Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 14 de junio de 2013
Este artículo cuestiona el argumento de que en España nos estamos gastando más de lo que tenemos, aportando datos que demuestran su poca credibilidad.
Una de las frases que los establishments políticos, financieros y mediáticos remarcan constantemente es que “nos estamos gastando más de lo que tenemos”. De ahí que se nos diga por parte de estos establishments que hay que ser más austeros, a fin de ahorrar y devolver el dinero que habíamos pedido prestado y gastado. Hasta aquí el dogma y la sabiduría convencional repetida día tras día en los mayores medios de difusión, dogma que se promueve para justificar los recortes de gasto público y, muy en particular, del gasto público social.
Este dogma, sin embargo, carece de credibilidad. Y los que lo están promoviendo son conscientes de ello. De ahí que tengan un gran temor a que aparezcan y se escuchen voces críticas en los medios de información de mayor difusión que muestren los datos que cuestionan sus argumentos, demostrando su falsedad. Y puesto que tienen una enorme influencia sobre tales medios de información, evitan que esas voces críticas aparezcan en esos medios. En realidad, la evidencia empírica existente permite muy fácilmente señalar no solo la falsedad de esos argumentos, sino también la motivación existente detrás de los recortes. Veamos los datos, comenzando por el argumento de que no tenemos dinero para gastarnos, por ejemplo, en nuestro ya subfinanciado Estado del Bienestar.
España, incluyendo Catalunya, no es pobre. Todo lo contrario. España es ya casi tan rica como el promedio de los países de la UE-15, que es el grupo de países más ricos de la UE. Su PIB per cápita es ya el 94% del PIB per cápita promedio de la UE-15. Y Catalunya es incluso más rica: su PIB per cápita es el 110% del promedio de la UE-15. Y, sin embargo, tanto España como Catalunya se gastan mucho menos en su Estado del Bienestar que el promedio de la UE-15. El 74% en el caso de España, y el 72% en el caso de Catalunya. Es decir, el gasto público social (que incluye el gasto en transferencias públicas –como las pensiones- y en servicios públicos –como sanidad, educación, servicios sociales, entre otros-) por habitante en España y en Catalunya es sólo el 74% y el 72% del gasto público social por habitante promedio de la UE-15. En realidad, si España se gastara en su Estado del Bienestar lo que le corresponde por el nivel de riqueza que tiene, España se gastaría 66.000 millones de euros más al año, y Catalunya 19.600 millones. Este dinero existe en España y en Catalunya. Lo que ocurre es que el Estado no lo recoge. En realidad, tanto España como Catalunya tienen los ingresos al Estado (tanto central como autonómico) más bajos de la UE-15. Y ello como consecuencia de que tanto el Estado central como la Generalitat de Catalunya ingresan muy poco. Y ahí está el problema. No es, pues, que nos gastemos más de lo que, como país, tenemos, sino que ingresamos al Estado (central y Generalitat) menos de lo que tenemos. Y de esto casi nada aparece en los medios de mayor difusión. ¿Por qué?
La gran mala distribución de las rentas
La respuesta a esta pregunta que dan los medios del establishment es que la gente no quiere ni oír hablar de subir impuestos. Y de ahí el discreto silencio de los medios. Pero la evidencia existente muestra otra realidad. De hecho, la mayoría de la gente que trabaja y está en nómina ya paga impuestos a un nivel semejante (algo menos, pero no mucho menos) al promedio de la UE-15. La evidencia esta ahí para aquellos que quieran verla. Los trabajadores de la manufactura, por ejemplo, pagan un porcentaje de su sueldo en impuestos semejante a lo que paga en impuestos el trabajador de la manufactura promedio de la UE-15. Los que no pagan impuestos no son la gente normal y corriente, sino una minoría enormemente poderosa que controla los medios, en los que goza de una enorme influencia, y que deriva sus rentas de la propiedad del capital. Estamos hablando de las grandes fortunas, de las grandes empresas y de la banca, y que en España deja de pagar al Estado (central, Generalitat y otras CCAA) 44.000 millones de euros al año. Y la situación ha empeorado todavía más durante la crisis. A pesar de que teóricamente los impuestos han subido (de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno del PP para reducir el déficit), los ingresos al Estado han bajado nada menos que seis puntos del PIB, pasando del 36% al 30%. La respuesta tradicional es que este descenso de ingresos al Estado se debe al descenso de la actividad económica, lo cual es cierto, pero no es suficiente para explicar un descenso tan marcado. El descenso de la actividad económica, aún cuando ha sido muy notable, ha sido menor que la bajada de ingresos al Estado. Y puesto que la mayoría de la gente que trabaja y está en nómina ha visto aumentar sus impuestos, debe entonces preguntarse por qué no suben los ingresos al Estado. Y la respuesta es, en parte, que hay menos gente trabajando y pagando impuestos, pero otra razón es que la falta de contribución al Estado de aquella minoría que deriva sus rentas del capital ha continuado, e incluso se ha incrementado. Mientras se está recortando más y más en el Estado del Bienestar, la gente rica y súper rica está evitando, cada vez más, pagar impuestos.
