Publicado en la Revista SISTEMA DIGITAL, el 5 de Enero de 2009.
¿Cuáles deberían ser los objetivos del estímulo económico?
En otros artículos publicados en esta revista he analizado las causas de la crisis financiera y económica que estamos sufriendo, acentuando que su resolución requiere la intervención estatal no solo para garantizar la existencia de crédito sino también para desarrollar políticas públicas que faciliten el aumento del consumo por parte de la población (y muy en particular de las clases populares), aumento del consumo doméstico que se necesita para estimular el crecimiento económico (Ver “El déficit del estado. ¿Demasiado grande o demasiado pequeño?” Sistema Digital 5.dic.08). Me alegra constatar que, por fin, se está desarrollando en España un consenso de la necesidad de estimular el crecimiento económico a partir del aumento del consumo de productos y servicios, consumo que está muy de capa caída, debido, en parte, al enorme endeudamiento de la población, de cuyas causas he escrito también en esta revista (Ver “De lo que no se habla en la crisis financiera”. Sistema Digital 3.nov.08).
Este consenso desaparece, sin embargo, cuando analizamos el objetivo de tal estimulo económico y los mecanismos (es decir las políticas públicas) a través de los cuales se desea alcanzar tal objetivo. Ahora bien, creo que al menos entre las fuerzas progresistas se puede alcanzar un amplio acuerdo de que un objetivo primordial de estas políticas públicas debiera ser el de crear empleo. En realidad, una de las consecuencias más negativas de la crisis actual es el crecimiento del desempleo que puede llegar a alcanzar en España hasta el 18-20% de la población activa. Otro objetivo sobre el cual las fuerzas progresistas pueden alcanzar también un consenso es sobre la necesidad de evitar la disminución de los salarios, situación que, como he indicado en otro artículo en esta revista (Ver “¿El fin de la Europa Liberal? Sistema Digital, 12.dic.08), empeoraría la crisis al disminuir más la demanda de productos y servicios (consecuencia de bajar la capacidad adquisitiva de las clases populares, causa mayor de la escasez de demanda). De ahí, que otro objetivo de las políticas públicas de estímulo de la economía debiera ser no solo crear empleo sino buen empleo.
Una crítica que las voces conservadoras y liberales están haciendo a este tipo de medidas públicas de creación de empleo es que son medidas adhoc, provisionales y que tienen un impacto limitado. Para prevenir esta situación (que podría darse) es importante que otro objetivo de tales políticas públicas fuera el que tales intervenciones reforzaran la infraestructura física, humana y social del país (lo que se llama en el lenguaje un tanto barroco de la literatura económica, “capital físico, humano y social”), llenando vacíos, retrasos y déficits en tal infraestructura, y que son muchos. España, treinta años después de la Transición continúa estando a la cola de la Unión Europea de los 15 en gasto público social y en gasto en infraestructuras. Los déficits de infraestructura física, humana y social son enormes (ver Navarro, V. (coord.) La situación social en España Vols I y II. Biblioteca Nueva. 2005 y 2008).
Y el cuarto objetivo de las políticas públicas de estímulo económico debiera ser que tales intervenciones públicas contribuyan a desarrollar un crecimiento económico distinto y alternativo a la economía del ladrillo sobre el cual parece existir un consenso de que no es un modelo que España debiera continuar padeciendo (aunque las políticas fiscales continúan favoreciéndolo, siendo el maridaje banca y cajas con la industria inmobiliaria una de las causas de su perpetuación). En su lugar, debiera estimularse un crecimiento basado en nuevos modelos de desarrollo social y de economía ecológica.
¿Cómo alcanzar estos objetivos?
Una de las medidas de estimulo de la economía que está teniendo mayor visibilidad en los medios económicos ha sido la reducción de impuestos. Tanto los gobiernos Bush como Zapatero intentaron estimular la economía reduciendo los impuestos mediante desgravaciones fiscales, bajadas de impuestos, y una devolución de cantidades fijas y constantes a los contribuyentes a Hacienda. Últimamente han también aparecido voces pidiendo que se disminuya o se elimine el IVA (bien temporalmente o para siempre). Esta reducción de impuestos es la propuesta de las derechas (conservadoras y liberales) tanto en Europa como en EE.UU.
