Publicado en El Periódico el 28 de agosto 2008
No se puede decir que no hay suficiente dinero para las CCAA y a la vez no corregir el fraude fiscal y bajar los impuestos
Se han publicado recientemente varios informes en España y en Europa que tienen una gran relevancia para el debate que está teniendo lugar en nuestro país, sobre como incrementar los fondos públicos para responder a las urgentes necesidades de las CCAA. El primer informe es un documento preparado por GESTHA, técnicos haciendistas de la Agencia Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno Español. Los informes de GESTHA han mostrado en el pasado una gran certeza en sus análisis, lo cual les ha dado una credibilidad que entra en conflicto frecuentemente con las declaraciones oficiales del Ministerio. Este informe, presentado en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en El Escorial este verano, documenta que el fraude fiscal en España supuso en el año 2005 (el último año que el Ministerio de Economía y Hacienda ha publicado datos de los que GESTHA deriva sus datos) nada menos que 88.617 millones de euros, fraude realizado a la Agencia Tributaria del Estado Español (58.676 millones) y a la Seguridad Social (29.941 millones). Para darnos cuenta del significado de estas cifras, tenemos que saber que el déficit de gasto público social de las CCAA, responsables de los servicios públicos del Estado de Bienestar de España, es precisamente 85.000 millones de euros. Es decir que para alcanzar el nivel de gasto público social que los países del mismo nivel de desarrollo económico que el nuestro gastan, deberíamos añadir a nuestro gasto público social (el más bajo del a UE-15) otros 85.000 millones que podrían conseguirse a partir de recaudar los impuestos de los que defraudan al fisco. Puesto que la gran mayoría de los que defraudan al fisco son personas que gozan de rentas superiores, mientras que las que utilizan los servicios públicos sociales, son personas de rentas medias y bajas (es decir, las clases populares), puede entenderse que la gran mayoría de la población desea que se corrija este fraude fiscal. Un 82% de la población dice que el Estado debería corregir el fraude fiscal (el porcentaje mayor de la UE-15). Según el informe citado de GESTHA, los empresarios declaran una renta recibida entre 5.646 euros y 6.346 euros menos que los asalariados. España es el único país donde los empresarios y profesionales declaran menos que los trabajadores.
El segundo informe es un análisis del gasto público en los países de la OECD, los países más ricos del mundo, publicado por una red de investigadores de gran solvencia y prestigio internacional (Francis G. Castles (dir) The Disappearing state? Edgard Elgar. 2008). Tal estudio muestra como el Estado español es el que se gasta menos (0,06% del PIB) en recoger los impuestos (tax collection), treinta veces menos, por cierto, que Suecia (0,32%). Tal información no consta en el informe de GESTHA, aun cuando ésta hace una crítica muy dura a la dirección del Ministerio de Economía y Hacienda por la pobreza de recursos (incluyendo inspectores fiscales) que la Agencia Tributaria tiene, así como por las prioridades establecidas para tal Agencia.
Otro informe, contenido en el trabajo de GESTHA es el análisis de lo que significará la eliminación del impuesto de propiedades aprobada por el gobierno español este mes de Agosto, cuyos fondos eran asignados a las CC.AA. Según los últimos datos disponibles (que son los del año 2005), tal impuesto significó 1.400 millones de euros, y que (en contra de lo que indicó el gobierno español para justificar su eliminación) es altamente progresivo. Mientras que la mayoría de declarantes pagaban 178 euros o menos, tal impuesto gravaba primordialmente a las grandes propiedades con valor muy superior al promedio declarado (y ello a pesar del gran fraude que existe también en esta declaración de la propiedad. Sólo 727 declarantes indicaron que tenían propiedad de más de 10 millones, cuando según las propias fuentes del Ministerio existen 3.299 personas que tienen tal propiedad). La eliminación de tal impuesto tendrá dos consecuencias una es la de reducir los fondos del estado. De no haberse eliminado, estos 1.400 millones de euros podrían haber ido a cubrir el déficit de gasto público en la financiación de los servicios de dependencia de las CCAA, que es de 1.200 millones de euros.
La otra consecuencia es incrementar la regresividad del sistema fiscal, aumentando las desigualdades sociales. En el estudio del análisis internacional del gasto público citado anteriormente, se puede ver que a mayor desigualdad de renta que existe en un país, (España es, junto con EE.UU., uno de los países de la OECD con mayores desigualdades), mayor es el gasto público en policía y seguridad (España es el país, después de EE.UU., que tiene un porcentaje mayor de tal gasto, 2,1% del PIB, y EE.UU. 2,2%. Como contraste, Noruega, 0,9%, Suecia, 1,3%, y Dinamarca, 0,9%, son los países que se gastan menos en policía y seguridad y tienen menos desigualdades. Tales datos muestran que a mayor desigualdad, mayor necesidad de medidas policiales y de seguridad para mantener el orden establecido. Y hay mucho orden que proteger en España.
Vemos pues que si hubiera voluntad política, tales fondos para resolver el déficit social de las CCAA podrían obtenerse. No es pues un problema financiero u económico, sino político.
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