Artículo publicado (versión reducida) en LE MONDE DIPLOMATIQUE. Julio 2008
Vicenç Navarro (Catedrático de Ciencia Política y de Ciencias Publicas, con la colaboración de Marta Tur y Maria Freixanet, investigadoras del programa de Políticas Públicas.
Cuando el dictador murió en 1975, España era el país de Europa (junto con Grecia y Portugal) que tenía un retraso social mayor. El gasto público social por habitante era el más bajo del continente europeo, con un enorme subdesarrollo de la educación, de la sanidad, de las pensiones, de la vivienda social y otros componentes del Estado de Bienestar que determinan la calidad de vida y el bienestar de la población, y muy en especial de las clases populares. Según las últimas cifras de Eurostat, la agencia estadística de la UE, España continua estando a la cola de la Europa social, treinta y tres años después de la muerte del dictador.
El dominio conservador en el proceso electoral
La evidencia apunta claramente a que la mayor responsabilidad de este enorme retraso social de España radica en el gran poder que las fuerzas conservadoras (tanto en su versión post-franquista como en su dimensión liberal y demócrata cristiana) han tenido y continúan teniendo en la historia de nuestro país, incluida en la época democrática. Este dominio de la esfera política se ha traducido en una Ley Electoral que discrimina el voto de las clases populares y a los partidos de izquierdas que las representan como ninguna otra ley electoral en la Europa democrática. Como han indicado los politólogos Ignacio Lago y José Ramón Montero (Todavía no sé quienes, pero ganaremos: manipulación política del sistema electoral español. Working Papers. Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad Autónoma de Madrid), el sistema electoral español es de los menos proporcionales existentes en los países democráticos. Como consecuencia de ello, existe un desfase muy marcado entre el voto popular y la distribución de los escaños en el Congreso de los Diputados. El cuadro 1 muestra cómo sumando los votos de los partidos de izquierda éstos han sido mucho mayores que los votos a los partidos de derecha (con la única excepción de 1977 y 1979, cuando las izquierdas salían de la clandestinidad y en 2000, cuando la abstención alcanzó un nivel sin precedentes (siendo predominantemente de izquierdas). El margen ha variado de 1.250.822 votos en 1996 a 2.677.061 votos en 1982. La mayoría de la población española ha votado centro-izquierda e izquierda durante todo el período democrático (salvo aquellos años). Y sin embargo, el país ha estado gobernado por las izquierdas sólo durante el período 1982-1996 y durante el período 2004-2008, cuando el PSOE gobernó con el apoyo de IU-ICV y ERC. Los demás periodos estuvo gobernada por una alianza del PSOE con la derecha catalana, CiU, y por el PP, primero en alianza con CiU, 1996-2000, y en mayoría absoluta, en 2000-2004. En realidad, el cuadro 1 muestra, pues, cómo a pesar de que la mayoría de votantes han sido de izquierdas durante la mayoría del periodo democrático, los representantes de las izquierdas no siempre han conseguido alcanzar mayorías parlamentarias, dificultando las alianzas de los partidos de izquierdas de ámbito estatal. Un caso claro han sido las últimas elecciones de marzo de este año, donde a pesar de la gran mayoría de voto de izquierdas (los votos a los partidos de izquierda sumaron 1.486.896 votos más que los votos a las derechas), el PSOE no puede sumar mayoría de escaños con IU-ICV, con lo que no habrá un gobierno PSOE + IU-ICV, un gobierno de izquierdas (que es la preferencia de la mayoría de los votantes del PSOE, así como del conjunto de voto de izquierdas, tal como las encuestas señalan).
La causa de ello es la escasa proporcionalidad del sistema electoral: IU-ICV recibió casi un millón de votos y en cambio consiguió sólo 2 escaños. El cuadro 2 muestra que hubiera conseguido 13 escaños en un sistema proporcional, que sumado a los 153 que habría conseguido el PSOE serían mayoría, puesto que las derechas en un sistema proporcional habrían tenido 157 escaños, en lugar de los 172 que obtuvieron (ver cuadro 2). Tal cuadro muestra como en un sistema proporcional, las izquierdas de ámbito estatal hubieran tenido mayoría de escaños en el Congreso y junto con las izquierdas catalanas, vascas y gallegas, habrían tenido una muy amplia mayoría durante la mayor parte del período democrático. Es más que probable que si España hubiera tenido un sistema proporcional hoy sería diferente, más equitativa, con un Estado de Bienestar más extenso, y con una redefinición de lo que es, cambiando la concepción de una España central y radial por la de una España plural, pluricéntrica y plurinacional. Como punto de referencia, valga subrayar que 30 años de políticas progresistas en Suecia (1950-1980) significaron un cambio notable, convirtiéndose en el país del mundo con un mayor y mejor Estado de Bienestar, como consecuencia de las prioridades sociales de los gobiernos social-demócratas que gobernaron durante casi todo el período en alianza con partidos de izquierda. En España, 30 años de democracia significaron un cambio notable, pero dramáticamente insuficiente. España continúa hoy a la cola de la Europa social, consecuencia de las alianzas políticas derivadas en parte del sistema electoral. En realidad, la imposibilidad de IU-ICV de establecer su propio grupo parlamentario este año es el signo de la victoria de las fuerzas conservadoras que lideraron el mal llamado “proceso modélico” de Transición de la dictadura a la democracia. La situación para IU-ICV ha debilitado enormemente a todas las izquierdas, incluyendo las sensibilidades socialdemócratas dentro del partido mayoritario de las izquierdas, el PSOE. Según las noticias de hoy (12.Junio.08) el PSOE se aliará con CiU una vez más, como ocurrió en 1993, y ello a pesar de que tanto en 1993 como en 2008 el voto de izquierdas fue mucho mayor que el voto de derechas (más de dos millones en 1993 y casi millón y medio en 2008).