Esta situación, muy clara y acentuada en los países periféricos de la Eurozona (como España, Grecia, Portugal e Irlanda), pero presente en todos los países, ha alcanzado un nivel escandaloso. Según la propia Comisión Europea (su Comisaria de Fiscalidad) cada año en la Unión Europea los Estados que la componen pierden un billón (repito, un billón, con “b”) de euros debido a la evasión y fraude fiscal, cantidad que sería más que suficiente para evitar todos los recortes en dichos países. España contribuye a esta cantidad con la friolera cantidad de 90.000 millones de euros, cantidad que, de nuevo, evitaría tener que hacer recortes. Y toda la evidencia acumulada es que la mayoría del fraude fiscal ocurre entre las grandes empresas, la banca y las grandes fortunas. Y mientras tanto se subraya en los medios que “nos gastamos más de lo que tenemos”, cuando la evidencia es abrumadora de que el problema está en que el Estado (tanto central como autonómico y local) no está recogiendo tanto como podría y debería hacerlo. Y, ¿por qué no lo hace? La respuesta es la influencia que tales sectores de la sociedad (los establishmnents financieros y de las grandes empresas) tienen sobre el Estado, tanto en sus ramas ejecutivas –el gobierno- como en la legislativa –las Cortes y los Parlamentos Autonómicos-. Así de claro. Y de ahí el enorme desprestigio y pérdida de legitimidad de las instituciones llamadas representativas. No es de extrañar que el eslogan del 15-M “no nos representan” sea compartido –según las últimas encuestas- por el 78% de la población española.
La escasa capacidad redistributiva del Estado (tanto Central como Autonómico)
Una prueba más de la enorme influencia que los establishments financieros y empresariales (de las grandes empresas) así como las clases pudientes, tienen sobre el Estado (lo que la ciudadanía suele llamar la clase política) aparece en el escasísimo impacto redistributivo del Estado en España, uno de los menos redistributivos de la UE-15- Así, las transferencias y servicios públicos reducen la pobreza en España solo 4 puntos, pasando a ser del 24% de la población a un 20%, en comparación a 8 puntos, pasando del 24% al 16% en el promedio de la UE-15 y 14 puntos, pasando del 27% al 13%, en Suecia (donde históricamente las fuerzas progresistas han sido más influyentes desde la II Guerra Mundial). Tal reducida capacidad redistributiva del Estado aparece también en Grecia, Portugal e Irlanda, países donde las fuerzas conservadoras han tenido históricamente gran influencia sobre sus Estados. En realidad, en estos países las rentas del capital han subido de una manera muy marcada a costa de las rentas del trabajo, habiendo alcanzado en España una situación nueva este año, en que las primeras ya son mayores que las segundas. Y de ello apenas se habla en los medios de mayor difusión. En su lugar, se acusa al Estado de gastarse más de lo que el país tiene. La evidencia, resumida n este artículo, muestra claramente que el país tiene tales recursos. Lo que ocurre es que aquellos que los tienen, con la ayuda de sus instrumentos políticos gobernantes, no quiere contribuir con ello al Estado tal como hace la mayoría de la población empleada en España.
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