encajan dentro del ideario neoliberal. Y el propio Ministro de Trabajo, el Sr. Valeriano Gómez, en respuesta a una pregunta de una periodista de El País (12.12.10), la cual le preguntó si el aumento de la productividad no invalidaba el argumento de insostenibilidad, el Ministro respondió que incluso si la productividad aumentara un 2 o un 2.5% por año, el sistema de pensiones públicas sería insostenible en el 2050, pues tales pensiones absorberían el 15% del PIB, una cifra, según él, inviable. Y pocos días después, un economista de credenciales progresistas, el Catedrático de Hacienda Pública Ignacio Zubiri, acentuaba el mismo argumento, con parecidas cifras. El hecho de que incluso tales autores reproduzcan estos datos y argumentos muestra el grado de dominio de tal pensamiento en la cultura económica del país.
El que existan también personas progresistas no neoliberales que sostengan aquellas tesis de inviabilidad, se presenta como el “consenso” entre expertos. Pero se ignora deliberada y maliciosamente, que hay muchas voces críticas de la supuesta inviabilidad de la Seguridad Social. Autores como Dean Baker, co-director del Center for Economic and Policy Research de Washington, y el Premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz, en EEUU, y el Catedrático de Economía Juan Torres y yo (entre otros) en España hemos criticado tales argumentos, documentando el error de los supuestos que cuestionan la insolvencia de la Seguridad Social. En el caso español, he mostrado como las pensiones pueden representar un 15% del PIB en 2060 y no ser ningún problema. Y he explicado porque esto no es un problema. Lo hago ahora de nuevo.
Si la productividad laboral creciera un 1.5% por año (una cifra razonable), esto querría decir que en el año 2060 el PIB sería 2.20 veces mayor que ahora, cifra que se calcula elevando el 1.5% a la 53 potencia (2060-2007= 53 años). Esto quiere decir que si el PIB fuera 100 en el año 2007, en el año 2060 serían 220 unidades. Naturalmente que el PIB en 2060 será mucho mayor que 2.20 veces que ahora, debido predominantemente a la inflación. Pero es importante comparar manzanas con manzanas y no con peras. Es decir, que cuando digo 2.20 veces mayor, estoy utilizando monedas con la misma capacidad de compra. O sea que el PIB de 2060 que utilizo es el que España tendría descontando la inflación.
Pues bien, en el año 2007 nos gastábamos 8 unidades en pensionistas y 92 en no pensionistas. Y en el año 2060 nos gastaríamos el 15% de 220, es decir, 33, en pensionistas y para los no pensionistas 220-33=187. Resultado del incremento de la productividad, habrá más recursos para los pensionistas y para los no pensionistas. En realidad, hace cincuenta años nos gastábamos en España menos de la mitad que ahora en pensiones públicas, y aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones se ha más que doblado, ello no ha implicado que haya menos recursos para los no pensionistas. Si ustedes leen las hemerotecas de hace cincuenta años, verán que se utilizaban los mismos argumentos que se utilizan ahora por los catastrofistas.
El silencio frente a las críticas
Frente a estos datos, los que sostienen la tesis de inviabilidad del sistema de pensiones público (en el caso de que sus argumentos fueran científicos) debieran responder y decir porque estos datos no invalidan sus tesis. Lo que no pueden hacer (repito, si es que se consideran científicos) es ignorarlos y continuar repitiendo como papagayos las mismas tesis y utilizando los mismos datos, tal como están haciendo. Y ahí está la prueba de que no son científicos, sino ideólogos, lo cual aparece incluso más claramente cuando ignoran y nunca citan los trabajos y los datos de los autores que muestran sus falacias o errores.
Los datos que he mostrado se han publicado en muchos forums, tanto en revistas científicas, como en diarios y prensa escrita. Pues bien, no han sido en su mayor parte contestados.
En un debate científico serio uno esperaría que los autores que utilizan aquellos datos catastróficos cuestionaran varios supuestos de mis tesis. Uno, por ejemplo, podría ser el de estar en desacuerdo en que la economía española pudiera crecer un 1.5% por año. Me parecería un debate productivo y relevante. ¿Cuánto puede aumentar la productividad en España, y cómo aumentarla? ¿Y cómo ello afectaría los recursos futuros para sostener la Seguridad Social? Otro debate podría ser como el impacto de la entrada de la mujer en el mercado laboral podría afectar las cifras que se utilizan para analizar el incremento de la riqueza y, por lo tanto, los recursos de 2060. Y muchos otros temas.
Sin embargo, ha habido un silencio ensordecedor sobre estos temas (excepto un grito histriónico de un portavoz del manifiesto de los 100 economistas negando que la productividad crecerá en España, lo cual, de ser cierto –que no lo es- sería un problema gravísimo, mucho mayor que el de la sostenibilidad de las pensiones). Y ahí es donde se muestra el carácter ideológico de tales argumentos. Presentar a organizaciones de conocida orientación neoliberal, como la OCDE, la Comisión Europea, o Fedea (todas ellas instituciones que tienen escasa credibilidad científica) como instituciones que gozan de credibilidad científica es equivalente a señalar que el Vaticano y sus argumentos en contra de la utilización de preservativos (como medida protectora contra el SIDA) tiene credibilidad científica. En todos estos casos la motivación de sus argumentos es la fe (católica) en el caso de la Iglesia, y neoliberal en el caso de aquellas instituciones.
¿Quiénes son los supuestos expertos?
Otro ejemplo de la campaña propagandística neoliberal es la presentación de economistas próximos a la Banca (tales como los analistas de Fedea) por parte de los medios de mayor difusión del país como “expertos en pensiones”, tal como hace El País en un análisis sobre las pensiones. Uno de tales expertos es José A. Herce, que ha ido profetizando el colapso de las pensiones, retrasando la fecha del colapso cada diez años. En 1995 predijo que la Seguridad Social tendría un déficit del 0.62% del PIB en el año 2000 y del 0,77% en el 2005. Un año más tarde, 1996, predijo que el déficit sería de 1.35% del PIB en el 2000, y del 1.80% en el 2005. En realidad, la Seguridad Social nunca tuvo déficit y continúa hoy teniendo superávit. Ello no frenó al Sr. Herce que, en su testimonio en el 2009 en la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, aseguró a la Comisión que la Seguridad Social entraría en déficit en el año 2020. Aconsejo al lector que vea lo poco creíbles que han sido las predicciones de tal llamado “experto” y otros, detallado en el libro de Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, titulado ¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que nos hacemos y las respuestas que siempre nos ocultan, distribuido por Attac.
Es sorprendente la relajación del rigor y excesiva tolerancia de algunos medios en la reproducción del dogma neoliberal. ¿Se figura usted que un médico errara sistemáticamente sus diagnósticos dañando al paciente como consecuencia de ello, y que continuara siendo presentado como un gran clínico? Pues esto es lo que está ocurriendo.
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