Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 2 de noviembre de 2012
Este artículo analiza las causas de la subfinanciación y subdesarrollo del Estado del Bienestar en Catalunya, cuestionando varios de los argumentos que se utilizan en círculos políticos para explicar tal retraso social. El artículo señala que la causa mayor del subdesarrollo social de Catalunya es la misma que la causa del subdesarrollo social de España, a saber, la enorme influencia que las fuerzas conservadoras han tenido y continúan teniendo sobre el Estado tanto central como autonómico.
El Estado del Bienestar (que incluye transferencias públicas como las pensiones, y servicios públicos tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, entre otros) en Catalunya está financiado por debajo de lo que le correspondería por el nivel de riqueza que tiene. Mientras que el PIB por cápita catalán representa el 110% del promedio de la UE-15 (los países de la Unión Europea de mayor desarrollo económico) su gasto público social por habitante es sólo el 73% del gasto público social promedio de tal grupo de países. Si en lugar del 73%, fuera el 110%, Catalunya se gastaría en su Estado de Bienestar 19.600 millones de euros más de los que se gasta ahora. En realidad, Catalunya es una de las partes de la UE-15 que se gasta menos en su Estado del Bienestar. Mírese como se mire, Catalunya se gasta poco en las transferencias y servicios públicos de carácter social lo cual explica su escaso desarrollo. Menos de una persona adulta de cada diez trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar, comparado, por ejemplo, con una de cada cuatro en Suecia.
La explicación más común que se da en los círculos políticos más hegemónicos de Catalunya a tal retraso social es el déficit fiscal, es decir, a la diferencia de fondos que existe entre la aportación de los ciudadanos en Catalunya al Estado central a través de sus impuestos, y los fondos que reciben de él, una cantidad que la Generalitat de Catalunya calcula que es un 8% del PIB catalán, porcentaje referido en el lenguaje belicista de algunas formaciones políticas catalanas como “expolio”. Tal déficit fiscal existe y la resistencia por parte del Gobierno central a admitir que existe y/o a resolverlo está creando una enorme frustración y enfado popular, que junto con las decisiones del Tribunal Constitucional, eliminando elementos emotivamente muy importantes del Estatuto de Catalunya (tras haber sido éste refrendado por la población catalana) ha desembocado en un movimiento de claras raíces populares que protesta por la insensibilidad del establishment político español, basado en Madrid, hacia la excesiva centralización en la gestión de los impuestos y la oposición de tal establishment a reconocer el carácter plurinacional del Estado español.
Ahora bien, los datos muestran que el enorme retraso social de Catalunya no se debe primordialmente a su déficit fiscal. Catalunya debería destinar a gasto social, por el nivel de riqueza que tiene, 8.210 unidades de poder de compra (unidad monetaria que se utiliza para homologar la capacidad de compra en países con distinto nivel de riqueza) por habitante. Ahora bien, se gasta mucho menos, sólo 5.475 upc. Si el 8% del PIB (tamaño del calculado déficit fiscal) se retuviera en Catalunya y se distribuyera de la misma manera que se distribuye hoy el presupuesto de la Generalitat de Catalunya, Catalunya pasaría a gastarse 6.236 upc por habitante, lo cual es una corrección importante, pero muy insuficiente para gastarse lo que le corresponde por su nivel de riqueza.
¿Cuál es, pues, la causa del enorme retraso social de Catalunya? La respuesta es que tal retraso se debe a las mismas causas que originan el retraso social de España, es decir, la gran influencia que las fuerzas conservadoras han tenido históricamente sobre el Estado español, tanto central como –desde el inicio de la democracia- en la Generalitat de Catalunya, influencia que ha determinado su pobreza de recursos públicos. El porcentaje de ingresos al Estado (tanto central como autonómico) ha sido y continúa siendo de los más bajos de la UE-15, siendo esta pobreza, por cierto, una de las mayores causas de su actual crisis financiera. No es por casualidad que los países que tienen mayores déficits públicos en la UE-15 (Grecia, Irlanda, Portugal y España) hayan sido gobernados por dictaduras (España, Grecia y Portugal) o Gobiernos autoritarios (Irlanda), profundamente conservadores, durante largos periodos de tiempo, que configuraron Estados pobres, con escasa sensibilidad social, y poco redistributivos. Y aun cuando cambios importantes han ocurrido en su periodo democrático, la gran influencia de las fuerzas conservadoras en las instituciones del Estado (incluidos en España el Estado central y la Generalitat de Catalunya) ha limitado su desarrollo social. Y así lo muestran los datos.