Los orígenes de la ley electoral
La Ley Electoral Española se caracteriza por tomar la provincia como la unidad básica, otorgándole dos escaños como mínimo indiferentemente de la población, favoreciendo por lo tanto a aquellas partes de España – las Castillas, la Rioja y Aragón – que tienen gran número de provincias poco pobladas. Según este sistema electoral, un votante en Teruel tiene 3,5 veces más poder para elegir un escaño al Congreso que un votante de Barcelona o Madrid. La otra dimensión es la regla de Hondt, que asigna escaños de manera logística de manera que favorece el bipartidismo, discriminando a partidos de ámbito estatal que se diversifican y no se concentran, tal como IU-ICV.
El sesgo anticlase trabajadora (esta clase que se concentra en las zonas urbanas pobladas) aparece claramente al escoger la provincia como unidad base del sistema electoral y así fue reconocido por voces del estado dictatorial. Así, José Maria de Areilza, Ministro de Asuntos Exteriores durante la dictadura, comentando las deliberaciones de la comisión encargada de redactar las bases de la Ley Electoral señaló que “se ve que hay un temor a que los trabajadores se desmanden y dominen la representatividad de las cámaras. El sufragio “igualitario” les preocupa y quieren poner limitaciones a la igualdad numérica con trucos de toda especie” (Diario de un ministro de la monarquía. Editorial Planeta. Barcelona, 1977) añadiendo que todo estaba calculado “para que la derecha no perdiera el poder. ¡Y qué derecha!” Hay que agradecer la candidez de un buen conocedor de lo que ocurrió. Tal propuesta, aunque rechazada por el Consejo Nacional del Movimiento (el órgano máximo del movimiento fascista), fue más tarde aceptada por tal organismo, cuando fue de nuevo presentada por el Presidente del Segundo Gobierno de la Monarquía, el Sr. Suárez, incluyendo básicamente aquellos elementos citados. En realidad, su aceptación fue la condición puesta por tal Consejo Nacional del Movimiento para su disolución, pues tal Consejo vio esta Ley como garantía de que las derechas continuarían dominando el proceso electoral. Tal Ley fue modificada más tarde, bajando de 4 a 2 escaños y aprobándose la regla de Hondt, que diluía todavía más su proporcionalidad, aun cuando las izquierdas (y muy en especial el PCE) pidieron mayor proporcionalidad. Esta propuesta fue desatendida, siendo el PCE el más perjudicado por este sistema electoral. Tal como Herrero de Miñón, protagonista de aquel proceso, señaló recientemente, el objetivo de la Ley era marginar al PCE. Así también lo reconoció recientemente el ex-presidente Calvo Sotelo. Tales sesgos no fueron corregidos en la ley de 1987 y ello como consecuencia de que el aparato del PSOE se benefició del bipartidismo, que le favoreció como aparato, permitiéndole conseguir más escaños, pero que debilitó al conjunto de las izquierdas, incluyendo al votante del PSOE, pues dificultó que pudieran alcanzarse mayorías de izquierdas y permitirle así desarrollar su programa. Un ejemplo de ello fueron las elecciones de 1993 (después de aprobada la última versión de la Ley Electoral) en las que a pesar de que las izquierdas ganaron el voto popular, el PSOE se alió con CiU. Tal alianza PSOE-CiU reforzó las sensibilidades liberales dentro del PSOE (1993). Fue aquel año cuando Alfonso Guerra dejó la vicepresidencia y Solbes fue nombrado Ministro de Economía y Hacienda, iniciándose un gran periodo de austeridad de gasto público social, que fue continuado por Rato, Ministro de Economía con Aznar, aumentándose el déficit de gasto público social de España con el promedio de la UE-15 en un 68% (durante el período 1993-2003). Y este año 2008 vemos de nuevo como el PSOE se alía con CiU, en parte, como resultado de no poder establecer gobierno con el apoyo de IU, pronosticándose momentos de austeridad social.
