Este artículo muestra que la transición demográfica hacia una población con mayor porcentaje de ancianos, y por lo tanto de pensionistas, no tiene por qué afectar negativamente la viabilidad del sistema público de pensiones. El artículo también señala que el contraste que existe en España entre lo que propone y aprueba el establishment político por un lado a favor del retraso obligatorio de la edad de jubilación y el profundo rechazo a tal medida por parte de la mayoría de las clases populares representa un cuestionamiento de la credibilidad y legitimidad de las instituciones democráticas que debilitan enormemente a tales instituciones.

Es parte de la sabiduría convencional sobre las pensiones que el crecimiento de los pensionistas, doblando su número en cuarenta años, hace inviable el sistema de pensiones públicas, a no ser que se reduzcan los beneficios de los pensionistas, mediante medidas como la de retrasar la edad de jubilación dos años. Se indica, una y otra vez, que de no tomar estas medidas, el gasto público en pensiones alcanzará el 15% del PIB (ahora es del 8%) en el año 2050 lo cual es inviable.
Es importante señalar, que la evidencia científica no avala tal tesis. Veamos los datos, y para que no se me acuse de sesgarlos a mi favor, voy a utilizar los propios datos del gobierno, presentados en el informe La reforma de las pensiones. ¿Cómo va a beneficiar a la sociedad española? (febrero 2011), publicado por la Fundación Ideas, el think tank informal del gobierno. En tal documento se señala que en los próximos cuarenta años el crecimiento de la productividad en España será como promedio un 2,5% por año. Si ello es así, es fácil de calcular el tamaño del PIB de España durante tal periodo. Permítanme un pequeño ejercicio de econometría. Elevando el 2,5% a la cuarenta potencia resulta que en 2050 el PIB será 2,68 veces mayor que ahora. Es decir, que si ahora el PIB de España fuera 100, en 2050 sería 268. Ni que decir tiene que debido a la inflación el PIB medido en monedas corrientes sería muchas veces mayor que 268. Pero estamos utilizando valores monetarios constantes, es decir con la misma capacidad de compra en 2050 que en 2010. Estamos, pues, comparando manzanas con manzanas y no con peras.
Dicho esto veamos qué significa esto para las pensiones. En 2010, nos gastamos 8% del PIB en pensionistas y 92% en no pensionistas. Es decir que si en 2010 el PIB era 100, 8 unidades iban a pensionistas y 92 a no pensionistas. Pues bien, se nos dice que en el año 2050, en caso de que no haya cambios el 15% del PIB se gastará en pensiones, lo cual se considera un porcentaje muy elevado  pues, supuestamente, restaría de los recursos existentes para los no pensionistas. Pero, ello no es cierto y es fácil de verlo. El 15% de 268 (el PIB de 2050) es 40 unidades, que serán las asignadas a los pensionistas, una cantidad más de 4 veces mayor que la actual, con lo cual habrá dinero para cubrirá más del doble de pensionistas de ahora, pagando más pensiones y mejores que ahora. Y para los no pensionistas quedarán 268-40=228 que es también una cantidad mucho mayor que la existente en 2010 es decir, 92. Por lo tanto, los pensionistas y los no pensionistas tendrán muchos más recursos y ello como consecuencia de que el PIB será 2,68 veces mayor que ahora. El número  de pensionistas se habrá doblado, pero el PIB habrá crecido incluso más. ¿Dónde está pues el problema? En realidad, hace cincuenta años, nos gastábamos menos de la mitad de lo que nos gastamos ahora en pensiones. Es decir, ahora nos gastamos más del doble de lo que nos gastamos en 1960, y ni el sistema de pensiones, ni el PIB  han colapsado, porque el PIB ha crecido incluso más. En realidad, aún en el caso de que el crecimiento de la productividad fuera menor a lo estimado por el gobierno (2% en lugar de 2.5%), el PIB sería más del doble del actual.
Estos datos no están siendo considerados en la argumentación que sostiene la inviabilidad del sistema de pensiones públicas a no ser que se retrase la edad de jubilación dos años. Los que sostienen tales tesis asumen que las cotizaciones a la Seguridad Social por parte de los trabajadores y empresarios no serán suficientes para sostener las pensiones públicas lo cual es un cálculo de escaso valor pues ignora no solo el incremento de tales cotizaciones, resultado del incremento de la productividad y de los salarios, sino también el crecimiento del PIB, es decir, de la tarta  de la cual, pensionistas y no pensionistas, vivirán. No hay nada escrito en la Biblia religiosa o en las muchas Biblias económicas que las pensiones tengan que financiarse exclusivamente o primordialmente a base de las cotizaciones sociales.
La Seguridad Social es el sistema de provisión social más popular en España (y en cualquier país). Es impensable que la ciudadanía dentro de cuarenta años cambie de opinión y deje de dar prioridad al sistema de aseguramiento público de las pensiones. Y en
una democracia, es la ciudadanía la que debiera establecer prioridades y tomar decisiones, lo cual, por cierto, no está ocurriendo ahora, puesto que es probable que en los próximos días se apruebe el retraso obligatorio de la edad de jubilación de 65 a 67 años por una gran mayoría de las Cortes, en contra del deseo y parecer de nada menos el 78% de la población española que no aprueba tal medida. Parece que esta mayoría de la ciudadanía no está convencida que la viabilidad de las pensiones futuras depende de que tenga que trabajar dos años más. Y los datos que he mostrado en este artículo muestran que lleva razón.

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