Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 24 de diciembre de 2012
Este artículo denuncia, una vez más, la campaña de reducción de las pensiones públicas sostenida mediante argumentos que no tienen validez científica.
Existe la impresión generalizada en círculos económicos, financieros, políticos y mediáticos (incluso académicos) de este país de que las pensiones en España son muy generosas y que permiten a los ancianos tener unos porcentajes de pobreza por debajo de los de la población en general. Tal percepción, sin embargo, es errónea.
Veamos los datos. Y el más llamativo es que, si no fuera por las pensiones públicas de vejez, el 64% de los ancianos en este país serían pobres. La Seguridad Social es el programa antipobreza más importante de España, aún cuando no se perciba como tal. De ahí su enorme popularidad. Cualquier gobierno que ya ha intentado y/o logrado una reducción de las pensiones ha pagado un coste político elevado. A pesar de ello, intentos de reducir las pensiones (tanto su cantidad por pensionista como el porcentaje de la población anciana cubierta por el sistema público de pensiones) continúan habiendo, más durante los periodos conservadores y liberales que en épocas progresistas. En general, los partidos de derechas son más favorables a reducir las pensiones que los partidos de izquierda, aún cuando hemos visto gobiernos de izquierda que, sujetos a presiones internacionales, lo han hecho también. Un ejemplo de ello fue el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años realizado por el gobierno Zapatero, decisión tomada en respuesta a las presiones del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional, la llamada “troika”, que es la voz del capital financiero (que incluye la banca, los fondos de alto riesgo –hedge funds en inglés- y las compañías de seguros, entre otros)
Este capital financiero ha sido siempre la mayor fuerza política (su influencia sobre los partidos, sobre los medios de información y sobre el Estado es enorme) favorable a la reducción de las pensiones públicas y a su privatización, pues los fondos de pensiones públicos son los fondos que gestionan en cualquier país la mayor cantidad de dinero, siendo así una enorme golosina para los bancos y compañías de seguros, que representan los ejes de tal capital financiero.
El último informe de la OCDE (cuyo funcionariado pertenece también a la sensibilidad ultraliberal) sobre las pensiones en los países miembros de tal comunidad (Perspectivas de las pensiones en la OCDE 2012) explicita claramente que una medida que los gobiernos deberían tomar urgentemente es la privatización de las pensiones públicas. También, con la característica ignorancia de los datos que hace cuestionables cada una de sus aseveraciones, el informe repite los argumentos que una vez y otra se han demostrado erróneos por la evidencia existente. Así, se presenta el argumento de que –según sus cálculos- el gasto público en pensiones en España llegará a ser un 15% del PIB en el año 2050, lo cual hace insostenible tal sistema de pensiones, sin aclarar porqué ello es insostenible. Predeciblemente, se proponen reducciones ya ahora (ver los datos que muestran el error de tal supuesto en ¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos. Las respuestas que siempre nos ocultan. Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón. Attac, 2010). Una postura idéntica aparece en el artículo de Guillermo de la Dehesa el El País “Pensiones y solidaridad intergeneracional” (14/12/12). Guillermo de la Dehesa es incluso más alarmista y predice que para el 2050, el gasto en pensiones será 18% del PIB lo cual asume es insostenible, sin aclarar porqué es insostenible.
Mírese como se mire, las pensiones son bajas. Cuando se estandarizan las pensiones por años trabajados, se puede ver que la capacidad adquisitiva de las pensiones es baja, alcanzando límites de miseria en las pensiones no contributivas. Esto es una de las causas de que la pobreza entre los ancianos haya sido mayor y no menor que entre el resto de la población. Según la OCDE, durante los años 2000-2010, el porcentaje de pobres entre los ancianos era un 23%, un porcentaje mayor que el existente entre la población en general (un 14%) y mucho mayor que el porcentaje de pobres entre ancianos en el promedio de los países de la OCDE (14%).
Las medidas tomadas por el gobierno Rajoy no han impedido que la disminución de la capacidad adquisitiva de la población anciana debido al aumento de los precios (que es mayor que el crecimiento de las pensiones) afectara de una manera muy notable este porcentaje, incrementándolo. Ahora bien, el enorme aumento de la pobreza ente la población en general ocurrido durante la crisis explica que el porcentaje de la pobreza entre los ancianos, que se ha mantenido muy alto, sea menor ahora que el promedio de la pobreza resultado del crecimiento espectacular de la pobreza en la población no anciana. Esta es la explicación de lo que está ocurriendo. No es que la situación entre los ancianos esté mejorando, sino que la población de todos los demás grupos etarios está empeorando dramáticamente.