Article publicat per Vicenç Navarro a la columna “Pensamiento Crítico” al diari PÚBLICO, 26 d’abril de 2016.
Aquest article detalla un debat que està succeint als EUA i als països del nord d’Europa sobre la pràctica que està seguint el Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació en la seva distribució dels Papers de Panamà. En lloc de proveir-los en la seva totalitat, els van distribuint amb comptagotes i a través dels canals que ells escullen, creant la sensació que tenen temor que es coneguin no només les pràctiques il·legales d’individus, sinó també d’institucions, entre les quals la banca és un grup destacat.
Aunque usted, lector, no lo haya leído en la prensa escrita en papel en España (me estoy refiriendo a los grandes rotativos del país), hay una crítica bastante generalizada en los países de Norteamérica y del norte de Europa hacia el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) por no distribuir todo el material que se ha obtenido sobre los Papeles de Panamá. En lugar de ello, el ICIJ solo provee información con cuentagotas a medios de confianza que –según ellos- tienen que explicar cuáles son sus intereses y para qué fin desean tal información (ver artículo de Adam Johnson “Panama Papers’ Publishers Don’t Need to Sell Out WikiLeaks”, Fair, 05.04.2016). Según sus críticos, entre los que yo me incluyo, el ICIJ debería liberar toda la información, tal como hace WikiLeaks, dirigido por Julian Assange, que distribuye todos los documentos automáticamente cuando los recibe y analiza.
El argumento del ICIJ para no hacerlo es que distribuir toda la información que han recibido podría dañar a gente decente, poniéndolos a todos bajo el mismo prisma que a los indecentes. Su argumento es, pues, el de intentar proteger a las personas decentes (es decir, inocentes).
Pero tal argumento parece menospreciar al público en sí, pues este tiene ya el suficiente criterio para poder discernir al decente del indecente. Asumir que sea el mismo ICIJ el único que puede hacer tal distinción es arrogancia profesional, pues la población puede discernir ya qué es decencia y qué no lo es. Que sea el ICIJ el que insista en ser el que lo defina parece sospechoso, pues puede creerse que están ocultando una información valiosísima para fines políticos (dando más promoción a unos casos que a otros), tanto por parte del ICIJ como de los mayores medios de comunicación que canalizan dicha información, como ha sido en el caso español, conocido por la escasa credibilidad y limitadísima variedad ideológica de sus medios. Véase el informe Reuters sobre, entre otros aspectos, la credibilidad que tienen los medios en 12 países industrializados con regímenes democráticos, publicado por el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford. La población española es de las que desconfían más de los medios de información.
El debate sobre WikiLeaks y sobre el ICIJ
La distribución de todo el material liberado por WikiLeaks ha tenido un impacto enorme, incluso mayor del que WikiLeaks creía que tendría. La distribución de los documentos secretos del Pentágono y del Departamento de Estado en el año 2010 (que consiguió la soldado Chelsea Manning, hoy en prisión) mostró la gran cantidad de falsedades sobre las muertes de civiles causadas por el ejército estadounidense en su invasión de Irak. Tal información incrementó la presión para que tal ejército se retirara de Irak.
Paradójicamente el ICIJ ha criticado a WikiLeaks, indicando que tal comportamiento es irresponsable, pues puede dañar a inocentes, hecho que incluso el Pentágono ha negado que hubiera ocurrido al subrayar, en el juicio a la soldado Manning que había enviado a WikiLeaks tal material, que nadie había sido afectado negativamente o había visto su vida amenazada por la publicación de dichos papeles secretos.
La pregunta que debe hacerse al ICIJ es a quién considera tal asociación decente en el caso de los Papeles de Panamá. ¿Cuál es la necesidad que una persona decente deposite sus fondos en un lugar secreto, conocido por su laxitud fiscal? ¿No es el objetivo de tener un paraíso fiscal el esconder dinero? ¿A quién se intenta proteger? Y de ahí mi preocupación, que expresé en un artículo anterior (“Lo que no se dice ni se dirá de los papeles de Panamá”, Público, 11.04.2016). ¿A quién está intentando proteger el ICIJ? ¿Y a quién están intentando proteger los medios españoles? Parece ser que quieren proteger a la banca, que está metida en el fraude fiscal y en los paraísos fiscales hasta la médula, y de la cual depende en gran medida la viabilidad de dichos medios, todos ellos profundamente endeudados.
De ahí la importancia de la información que yo ya presenté en aquel artículo. Como decía yo, el ICIJ está financiado primordialmente por el Center for Public Integrity de EEUU, financiado a su vez por la Ford Foundation, el Carnegie Endowment, el Rockefeller Family Fund, la WK Kellog Foundation y George Soros, uno de las financieros que han hecho mayor fortuna a base de la especulación monetaria. Con el apoyo de este tipo de instituciones y de este tipo de personajes no es extraño concluir, como así hace el que fuera embajador del Reino Unido en Uzbekistán, Craig Murray, en su artículo “Corporate Media Gatekeepers Protect Western 1% from Panama Leak”, que “no espere el lector un reportaje auténtico y genuino. Los sucios secretos de las entrañas del mundo empresarial de las grandes corporaciones permanecerá desconocido”. Y así me temo pasará también en España.