Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario ARA, 28 de julio de 2012
Este artículo analiza los orígenes del déficit público del Estado español (tanto central como autonómico) que no se debe primordialmente al aumento del gasto público sino a la reducción de impuestos que tuvo lugar en tiempos de bonanza, durante la burbuja inmobiliaria, y que creó un déficit estructural que apareció en toda su intensidad cuando la burbuja inmobiliaria explotó. Los recortes de gasto público del gobierno Zapatero y ahora del gobierno Rajoy están dificultando enormemente la recuperación económica y la reducción del déficit.
Una de las características que España comparte con los otros países intervenidos en la Eurozona (Grecia, Portugal e Irlanda) es la pobreza de su Estado. Los ingresos al Estado son de los más bajos de la UE-15, el grupo de países de la UE más próximos a España por su nivel de riqueza. Cuando la crisis empezó, representaban sólo el 34% del PIB (en Grecia el 37%, en Irlanda el 34% y en Portugal el 39%. Como comparación, en Suecia representan el 54%). Esta pobreza se basa (como también les ocurre a los otros países intervenidos) en la escasa capacidad recaudatoria del Estado, que se explica, en parte, por la gran regresividad de su política fiscal. Las rentas del capital, por ejemplo, reciben un tratamiento muy distinto a las rentas del trabajo. A las primeras se las trata mucho más favorablemente que a las segundas. Esto implica que las personas que derivan la mayoría de sus rentas de la posesión de capital pagan muchos menos impuestos que los que derivan tales rentas del mundo del trabajo, y que representan la gran mayoría de la ciudadanía. Ni que decir tiene que hay argumentos (algunos válidos) para explicar tal diferencia, pero toda la evidencia muestra que en España tal diferencial es excesivo, y ello como resultado de que los poseedores de capital tienen mucha más influencia sobre las instituciones políticas que los que derivan sus rentas del trabajo. Ejemplos de ello hay múltiples. Veamos.
En los años de bonanza económica, creada principalmente mediante la burbuja inmobiliaria, el Estado español (que incluye el Estado central y las CCAA) redujo los impuestos significativamente, sobre todo de las rentas del capital y de las rentas superiores. Este descenso creó un déficit estructural que pasó desapercibido porque los ingresos al Estado subieron espectacularmente, resultado del elevado crecimiento económico y crecimiento de empleo.
Ahora bien, cuando la burbuja inmobiliaria explotó (resultado de que la banca europea, principalmente la alemana y la francesa – que había alimentado la burbuja inmobiliaria española- dejó de prestar a la banca española, porque aquella, la banca europea, estaba contaminada con productos tóxicos procedentes de la banca norteamericana) apareció con toda su crudeza tal déficit estructural del Estado, causado por aquellas reducciones de impuestos (según el Fondo Monetario Internacional la mitad del déficit estructural se debía a la rebaja de impuestos).
Pero, cuando el déficit apareció, en lugar de anular las rebajas fiscales para recuperar los fondos del Estado, éste (tanto central como autonómico) recortó el gasto público, incluyendo el gasto público social, asumiendo que el crecimiento del déficit del Estado se debía al excesivo tamaño de tal gasto público, atribuyéndole, además, ser una de las causas de la crisis. Tal argumento fue promovido extensamente a pesar de que la evidencia existente claramente lo cuestiona. En realidad, el Estado español, cuando se inició la crisis, estaba en superávit, y la deuda pública era de las más bajas de la Eurozona. El crecimiento tan acentuado del déficit no se debió a que se disparara el gasto público, sino a la bajada de impuestos que había creado el déficit estructural, incrementada esta bajada por la enorme disminución de la actividad económica y del empleo, puesto que, al depender de una manera tan acentuada los ingresos al Estado de las rentas del trabajo, el elevadísimo desempleo -que el estallido de la burbuja produjo- se tradujo en una gran disminución de los ingresos al Estado.
Ignorando estos hechos, la respuesta a la crisis fue recortar el gasto público, sin tocar las causas estructurales del déficit. Ejemplos de ello hay a miles. Se congelaron las pensiones, intentando ahorrar 1.200 millones de euros, recorte que hubiera sido innecesario si se hubiera mantenido el impuesto de patrimonio (2.100 millones de euros) o se hubiera anulado la rebaja del impuesto de sucesiones (2.552 millones) o se hubiera revertido el descenso de impuestos a las personas que ingresan más de 120.000 euros al año (2.500 millones).
Tras sus últimas propuestas, Rajoy intenta recortar todavía más, centrándose en los servicios públicos, incluyendo servicios i transferencias del Estado del Bienestar, 13.764 millones de euros en la reducción de los seguros de desempleo para, teóricamente, estimular a los parados a encontrar trabajo y 3.024 millones en los servicios de dependencia. Como ingresos al Estado propone recoger 22.104 millones en tres años (2.300 en el primer año, 10.134 en el segundo y 9.670 en el tercero) mediante el crecimiento del IVA. Pero como bien señala el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda español, GESTHA, (cuyas estimaciones hasta ahora han sido las más creíbles), la recaudación será mucho menor. De cada 100 euros gastados, el Estado recoge 9,7 euros (frente al promedio de la UE-15, de 12,3). Esto quiere decir que España pierde 17.000 millones de euros al año por el fraude del IVA. Hubiera sido, por lo tanto, más efectivo corregir este déficit en lugar de aumentar el IVA, que afectará sobre todo a la demanda de las clases populares. Las consecuencias de estas políticas regresivas serán aumentar todavía más las desigualdades en España, uno de los países más desiguales de la Unión Europea.
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