Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 28 de julio de 2011

Este artículo señala que el gran dominio que las fuerzas conservadoras tuvieron en el proceso de transición de la dictadura a la democracia explica el temor que existe en España a corregir la sesgada historia que se enseña en las escuelas y que se reproduce en los mayores medios de información y persuasión. Este dominio, que ha continuado durante el periodo democrático, explica también la falta de corrección de la enorme regresividad fiscal del estado español y sus Comunidades Autonómicas, responsable de su bajo gasto público social (el más bajo de la UE-15).

No hay plena conciencia en los establishments políticos y mediáticos del país del enorme coste que ha significado para el bienestar de la población española el dominio que las fuerzas conservadoras, herederas de los vencedores de la Guerra Civil, tuvieron en el proceso de transición de la dictadura a la democracia, mal definido en España como modélico. Este dominio dio lugar a una democracia muy incompleta que dificultó el desarrollo de unas instituciones y de una cultura democrática todavía muy limitadas hoy en España.
Una consecuencia de ello es el miedo que continúa existiendo en sectores de la sociedad española de antagonizar a los vencedores del golpe militar de 1936 y a sus sucesores. Un indicador de ello es el temor a corregir la historia de España, promovida por tales fuerzas conservadoras en los medios de educación e información (que incluyen desde las escuelas a los mayores medios de difusión, tales como la televisión). Existe en estos medios una resistencia a presentar la historia de este país tal como fue: es decir, reconociendo que la Segunda República, a pesar de sus errores, significó uno de los intentos más importantes durante el siglo XX de mejorar el bienestar de las clases populares en España, intento que fue derrotado por el golpe militar, que fue exitoso debido al apoyo que le prestaron Hitler y Mussolini, imponiendo así una de las dictaduras más sangrientas y represivas que hayan existido en la historia europea del siglo XX. Es un indicador del escaso desarrollo democrático que esta versión verídica de los hechos se cuestione, definiéndola como “maniquea”, y siendo sustituida por otra que asume que lo que llaman los dos bandos compartieron responsabilidades por lo ocurrido. De ahí se deriva la organización de marchas militares en las que desfilaron combatientes de ambos lados, abrazándose al final de la marcha como señal de reconciliación, bajo el aplauso casi unánime de los establishments políticos y mediáticos (tal como organizó en su día José Bono como ministro de Defensa de un Gobierno socialista).
La versión de equidistancia de responsabilidades es, sin embargo, profundamente ofensiva hacia los vencidos, que fueron los que llevaban razón en aquel conflicto, y cuyos muertos lo fueron por una causa justa: la recuperación de la democracia. No así los muertos que apoyaron su destrucción. Es inimaginable hoy en la Europa democrática que a los luchadores antifascistas y antinazis se les pusiera al mismo nivel que a los que lucharon para imponer el fascismo y el nazismo, ignorando, además, a los muertos entre los primeros y todavía homenajeando a los muertos entre los segundos. Esto es lo que está pasando en España.
Que la equidistancia y supuesta reconciliación sea la versión dominante en aquellos medios es un indicador del poder de las fuerzas conservadoras y de la excesiva moderación y escaso compromiso democrático de la izquierda gobernante. Esta siempre ha defraudado a los herederos de los vencidos por su falta de compromiso en la corrección de la historia de este país (que se llama erróneamente la recuperación de la memoria histórica, erróneamente porque lo que se necesita no es tanto recuperar la historia, sino corregirla), renunciando al homenaje a las víctimas de aquel golpe militar y de aquella horrible dictadura, sin ayudar activamente a las familias de los demócratas a encontrar a sus muertos, permaneciendo pasiva frente a los homenajes (incluyendo beatificaciones) de los muertos entre los vencedores y enviando, incluso, representantes del Gobierno socialista español, como José Bono, para celebrarlo. Es indignante ver la discriminación en contra de los que llevaban razón y murieron por el bienestar de las clases populares de España, y ver honrar y celebrar a aquellos que murieron derrotando la democracia.
El discurso de equidistancia apareció, de nuevo, en el vergonzoso discurso del mismo José Bono, ahora presidente de las Cortes, que rechazó condenar el golpe militar de 1936, llamando en su lugar a la reconciliación y generosidad de los vencidos. José Bono, hijo de vencedores, no tiene la autoridad moral de pedir a los hijos de los vencidos que sean generosos cuando sus muertos continúan desaparecidos, siendo, además, incapaz de condenar el golpe militar que los asesinó. De nuevo, es impensable en la Europa democrática que un presidente de un Parlamento se niegue a condenar un golpe militar que hubiera interrumpido un régimen democrático.
No es extraño que sea el mismo José Bono el que presida el Parlamento español que, después de 33 años de democracia, es responsable de que España continúe a la cola de gasto público social per cápita en la Unión Europea. Hay una conexión entre tener miedo a corregir la historia y no haber corregido el enorme déficit social de España. Lo uno ha llevado a lo otro. El partido mayoritario de las izquierdas ha tenido también temor a antagonizar a las fuerzas conservadoras y poderes fácticos, muchos de ellos herederos y beneficiarios de la dictadura, para llevar a cabo las reformas fiscales que permitieran corregir el enorme déficit de gasto público social de España. Y un Gobierno socialista está ahora tomando decisiones a las que se oponen la mayoría de la ciudadanía, incluyendo los enormes recortes realizados como alternativa a aumentar los impuestos de los poderosos, que no contribuyen suficientemente a las arcas del Estado.
Pero hay un coste político, resultado de anteponer los intereses de los poderosos a los intereses de las clases populares, que son sus votantes. No se puede servir a los últimos sin enfrentarse a los primeros. Creer que los dos son conciliables lleva a esta situación en la que el presidente de las Cortes se niega a condenar el golpe fascista y, a la vez, aplica las medidas que continúan manteniendo a España a la cola de la Europa social.

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