Los ingresos al Estado representan sólo el 34% del PIB en España (el 34% en Irlanda, el 39% en Portugal, el 37% en Grecia), un porcentaje más bajo que el promedio de la UE-15 (44%) y mucho más bajo que Suecia (54%). El retraso social aparece reflejado en el bajo porcentaje de la población que trabaja en el Estado del Bienestar en España, un 10% (el 11% en Grecia, el 7% en Portugal y el 12% en Irlanda). En Catalunya es un 9%, que podría alcanzar casi el promedio de España (10%) si se corrigiera el déficit fiscal y los recursos obtenidos se distribuyeran según las actuales prioridades del presupuesto de la Generalitat. Nótese que incluso con la corrección del déficit fiscal, Catalunya continuaría con uno de los Estados del Bienestar con menos recursos humanos de la UE-15.
Es cierto que el establecimiento de la democracia permitió reducir el retraso social. Pero el incremento de gasto público social (que cubre las transferencias y los servicios del Estado del Bienestar) por habitante se ralentizó a partir de la integración de España en la UE y en la Eurozona, pues los fondos del Estado que iban a corregir el déficit social de España (medido por la diferencia de gasto público social entre España y el promedio de la UE-15) fueron destinados, a partir de 1993, a reducir el déficit público del Estado en lugar de a disminuir aquel déficit social, con lo cual este último aumentó. Éste pasó de ser 1.793 upc en 1995 a 2.237 upc en 2004, bajando a 1.845 upc en 2007, año que comenzó la crisis. Es importante subrayar que en este último año, el déficit social era todavía mayor que al principio del proceso de integración de España en el euro. Una de las realidades más desapercibidas en los medios de información es que el euro se estableció en España a base de ralentizar la corrección del enorme déficit social español.
Un tanto similar ha estado ocurriendo ahora, cuando la respuesta para salir de la crisis y salvar el euro ha sido también recortar el gasto público social, bajo el argumento de que no hay alternativas, aún cuando los datos muestran que sí las hay. Así, en lugar de la congelación de las pensiones que hizo el Gobierno Zapatero (para conseguir 1.200 millones de euros) se podrían haber mantenido el impuesto de patrimonio (consiguiendo 2.100 millones de euros) o cancelando la reducción del impuesto de sucesiones (obteniendo 2.552 millones de euros). Y en lugar de recortar, como decidió el Gobierno Rajoy, 6.000 millones de euros para la sanidad se podrían haber revertido los recortes del impuesto de sociedades a las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan menos de 0.12% de todas las empresas) obteniendo 5.300 millones de euros.
En realidad, los recortes de impuestos que tomaron lugar con la reforma tributaria del 2006, en la fase expansiva de la economía, significaron, según los datos del Ministerio de Hacienda, un agujero en las arcas del Estado de casi 20.000 millones de euros. Es más, la manera como se hizo tal reforma, aprobada por los dos partidos mayoritarios y CiU, aumentó la gran regresividad de las políticas fiscales, una de las mayores causas de la pobreza del Estado y de la Generalitat de Catalunya, siendo la otra causa (además del siempre presente y nunca resuelto fraude fiscal, uno de los mayores de la UE-15) el bajo porcentaje de pagadores de impuestos por vía directa, resultado del bajo porcentaje de la población que trabaja, consecuencia de la poca participación de la mujer en el mercado de trabajo, causado, en parte, por el escaso desarrollo de los servicios del Estado del Bienestar (como escuelas de infancia y servicios domiciliarios) que permiten compaginar el trabajo con las responsabilidades familiares, otra de las consecuencias de la influencia conservadora en la vida política del país.
A la luz de estos datos, parecería más acertado canalizar el enfado popular hacia las opciones políticas que, a través de sus políticas y alianzas a los dos lados del Ebro, han desarrollado políticas fiscales y sociales responsables del subdesarrollo social de Catalunya y de España. Y entre ellas están en lugar prominente los partidos gobernantes de Catalunya y de España los cuales han coincidido en sus políticas de recortes y regresividad fiscal, realidad que intenta ser ocultada tras la agitación de las banderas.