Artículo publicado por Vicenç Navarro, cuya versión original se publicó en catalán en el diario ARA, 12 de julio de 2013
Estes artículo muestra las causas del subdesarrollo social de Catalunya.
Se mire como se mire, Catalunya está a la cola de la Europa social, con unos ingresos al estado de los más bajos de la Unión Europea de los Quince (UE-15), que es el grupo de países más desarrollados económicamente de la Unión Europea (UE). Estos ingresos de España representaban en 2009 el 35% de su PIB, un porcentaje mucho más bajo que el de Suecia (54%), que es de los países con unos ingresos al estado más elevados. No es extraño que con estos ingresos tan bajos la financiación pública de su estado del bienestar esté también muy atrasada. Su gasto en protección social, que cubre las transferencias (como las pensiones y las ayudas a las familias) y servicios públicos del estado del bienestar (como sanidad, jardines de infancia, servicios domiciliarios, servicios sociales y otros), está entre los más bajos de la UE-15. El año 2009 representó solo un 22,7% del PIB, comparado con un 30,5% en la UE-15 y un 32% en Suecia. Este escaso desarrollo de su estado, incluyendo su estado del bienestar, se refleja también en su escasa ocupación pública. Mientras que, cuando empezó la crisis, en Suecia una persona adulta de cada cuatro trabajaba en los servicios públicos (predominantemente del estado del bienestar), en Catalunya no llegaba ni a una de cada diez. La media de la UE-15 era de un 15% de la población adulta que trabajaba en los servicios públicos, incluyendo los del estado del bienestar.
Otra característica de las políticas públicas de la Generalitat de Catalunya es su limitado impacto redistributivo. Así, en el último año del que se tienen datos, el 2011, sin la intervención de la Generalitat (y del estado central), el 26% de la población en Catalunya sería pobre, un porcentaje que baja 7 puntos (hasta el 19%) después de las intervenciones del estado del bienestar. La media de la UE-15 pasa del 27% al 17% (la reducción de la pobreza es de tres puntos más que en Catalunya) y en Suecia pasa de 28% a 14% (14 puntos, el doble que en Catalunya).
¿A qué se debe esta situación de subfinanciación del estado y de escasa redistribución? Aquí las teorías abundan. Una es la de atribuir estos hechos a la articulación del estado en Catalunya con el estado español, que condiciona mucho las políticas públicas de la Generalitat. Esto es cierto en gran medida. Pero no tenemos que olvidar que gran parte de las decisiones sobre políticas públicas que afectan los ingresos al estado y su distribución son tomadas en las Cortes españolas con la participación de partidos que han gobernado Catalunya, y/o tienen representación en el Parlamento de Catalunya, que en numerosísimas ocasiones han facilitado la aprobación de estas políticas (como la reducción de los impuestos, su regresividad y los recortes de gasto público, incluida la social), con lo cual son corresponsables de estas políticas. No pueden, por lo tanto, excusar siempre esta pobreza por su ubicación en el estado español, cuando, en realidad, han aprobado leyes y han apoyado políticas públicas que han configurado el estado de la situación. En realidad, España comparte con Catalunya el hecho de ser un estado con muy pocos recursos (35% del PIB), poco gasto en protección social (22,7%) y poca ocupación pública (menos del 10% de la población adulta).
Otro argumento, en cierto modo relacionado con el anterior, es el gran desequilibrio entre la aportación de Catalunya en impuestos al Estado y la recepción de fondos de este Estado. Este desequilibrio recibe el nombre de déficit fiscal, o expolio, en terminología más belicista. Considerando la cifra máxima que se ha citado para este déficit fiscal (el 8% del PIB catalán), se puede calcular cómo sería el crecimiento del gasto en protección social en Catalunya si fuera independiente y no existiera ningún déficit fiscal. Esta situación es un poco extrema, puesto que, si la Catalunya independiente estuviera en la Unión Europea, tendría también un déficit fiscal, porque entre Catalunya y la Unión Europea habría un desequilibrio y, al ser más rica que la media de la UE (alrededor del 120% de la media), Catalunya contribuiría más a la UE de lo que recibiría. La distancia entre el país más pobre de la Unión Europea (Bulgaria) y Catalunya es mucho más grande que entre Extremadura y Catalunya. Naturalmente, la medida de este déficit fiscal dependería de la política redistributiva que se siguiera a la Unión Europea y/o en la eurozona, a las cuales Catalunya pertenecería. Ahora bien, ignorando esta observación y simplemente siguiendo las mismas prioridades que hoy aparecen en el presupuesto de la Generalitat, podemos calcular cuánto aumentaría el gasto social si no hubiera déficit fiscal con España. Pues bien, tomando los datos del inicio de la crisis, el gasto social por habitante pasaría de 5.475 unidades de poder de compra (upc, monedas estandarizadas para homologar la capacidad de compra) a 6.236 upc, que es una mejora notable, pero muy insuficiente. En realidad, Catalunya tendría que haber gastado, por el nivel de riqueza que tiene, 8.210 upc.
¿Cuál es, pues, la razón por la cual no se gasta esta cantidad? La respuesta es la misma que explica el escaso desarrollo social de España, Grecia y Portugal. Es decir, el enorme dominio que históricamente las fuerzas conservadoras han tenido en las instituciones políticas del país: cuarenta años de dictadura seguidos de un periodo democrático con gran dominio de las fuerzas conservadoras, que no han dado mucha prioridad ni al gasto social ni a la redistribución de recursos. El hecho que el Estado (incluyendo la Generalitat) sea pobre, con escasa sensibilidad social y poco redistributivo se debe primordialmente a la gran influencia de estas fuerzas conservadoras sobre el Estado, tal y como también ocurrió en los otros países mencionados. Durante la crisis actual y como resultado de esta gran influencia conservadora, en todos estos países, incluyendo Catalunya, las rentas del capital han ganado terreno muy rápidamente a expensas de las rentas del trabajo; y esto se debe a las decisiones tomadas en las Cortes españolas y en el Parlamento de Catalunya por partidos que tienen representación en el hemiciclo catalán. Por lo tanto, no se puede culpar de todo a Madrid, aunque se haga una crítica que, por cierto, yo comparto. Parte de la causa la tenemos aquí en Catalunya con la excesiva influencia que las fuerzas conservadoras catalanas han tenido sobre el estado central y sobre la Generalitat. Es decir, la causa radica también aquí dentro de Catalunya. Y de esto no se habla mucho en los medios de comunicación.
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