Entrevista realizada por La Voz de Galicia al profesor Navarro, 25 de agosto de 2011
1.- ¿Por qué se opone a la reforma de la Constitución para limitar el déficit?
No me opongo a reformas de la Constitución. Pero una reforma de tal envergadura, que afectará, sin duda, negativamente la calidad de vida y bienestar de la ciudadanía española, requiere una participación amplia de la población a través de un referéndum. Esta medida no es una medida menor. Es una medida semejante a la que el Partido Republicano de EEUU, controlado por la ultraderecha Tea Party, está proponiendo en el Congreso de EEUU. ES una medida que dificultará enormemente aumentar el gasto público social de España para corregir su enorme déficit. España es el país de la Unión Europea de los Quince que tiene el gasto público social por habitante más bajo. Este gasto es el que cubre las pensiones, la sanidad, la educación, los servicios domiciliarios a las personas con dependencia, las escuelas de infancia, los servicios sociales, y otros. Institucionalizar esta medida en la Constitución es hacer prácticamente imposible que se corrija ese déficit que existe en España en relación al promedio de la UE-15.
2.- ¿Por qué que debería someterse a referendo si la Constitución no lo exige?
La democracia es mucho más que votar cada cuatro años. Una democracia exige que la ciudadanía participe en aquellas decisiones que afectarán su vida. La medida que se está proponiendo no estaba en ninguno de los programas electorales de los partidos que han hecho este pacto. De ahí que la única manera en que el pueblo español puede expresarse sobre esta medida es a través de un referéndum. No puede ser que el ciudadano que ha votado a un partido que luego lleva a cabo una política que no estaba en su programa sólo tenga como posibilidad de responder y expresar su desagrado hasta la próxima elección, donde pueda abstenerse o votar por un partido distinto. Esto es tener una concepción muy limitada de la democracia.
3.- ¿A quién favorece y a quién perjudica la reforma?
Esta media favorece a los grandes grupos empresariales, financieros y gran patronal, que siempre se han opuesto a que el Estado del Bienestar en España alcance el nivel de desarrollo que se merece por el nivel de riqueza que tiene. España se gasta muy poco en su Estado del Bienestar. España no es un país pobre. El PIB per capita es ya el 94% del promedio de la UE-15. El gasto público social por habitante, sin embargo, es sólo el 72% del promedio de la UE-15. Si en lugar del 72% fuera 94% del promedio de la UE-15, nos gastaríamos 66.000 millones de euros más en nuestro Estado del Bienestar. España tiene estos recursos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Y ello se debe primordialmente a que las grandes empresas, la banca, y las rentas superiores no están contribuyendo al Estado en la misma manera que sus homólogos en Europa lo están haciendo. O como la mayoría de ciudadanos ya están aportando, La mayoría de personas que trabajan y se les paga por nómina ya pagan unos impuestos semejantes a los que se pagan en el promedio de la Unión Europea. En cambio, la gente con grandes recursos paga muy poco al Estado. Y ello es consecuencia del enorme poder que las rentas superiores, la banca, y la gran patronal tienen sobre el Estado español, y de esto apenas se habla en los medios de información. Los sectores que salen perjudicados por esta propuesta son las clases populares, que utilizan los servicios del Estado del Bienestar. DE ahí la importancia de que se les consulte, porque el poder depende de la ciudadanía y de donde deriva el poder del Estado.
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