Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario EL PAÍS, 6 de febrero de 2013
Este artículo critica algunos de los argumentos alarmistas que es están reproduciendo en los medios de mayor difusión del país que concluyen que el sistema de pensiones público en España no es viable (consecuencia de la transición demográfica) a no ser que se reduzcan los beneficios o se retrase la edad de jubilación. El artículo cuestiona que estos cambios sean necesarios, indicando que, cambios en la productividad por un lado y el incremento de la población adulta que trabaje y cotice por el otro, resolverán los mal llamados problemas de viabilidad del sistema público de pensiones.
Una postura generalizada en los círculos políticos, mediáticos y financieros del país es que el sistema público de pensiones se encuentra ante un gran reto determinado por la transición demográfica. Se argumenta que la transición demográfica, con un crecimiento muy acentuado de la población anciana, hace difícil sostener el sistema de pensiones públicas. Así, este rotativo apuntaba en un reciente editorial, Pensiones consensuadas (EL PAÍS, 30 de diciembre de 2012), que “el sistema actual de pensiones es insostenible por (…) la presión de la demografía, que empuja la población hacia edades más altas”.
Y también en este diario se han publicado varios artículos, que todos ellos subrayaban que, de no cambiar el sistema de financiación de las pensiones públicas y/o la extensión de sus beneficios, el gasto público en pensiones, debido a la transición demográfica, alcanzará unos niveles en 2050 que serán insostenibles.
Tal preocupación se basa en el supuesto de que, al haber más ancianos y menos jóvenes, estos últimos no podrán sostener las pensiones de los primeros. En otras ocasiones, este mismo argumento se presenta de otra forma que pone el acento en que el número de beneficiarios de las pensiones será cada vez más grande que el número de cotizantes al sistema de pensiones, con lo cual se llegará a una situación en que no habrá suficientes cotizantes para tantos beneficiarios. Tales argumentos parecen lógicos y razonables y su frecuente repetición en los medios explica que haya adquirido una gran credibilidad. Por regla general, se añaden a estos argumentos otros igualmente preocupantes. No solo el número de beneficiarios ha aumentado y continúa aumentando considerablemente, sino que el número de años de vida por pensionista también ha estado aumentando, con lo cual el gasto público en pensiones se está disparando, prediciéndose unos niveles de gasto público que las hará insostenibles.
En estos argumentos, sin embargo, no se tienen en cuenta varios hechos. Uno de ellos, de especial importancia, es el del aumento de la productividad, es decir, que un trabajador dentro de 40 años producirá mucho más que un trabajador ahora. Para comprender la importancia de este hecho, el lector tiene que conocer que hace 40 años el 18% de los españoles adultos trabajaba en la agricultura. Hoy solo el 2% lo hace, y este 2% produce mucho más de lo que producía hace 40 años el 18% de la población que trabajaba en agricultura. Un trabajador agrícola ahora produce más alimentos de los que antes producían nueve trabajadores, y ello como consecuencia del enorme crecimiento de la productividad. Se habría percibido como una observación innecesariamente alarmista si hace 40 años economistas famosos hubieran escrito en rotativos de gran difusión que, como consecuencia de que los trabajadores estaban abandonando el campo, habría menos producción de alimentos, con lo cual, al cabo de 40 años, la gente de España moriría de hambre.
Pues bien, sustituyan alimentos por pensiones y vean el posible error que significa alarmar a la ciudadanía argumentando que dentro de 40 años no habrá suficientes trabajadores para sostener las pensiones. Los datos supuestamente alarmantes aparecen cuando se indica que el número de cotizantes por beneficiario está disminuyendo, reduciéndose (según varias estimaciones) por ejemplo a la mitad en el año 2050. Ahora bien, es fácilmente demostrable que esta disminución que se considera tan preocupante, en realidad no lo es, ya que es más que probable que un trabajador producirá casi el doble en 2050 que ahora, con lo cual podría mantener casi al doble de pensionistas. Es más, el porcentaje de la población activa habrá aumentado, pues hoy es de los más bajos de la Unión Europea de los 15, ¿dónde está, pues, el problema?