El problema de tales medidas es que su impacto en incrementar el consumo es relativamente menor y ello como consecuencia de varios factores. Uno de ellos es que un elevado porcentaje de las clases populares –que están enormemente endeudadas- utilizan este dinero para pagar sus deudas más que para comprar productos y servicios. En EE.UU., la gran mayoría de fondos públicos donados a la ciudadanía en la reforma Bush fueron utilizados por las familias (el 70%) al pago de sus deudas y sólo el 30% lo dedicó al consumo. Pero otra causa de que tales medidas tengan escaso impacto estimulante de la economía es que el consumo que generan estos recortes fiscales tiende a estimular un comercio de escaso valor, consecuencia de que el impacto de tales recortes en aumentar el consumo personal de tales medidas es relativamente menor. 450 dólares al año es una cantidad menor para alterar el consumo de la ciudadanía, aún cuando sumando el dinero dado a todos los beneficiarios, las cantidades involucradas en tales políticas alcanzaran a ser un 1% del PIB, tal como ocurrió en el último recorte de impuestos aprobada por los gobierno Bush y Zapatero. De ahí que la creación de empleo a través de estas medidas sea menor puesto que la mayoría de empleo creado a partir de esta medida sea en el sector comercio que tiende a ser un empleo de salarios bajos, en un sector del mercado laboral enormemente irregular y precario, con un empleo muy estacional.
Medidas mucho más eficaces para crear empleo son las inversiones públicas en las servicios del estado del bienestar tales como educación, sanidad, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, entre otros, así cono en la infraestructura del país como transporte público, utilizado predominantemente por las clases populares, e inversión en energías renovables. En estas inversiones es el estado, en lugar del mercado, el que dirige la creación de empleo orientándolo hacia aquellas actividades que crean buen empleo y que enriquecen la infraestructura física, humana y social del país.
La creación de empleo en cada una de estas áreas se hace: 1) directamente al crear buen empleo en la provisión de tales servicios y actividades (los salarios en estas sectores son más elevados que en el sector comercio); 2) indirectamente, al estimular creación de empleo en aquellos sectores proveedores de equipamiento a tales sectores sociales (que son también de salarios elevados y medios); 3) a través del estímulo de creación de empleo, pues parte del salario se consume estimulando la producción de los productos consumidos; 4) a partir de una nueva demanda de servicios, como consecuencia de que gran número de los servicios del Estado del Bienestar y muy en especial de los servicios del cuarto pilar del bienestar (servicios domiciliarios y escuelas de infancia) ayudan a la mujer a integrarse al mercado de trabajo. Esta integración determina la demanda de puestos de trabajo para realizar aquellas labores que hacia antes la mujer como ama de casa (restaurante, lavanderías, servicios de limpieza, etc.). Ni que decir tiene que parte de los empleos en estos últimos servicios tienen salarios bajos. Pero la mayoría de (1), (2) y (3) no lo son y el Estado puede (y debe) regular los de tipo (4), impidiendo la existencia de bajos salarios. Como bien decía una editorial reciente del New York Times (a favor de la sindicalización de la fuerza laboral en EE.UU. (28.XII.08.), “salarios bajos son un obstáculo para la recuperación económica”.
El Centro de Estudios de Economía Política de la Universidad de Massachussets, uno de los centros de análisis económicos más progresistas de EE.UU. y que ha inspirado parte del programa de estímulo económico del equipo de transición del Presidente electo Obama ha calculado el potencial de creación de empleo por cada uno de los sectores económicos de EE.UU., analizando la cantidad de empleo (y buen empleo) que puede generarse por cada 1.000 millones de dólares de gasto público. En todas las proyecciones, el menor número de puestos de trabajo creados es a través de la reducción de los impuestos, o a través de la inversión en gastos militares. En el primer caso, los salarios serían más bajos que en el sector militar aunque el número de puestos de trabajo sería mayor en el primer que no en el segundo caso. Los sectores que crearían más empleo y mejor remunerado serían sanidad, educación, servicios de dependencia y escuelas de infancia, transporte público y energías renovables. Una ventaja adicional es que todos estos servicios contribuyen a enriquecer la infraestructura humana, física y científica del país.
