Publicado por el periódico digital EL PLURAL, 23 enero 2009
La discusión sobre la financiación autonómica en España se ha centrado hasta hace poco en la distribución de los fondos estatales entre las CC.AAs., habiéndose creado grandes tensiones entre ellas que han sido aprovechadas por las fuerzas conservadoras para fines electorales, presentándose a sí mismas como las defensoras de la unidad de España, unidad que, por cierto, pocos cuestionan. De ahí que el debate se haya centrado hasta ahora en la distribución de la tarta nacional ocultando que el problema mayor en España es el tamaño de la tarta que es enormemente insuficiente. Ello explica que la lucha por su distribución sea incluso más acentuada de lo que debiera ser. El gasto público como porcentaje del PIB es de los más bajos de la Unión Europea de los Quince, el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al nuestro. Lo mismo ocurre con el gasto público social, que cubre los servicios y transferencias del Estado del Bienestar español, tales como sanidad, educación, vivienda, escuelas de infancia, servicios de dependencia, ayudas a las familias y otros. Tal gasto es de los más bajos de la UE-15.
Las CC.AAs. son las que sufren más estas insuficiencias, pues son las responsables de gestionar la mayoría del estado del bienestar. Excepto la Seguridad Social, todos los servicios y transferencias de tal estado los gestionan las CC.AAs. Esta ha sido la característica mayor del estado de las Autonomías. Pero el Estado Central no ha descentralizado la financiación, escudándose en la necesidad del Gobierno Central de redistribuir los fondos públicos estatales entre las CC.AAs. para garantizar la equidad. Pero tal situación ha ocultado un problema mucho mayor, que es la falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos españoles en recaudar los recursos necesarios para que España se gaste en su estado del bienestar el gasto público que debiera gastarse en tales servicios y transferencias para alcanzar el nivel que le corresponde por el grado de desarrollo económico que tiene. El nivel de riqueza de España es semejante al del grupo de países de la UE-15. El PIB per capita es el 92% del promedio de la UE-15. Y en cambio, el gasto público social por habitante continúa siendo uno de los más bajos de la UE-15 (sólo un 62% del promedio de la UE-15). Si en lugar de un 62% nos gastáramos un 92% del promedio de la UE-15, representaría un incremento de 52.000 millones de euros. Este es, a grosso modo, el déficit del gasto público social de España. (ver Navarro, V. (coord.) La Situación Social en España. Volumen II. Biblioteca Nueva. 2008). Treinta años después de la muerte del dictador, y todavía estamos a la cola de la UE-15. Y las CC.AAs. son las que ahora sufren en carne viva tales déficits.
El Ministro Solbes, por lo visto, no ha sido consciente de la gravedad de tal déficit social. Su trayectoria política así lo demuestra. Cuando fue el Ministro de Economía en el periodo 1993-1996 redujo el gasto público por habitante de una manera muy notable. Cuando fue Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión Europea fue el encargado de guardar la ortodoxia liberal de tal institución reflejada en el Pacto de Estabilidad que dificulta el aumento del gasto público, incentivando a la vez la disminución de los impuestos. Indicó en más de una ocasión que “bajar impuestos era más estimulante para la economía que aumentar el gasto público” (lo cual no es cierto, ver mi artículo Como estimular la economía, publicado en la revista TEMAS, Noviembre 2008), y cuando ha sido Ministro de Economía del Gobierno Zapatero dijo en una entrevista en El País el 22 de julio de 2007, que “la política de la cual estoy más orgulloso es la de no haber aumentado el gasto público” (dicho en uno de los países que tiene el gasto público más bajo de la UE.15). Ha sido siempre -como lo fue Rato en el gobierno Aznar- partidario de ejercer de freno del gasto público de manera tal que el gran debate entre las dos grandes opciones políticas en las últimas elecciones fue entre disminuir todavía más el gasto público –la propuesta del PP- o mantenerlo tal como está, cuando en realidad lo que el país necesitaba -y continúa necesitando ahora más que nunca- es un aumento muy sustancial del gasto público, y ello no solo para estimular la economía, sino para corregir los enormes déficits de capital físico (en infraestructuras) así como del capital humano y del capital social que existe en España. La baja productividad del país se basa precisamente en ello. Y son las CC.AAs. las que sufren con mayor intensidad este enorme déficit. La lucha entre ellas para conseguir más migajas de la tarta debiera canalizarse para presionar que haya una tarta mayor.
Los recursos del Estado obtenidos por los sucesivos gobiernos españoles, han procedido predominantemente del crecimiento económico y del aumento de la población activa. Ello ha sido necesario pero insuficiente. Lo que se requería y continúa requiriéndose son más reformas fiscales conducentes a incrementar tales recursos, lo cual puede hacerse si hay voluntad política. Una es la necesidad de corregir el escandalosamente alto fraude fiscal que alcanza la cifra de 85.000 millones de euros (según los expertos del propio Ministerio de Hacienda). Esta cantidad sería más que suficiente para cubrir el déficit social de España y sus CC.AAs. Otra fuente es el aumento de los impuestos del 10% de renta superior del país (que ha visto sus rentas incrementadas a unos niveles sin precedentes en los últimos veinte años de manera que España es hoy uno de los países europeos con mayor número de personas que ingresan (pero no declaran) más de un millón de euros. Otra fuente es el aumento del pago por parte de las Mutuas Patronales de los costes que los servicios autonómicos de sanidad incurren en atender las enfermedades laborales (y que representa aproximadamente el 15% del gasto total de tal sanidad), y que por ley debieran ser cubiertas por tales Mutuas Patronales (tal ley no se respeta), y así un largo etcétera.
Los equipos que han dirigido la política económica y fiscal de España no han tenido la voluntad política de tomar estas medidas. Y lo mismo ocurre hoy. Y el equipo económico en el mayor partido de la oposición tiene incluso menor voluntad de hacerlo. De ahí que seria aconsejable que el gobierno Zapatero cambiara su equipo económico, y pusiera a un equipo con vocación keynesiana en lugar del liberal que facilitara corregir el déficit de gasto público y social del país, y con ello el mayor problema que tienen las CC.AAs.