El mismo error aparece cuando se alarma a la población indicando que en 2007 nos gastamos el 8% del PIB en pensiones y dentro de 40 años nos gastaremos el 15%, lo cual se asume como que es insostenible en una sociedad que tiene recursos limitados (por cierto, Italia ya se gasta el 14% del PIB en pensiones públicas y el sistema no se ha colapsado). El error de todas estas tesis alarmistas es que se asume, de nuevo, que la productividad apenas variará.
Si la productividad creciera un 1,5% por año, que es el promedio de crecimiento en los últimos 50 años, el PIB de España en 2060 sería 2,20 veces mayor que en 2007 (en monedas constantes, es decir, que la capacidad adquisitiva real habrá más que doblado la actual). En otras palabras, si en 2007 el PIB era, por ejemplo, 100, en 2060 sería 220. Pues bien, si en pensiones nos gastamos en 2007 un 8% del PIB, es decir, 8 puntos del PIB —dejando para los no pensionistas 92 puntos—, en 2060 nos gastaremos el 15% de 220, es decir, 33 puntos en pensiones, quedando para los no pensionistas 187 puntos, muchos más que los 92 de 2007. En realidad, hace 50 años nos gastábamos el 3% del PIB en pensiones, y en 2007 nos gastamos el 8%. Hemos casi triplicado el gasto en pensiones y, sin embargo, los recursos para los no pensionistas también han aumentado, pues el tamaño de la tarta es mucho mayor ahora que hace cinco décadas.
Que no haya problemas graves en las pensiones públicas no quiere decir que no deban hacerse reformas, pero estas no deberían ir en el sentido de reducirlas. Una medida aconsejable para aumentar los fondos a la Seguridad Social y mejorar las pensiones es facilitar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. En España, el porcentaje de la población que trabaja es bajo. Y en parte esto se debe a dos factores. Uno es el bajo porcentaje de la población adulta que trabaja en el sector público (en 2007 el 10%, uno de los más bajos de la UE-15, cuyo promedio es del 15%). En contra de lo que se dice, el sector público (y, muy en particular, en los servicios públicos del Estado del bienestar, tales como sanidad, escuelas de infancia, educación y servicios sociales, entre otros) está poco desarrollado y tiene escaso personal, y ello se traduce en el bajo porcentaje de la población que trabaja en él. Y el trabajo crea la necesidad de producir más trabajo.
El otro factor (relacionado con el anterior) es la baja participación de la mujer en el mercado de trabajo (52%). Si España tuviera el porcentaje de Suecia, habría 2,8 millones más de trabajadoras pagando impuestos y cotizaciones sociales. Para ello se debería expandir el cuarto pilar del Estado del bienestar, de modo que se incluyera el derecho de acceso a las escuelas de infancia, además de los servicios domiciliarios a personas dependientes. Y, naturalmente, se debería hacer al hombre corresponsable de las obligaciones familiares. Y sobre todo, invertir en infantes y jóvenes, pues ellos son los futuros cotizantes que financiarán las pensiones del futuro.
Deberían también corregirse las inequidades existentes en la financiación de las pensiones. Es injusto que uno de los banqueros más importantes de España pague a la Seguridad Social un porcentaje mucho menor que un empleado de su banco. Como también es injusto que una persona trabajadora no cualificada (que vive 10 años menos que una persona de la decila superior de renta) tenga ahora que trabajar dos años más para pagarle las pensiones a la persona que le sobrevivirá 10 años. En realidad, el incremento de la esperanza de vida se ha concentrado en los últimos 40 años en las rentas superiores, habiendo sido menor en las rentas inferiores. Estos deberían ser los temas que centraran el debate actual sobre las pensiones: la creación de empleo y sobre todo, buen empleo, y la corrección de las desigualdades en la financiación de las pensiones.