La situación en España. La reforma de la financiación autonómica y su impacto en el estímulo económico.
A la luz de los datos aportados hasta ahora puede concluirse que las propuestas hechas por el equipo económico del PP (y autores conservadores y liberales) de estimular la economía a base de reducir los impuestos es enormemente insuficiente. Es mucho más eficaz el aumento del gasto público en las áreas indicadas anteriormente, tal como está proponiendo ahora el gobierno Zapatero, en la reforma de la financiación autonómica. Tal reforma inyectaría millones de euros a las arcas de las CC.AAs. responsables de la gestión de los servicios del Estado del Bienestar, contribuyendo con ello a reducir el enorme déficit social de tales CC.AA. (que he calculado que asciende a 52.000 millones de euros, (ver Navarro, V. (coord.). La Situación Social en España, Volumen III, 2009). La dirección del cambio (de estimular el crecimiento económico a base de reducir los impuestos a hacerlo a base de corregir la enorme pobreza social de España) es muy positiva y su efecto estimulante en creación de empleo será mucho mayor. Hay que aplaudir al gobierno Zapatero (y a las otras fuerzas políticas que han presionado para que se realizara tal cambio) que esté estimulando la economía a partir de estas políticas públicas.
Ahora bien, tal aplauso deber ir acompañado de dos observaciones. Una de ellas, la más importante, es que las cantidades que se están citando en la prensa son cantidades a todas luces insuficientes, no sólo para cubrir el enorme déficit social de las CC.AAs y del Estado Central, sino también para estimular la economía, al nivel que se requiere para disminuir significativamente el desempleo. Como punto de comparación valga citar que la aplicación del plan de estímulo de Obama a España sería un gasto de 82.000 millones de euros. Ha sido una constante de las políticas sociales de la época Zapatero que se merecen un notable alto en su diseño y en cambio un suspenso en su financiación. La ley de dependencia es el último ejemplo. Por cierto, la prensa española (cuyas páginas económicas, por lo general –con algunas excepciones- promueven posturas liberales, han dado gran visibilidad mediática a la propuesta de recortes de impuestos realizada por el equipo Obama (integrados en las propuestas por las presiones del Partido Republicano) sin informar, sin embargo, de que la gran mayoría de propuestas de estímulo de la economía no se basa en la reducción de impuestos sino en las inversiones en el capital físico, humano y social del país. Concretamente, el 60% de los 780.000 millones de dólares va a este tipo de inversiones.
La otra observación es que los nuevos fondos a las CC.AAs. tendrán un efecto estimulante en la creación de empleo en España sólo en caso de que sea un nuevo gasto y no una mera transferencia de fondos de un sector a otro. En este último caso, el impacto estimulante sería mucho menor. Estos fondos debieran ser nuevos fondos generados por el estado central, a través de un aumento de los impuestos (incluyendo la corrección del enorme fraude fiscal) y un aumento de la deuda pública, permitiendo un déficit mucho mayor que el 4% que el Presidente Zapatero indicó en su día. El gasto total federal en EE.UU. significará un déficit del estado de un 7% del PIB. Es ahí donde debieran cambiarse los criterios que rigen el Pacto de Estabilidad y la política monetaria del Banco Central Europeo. A no ser que haya un cambio muy sustancial de tales políticas a nivel europeo, habrá problemas graves en el proceso de recuperación económica de España y de Europa.
Una última observación. Ruego al lector al que le haya gustado este artículo y con el cual esté de acuerdo, que me ayude a distribuirlo, enviándolo a dirigentes políticos, sindicales y de movimientos sociales para presionar que se realicen los cambios aquí sugeridos.