Consecuencias políticas del sistema electoral: La Abstención
Este gran desfase entre el voto popular y la representatividad parlamentaria (que se acentúa todavía más en el Senado) crea un gran desánimo entre los votantes de izquierdas y centroizquierdas, que ven que su voto no se traduce en políticas públicas de izquierdas, escritas en los programas electorales de los partidos pero no desarrolladas en la práctica. Se crea así un escepticismo (cuando no un cinismo) en la población, muy acentuado entre las clases populares, hacia las direcciones de los partidos y hacia lo que se define como “clase política” que daña enormemente la calidad del proceso democrático. El sesgo conservador del sistema electoral y el bipartidismo, responsables de las limitaciones democráticas de la Ley Electoral son también responsables de la gran abstención entre tales clases populares. Un ejemplo de ello son las últimas elecciones, en que, más que trasvase de votos de partidos pequeños a partidos grandes, vimos un gran aumento de la abstención. El cuadro 3 muestra cómo la variación de la abstención es mayor que la suma de los incrementos de los dos partidos mayoritarios.
Mientras que mucho se ha escrito en los medios sobre el trasvase de votos y consiguiente polarización del voto popular, poco se ha analizado el fenómeno más importante, que ha sido la abstención de las izquierdas, mucho mayor que el trasvase de votos de partidos pequeños al PSOE o al PP.
La redefinición de España
Para entender el comportamiento electoral de la población española hay que estudiarlo, no sólo desde el punto de vista del eje izquierda-derecha sino también desde el eje nacionalismo español versus nacionalismos periféricos. Existe una relación clara entre ambos de manera que cuando se acentúa un eje se debilita el otro. Así en las últimas elecciones las derechas utilizaron el segundo eje con tal de debilitar el primero. Una vez más la defensa de la “unidad de la patria” (el famoso eslogan del estado fascista) frente a una supuesta rotura causada por los separatismos periféricos, fue el mensaje movilizador de las derechas españolas, que fue exitoso en el centro de España (Madrid, Castillas y la Rioja) y en la costa levantina (Valencia y Murcia) pero fracasó en la periferia (con la excepción de Canarias) (ver cuadro 4). Este eje nacionalismo central – nacionalismos periféricos (que ha beneficiado a las derechas y al partido de Rosa Díaz en el centro), no ha cuajado en la periferia donde las izquierdas han sumado más votos que las derechas.
Ello se debe, en parte, a que tal eje oculta otro paralelo pero distinto que es el eje: centralismo versus descentralización del Estado. El primero, el centralismo, coincide con el nacionalismo español, lo cual no ocurre con los favorables a la descentralización que es un espacio mucho más extenso que el de los nacionalismos periféricos. La gran mayoría de los que favorecen la descentralización del Estado con una visión plurinacional y poliédrica de España no son necesariamente nacionalistas periféricos. Esta distinción raramente se hace por parte de los nacionalistas españoles (sean estos de derechas o de izquierdas). El éxito del PP en el centro de España fue precisamente el identificar el centralismo con el nacionalismo español y la descentralización con los nacionalismos periféricos y la rotura de España. El éxito de las izquierdas en la periferia (“contaminadas” según los nacionalistas españoles por los nacionalismos periféricos) fue el cuestionar que el eje nacionalismo español versus periféricos fuera idéntico al eje centralización versus descentralización. Aparecieron así las dos Españas que según autores como Santos Julia (que han idealizado el proceso de Transición española definiéndola como “modélica”) habían desaparecido: La España roja en la periferia y la de derechas en el centro.
Es importante señalar, sin embargo, que incluso movilizando el nacional-catolicismo (apoyado por la movilización de la Iglesia Católica), el PP tiene un voto muy estable y que por sí mismo no le permite conseguir la mayoría parlamentaria, incluso con el sesgo muy favorable de la Ley Electoral. Que el PP gane o pierda la mayoría de escaños depende más de las izquierdas (y muy en especial de su abstención) que no de su expansión. Así el PP en 2008 consiguió muchos más votos que en 1996 (cuando ganó las elecciones y gobernó en mayoría con CiU) y que en el año 2000 (cuando ganó por mayoría absoluta). El elemento clave, por lo tanto, no es tanto el crecimiento del PP sino los descensos y abstenciones en los partidos de izquierda. El sistema político español dibuja un país cuya población es mayoritariamente de izquierdas pero sus instituciones representativas y sus órganos de Estado no traducen esta voluntad popular.
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